Uruguay: coalición gobernante ratifica rechazo a un TLC con Estados Unidos
Montevideo, 16 de diciembre. La coalición de izquierda Frente Amplio (FA), que gobierna en Uruguay, refrendó este domingo su rechazo a la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, desairando al presidente Tabaré Vázquez, proclive a la apertura de mercados con el gobierno de George W. Bush.
El congreso del partido oficialista “ratificó su posición contraria a la suscripción de un TLC con Estados Unidos, aceptó continuar con el Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones (TIFA, por sus siglas en inglés), supeditado a que no evolucione hacia un TLC, y reclamó estar en conocimiento pleno de todas las negociaciones”, señaló a la Afp el senador Carlos Baraibar.
Montevideo exploró la posibilidad de alcanzar ese acuerdo comercial con Washington, pero la idea naufragó en medio de reticencias de sectores de la coalición gobernante y de los socios de Uruguay en el Mercosur (Argentina, Brasil y Paraguay, mientras Venezuela tramita la adhesión plena), que no permite la negociación bilateral con terceros países.
Bajo esa escenografía Uruguay y Estados Unidos suscribieron el TIFA en enero, aunque, citando fuentes de ambos gobiernos, el semanario Búsqueda informó recientemente que las negociaciones para alcanzar un TLC continúan bajo reserva.
Otro revés para Vázquez lo constituye el apoyo unánime otorgado por el FA a la recolección de firmas para derogar la Ley de Caducidad, ratificada por la ciudadanía en 1989, que evitó juzgar las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), aunque habilita a investigar lo sucedido.
“Nuestro partido tiene una tradición muy fuerte de apoyo a la consulta plebiscitaria, y en tal sentido respalda la recolección de voluntades –para derogar la ley–”, que eventualmente se pondría a consideración de la ciudadanía durante las elecciones presidenciales de octubre de 2009.
De septiembre de 2006 a la fecha, la justicia uruguaya marcó un nuevo jalón en el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de facto, al procesar a 10 ex militares y policías, entre ellos al ex dictador Juan María Bordaberry.
Asimismo mantiene abiertos varios procesos de extradición y se apresta a decidir en breve la suerte de otro ex represor, el general retirado Gregorio Alvarez, quien presidió el país entre 1981 y 1985.
Afp