Syngenta se enfrenta a campesinos brasileños
Agricultores de Santa Teresa, Paraná, ocuparon desde hace 15 meses tierras del gigante agroalimentario en protesta por la siembra ilegal de soya y maíz transgénicos
El Poder Judicial apoya el desalojo de los inconformes, pero el Estado de Paraná los respalda, y el conflicto no cesa de crecer.
El enfrentamiento entre Syngenta y campesinos del Campamento de Terra Libre, en Santa Teresa, estado brasileño de Paraná, crece en intensidad.
El eje del debate: 120 hectáreas ubicadas en zonas protegidas del Parque Nacional de Iguazú en las que hace 15 meses se asentaron pacíficamente 120 familias de campesinos para protestar contra el plantío ilegal de maíz y soya transgénicos realizado por el gigante agroalimentario helvético.
Los campesinos brasileños afirman que Syngenta comete un crimen medioambiental y le exigen que pague la multa de medio millón de francos suizos que le impuso por esta causa el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA por sus siglas en portugués) en 2006.
Syngenta se rehúsa a pagar, afirma que sólo hacía uso experimental de tierras que les pertenecían hasta que los campesinos se las arrebataron; y exige al gobierno que expulse a los agricultores cuanto antes.
El punto de partida
En febrero del 2006, la ONG brasileña Tierra de Derechos –dedicada a temas medioambientales- denunció a Syngenta y a otra decena de empresas de menor talla ante el IBAMA por plantar soya y maíz transgénicos en las inmediaciones del Parque Nacional de Iguazú, considerado Patrimonio Natural de la Humanidad por la ONU.
Con sus acciones, Syngenta y los otros productores ponían en riesgo la biodiversidad de la zona, argumentaba la ONG.
El 14 de marzo, la denuncia se transformó en hechos.
Unos 500 integrantes de la organización no gubernamental brasileña Vía Campesina decidieron ocupar –pacíficamente- las controvertidas tierras vía un campamento al que llamaron Terra Libre.
El Estado de Paraná apoyó a los manifestantes y su gobernador, Roberto Requiao, emitió incluso un decreto –9 de noviembre del 2006- que expropiaba las tierras a Syngenta, lo que se sumó a un fallo del IBAMA, que confirmaba la violación a la Ley Federal Ambiental brasileña e imponía a Syngenta y a los otros responsables de la siembra de transgénicos una multa de 538.400 francos suizos en total.
Tras la sorpresa, Syngenta se negó a pagar y exigió al gobierno que expulsara a los invasores.
Paraná y Vía Campesina
Entrevistado vía telefónica por swissinfo, Inacio Pereira, uno de los campesinos involucrados en la ocupación, explica:
"El problema es que hay muchos intereses económicos de por medio y Syngenta es una empresa muy poderosa en Brasil, pero los campesinos y el gobierno de Paraná, hemos hecho una mancuerna muy sólida".
Pereira explicó que Vía Campesina basó legalmente la ocupación en el Artículo 10 de la Constitución Brasileña que refiere que la tierra ha de cumplir una función social y los sembradíos de transgénicos no lo hacían.
Para fortalecer nuestra lucha, dijo, buscamos el respaldo de otras ONGs internacionales, que nos han apoyado con sus firmas y la difusión del conflicto en sus países.
Además, el gobernador de Paraná, Roberto Requiao, ha estado del lado de los campesinos.
De hecho, en abril y más tarde en octubre del 2006, dos jueces estatales liberaron sentencias a favor de Syngenta y exigieron que los campesinos fueran retirados (con la fuerza pública si era necesario), pero Requiao ignoró ambos llamados.
La segunda ocasión, Requiao fue advertido de que pagaría una multa de 30.000 francos suizos por desacato si los agricultores no se retiraban antes del 3 de noviembre del 2006.
Para protegerlo, los campesinos retiraron sus campamentos el 1 de noviembre y se reinstalaron fuera del terreno de Syngenta. Ocho días más tarde, regresaron a las tierras en conflicto luego de que Requiao emitiera un decreto de expropiación para fundar un centro de investigación agrícola en el terreno en conflicto.
Según sus palabras, la Carta Magna afirma que "los estados gozan de soberanía cuando se trata de proteger al medio ambiente, combatir la contaminación y cualquier cosa que dañe a la flora y la fauna".
Syngenta difiere
Syngenta ha sido discreta de cara al conflicto. Sin embargo, Pedro Rugeroni, Presidente de Syngenta en Brasil, ha recibido todos y cada uno de los listados con firmas internacionales que respaldaban la iniciativa campesina.
Y sólo hasta que el conflicto cobró dimensiones riesgosas –ante el desacato del gobernador de Paraná a las sentencias de los jueces para desalojar a los campesinos-, el grupo suizo decidió publicar (noviembre del 2006) dos inmensos desplegados en la prensa brasileña en los que se deslindaba de cualquier crimen medioambiental y exhortaba a los agricultores a retirarse.
Esta semana, crecen los rumores de que las 120 familias podrían ser desalojadas el próximo fin de semana del campamento que establecieron.
Consultada al respecto por swissinfo, Syngenta Brasil declinó (11.06) ofrecer detalles sobre su estrategia futura y sobre las razones por las cuales no pagó la multa que le impuso el IBAMA el año pasado.
Afirmó escuetamente que Syngenta se apega a derecho y respetará siempre la legislación brasileña.
Syngenta tiene a su favor que el Tribunal de Justicia de Paraná anuló (20.04) el decreto de expropiación de sus tierras por parte del gobernador Requiao (20.04).
Y el panorama no deja de complicarse porque Requiao recibió una tercera sentencia judicial que le advierte que deberá pagar una multa personal por desacato que crece por día (ya supera los 150.000 francos suizos) si sigue apoyando a Vía Campesina. Por lo que el político tendrá que reevaluar su posición en el conflicto y darle un pronto desenlace.