Uruguay: “cuestionamos las papeleras porque queremos otro modelo de desarrollo”

Ricardo Carrere es integrante de Guayubirá, la organización ambientalista que, en el Uruguay, nuclea el rechazo a las fábricas de celulosa. Esta semana estuvo en Buenos Aires, en un encuentro de la Multisectorial contra las papeleras. Carrere sostiene que en su país hay un debate silenciado, especialmente en el interior del Frente Amplio. Y advierte que en los argumentos de la industria de la celulosa –que su tecnología es la mejor, que Finlandia es el país de la contaminación cero, que van a devolver el agua al río aún más limpia que como la tomaron– hay más de construcción de los lobbies empresarios que de realidad.

–En Gualeguaychú dicen que el primer aviso de la instalación de las papeleras lo recibieron de ambientalistas uruguayos. ¿Fueron ustedes?

–Sí, a través de un grupo de compañeros de Fray Bentos.

–Creen, entonces, que las papeleras van a contaminar.

–Vemos el tema más amplio. Primero, que no son papeleras sino fábricas de celulosa; acá no van a producir un gramo de papel sino pulpa, que en todo caso se exportará para que otros hagan papel. Nosotros empezamos a trabajar el problema por la forestación, hace diez años, porque tuvo como gran impacto la extranjerización de la tierra. Y generó muy malos puestos de trabajo, un tipo de empleo que es peor que el de la ganadería.

–¿Por qué?

–Las empresas compran tierras a gran escala, arman un pequeño equipo de personal propio y tercerizan todas las tareas. Las contratistas, a su vez, tienen como único mecanismo para abaratar sus costos la mano de obra. A la gente le pagan a destajo, por árbol plantado o podado, si llueve tres días no pueden trabajar y no cobran, pero tienen que pagarle la comida al contratista. Es común que se endeuden, que queden a la orden de estas empresas. Las condiciones de vivienda son pésimas. Es trabajo semiesclavo.

–¿Cuántas hectáreas se forestaron en el Uruguay?

–Setecientas mil. Con eucaliptus y pino, que crecen en base a un gran consumo de agua. En algunas partes del país ya hay problemas por esto.

–¿En qué cambió la propiedad de la tierra?

–Una empresa forestadora norteamericana como la Weyer Haeuser era dueña, hace dos años, de 130 mil hectáreas, y siguió comprando. Botnia (la compañía finlandesa que construye la planta M’Bopicuá en Fray Bentos) tenía, un año atrás, 100 mil hectáreas; también compró más.

–¿Que opinan específicamente de las plantas? ¿Se pueden controlar?

–El problema es que son gigantescas. Son el equivalente a dos o tres grandes plantas, van a procesar en conjunto un millón 500 mil toneladas. La escala es muy importante, porque todas usan químicos.

–Las empresas aseguran que con su actual tecnología de blanqueo, la ECF, en base a dióxido de cloro, no van a causar problemas.

–El año pasado, Suecia hizo un estudio del mar Báltico, por este tema. Como las celulosas reemplazaron el cloro por dióxido de cloro, en el ‘93, se suponía que iba a bajar en el agua el nivel de dioxinas (calificadas como cancerígenas y depresoras del sistema inmunológico). Pero ¿qué encontraron? Que siguió subiendo.

–Una de las dificultades que deberíamos asumir en la Argentina es la poca capacidad de llegar con el tema a los uruguayos. El respaldo es cerrado.

–Hubo un sondeo hace dos años, el 51 por ciento estaba en contra y sólo el 39 por ciento a favor. Recién cuando preguntaban a la gente qué pasaría si el gobierno controlara, la percepción comenzaba a cambiar. Desde entonces hubo una campaña de difusión muy fuerte en ese sentido. Nosotros nos oponemos, pero no por las plantas en sí sino porque queremos otro modelo de desarrollo. Bueno, hay un debate dentro del Frente Amplio, pero que está invisibilizado por disciplina partidaria.

–Incluso más allá de las organizaciones políticas: es sorprendente ver cómo dos poblaciones que siempre estuvieron en contacto, como Gualeguaychú y Fray Bentos, ahora son impermeables.

–Y va seguir igual. En Gualeguaychú tienen todo para perder, en cambio en Fray Bentos los convencieron de que tienen mucho para ganar. Les dijeron que el turismo no va a ser afectado, que no habrá olor ni contaminación, que van a tener trabajo, que incluso van a recibir más turistas.

–En Uruguay hubo un proceso de audiencias públicas, ¿no es así?

–De derecho al pataleo. Tomaron nota de nuestras preguntas y jamás contestaron. No hubo un debate nacional, y es una discusión necesaria.

–¿Hay un equívoco en considerar a Finlandia como un país con buena calidad ambiental?

–Las universidades de Columbia y de Yale hicieron una tabla en la que Finlandia, Suecia y el Uruguay figuran entre los mejores países en base a varios indicadores. Dan un puntaje por ejemplo, por la cantidad de bosques, pero consideran bosques a la forestación. Finlandia es un país cuya tradición no es de cuidado sino de contaminación. Hizo su crecimiento de la madera y la celulosa, destruyó bosques y contaminó depósitos de agua. Después, en los ’90, con las campañas contra las plantas, tuvo que hacer mejoras. Pero es algo de los últimos años. Yo estuve en Finlandia, la gente decía “estamos mucho mejor” y es cierto, pero porque antes era terrible. En esos días hubo un lock out patronal. Con las fábricas cerradas, se estudió el lago Saimaa: en unos pocos días el agua mejoró. Y eso con procesos “no contaminantes”. Que la gente se bañe en los lagos no significa nada. En Montevideo nos bañamos en la playa y está contaminada.

–Un argumento considerado clave es que la tecnología está evaluada como la mejor por la legislación europea.

–Se hizo un convenio en Estocolmo para disminuir las dioxinas y furanos. El lobby empresarial consiguió que se dijera que la tecnología que van a utilizar aquí (ECF con dióxido de cloro) es la mejor que hay disponible. Pero no es así. El gobierno podría forzarlos a usar un procedimiento libre de cloro, pero no lo hace. Prefiere sostener que las plantas no van a contaminar. Y hay un problema agregado. Al dióxido de cloro hay que fabricarlo cerca de las fábricas de celulosa. En su elaboración también se generan dioxinas. Es decir que cerca de estas fábricas va a haber otro proceso contaminante. Y las plantas se están construyendo sin que haya todavía un estudio de impacto ambiental sobre el tema. Todo se hizo así, con la política de los hechos consumados.

Página 12, Argentina, 5-2-06