Repsol es juzgada por Tribunal Permanente de los Pueblos
Al término de la sesión realizada al 16 de junio, en Madrid, el Tribunal Permanente de los Pueblos concluyó que la petrolífera española Repsol YPF es culpada por una serie de hechos que causan prejuicios a los países donde la empresa está instalada, especialmente en América Latina
El Tribunal ha escuchado diferentes testigos que han dado evidencias parecidas sobre el impacto negativo de Repsol sobre las poblaciones y los ecosistemas cercanos a los pozos y campos petroleros donde la empresa lleva a cabo sus operaciones. Un foco especial del Tribunal ha sido dado a Colombia, donde las violaciones de los derechos humanos causados por transnacionales son más fuertes.
"Especial responsabilidad tienen las empresas trasnacionales que trabajan en América, dada la obligación que tienen de respetar los derechos humanos reconocidos en los pactos internacionales aplicables en estos países, tal y como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el artículo 36 de la Carta de la Organización de Estados Americanos", resalta la declaración final de la sesión.
Según el Tribunal, existen indicios suficientes para acusar a la empresa de ser culpable de contribuir a la destrucción ambiental del planeta, incrementar el desplazamiento de poblaciones indígenas, continuar con el saqueo de recursos en los países del Sur, poner en peligro la posibilidad de las generaciones presentes y futuras de continuar viviendo de una forma digna, entre otras.
Algunos de los pedidos hechos a Repsol por el Tribunal es para restituir a las comunidades indígenas su territorio en las condiciones más parecidas que se pueda a su situación antes de su presencia; retirar toda su actividad de las zonas donde la población local lo requiera de forma inmediata; reconvertir su actividad desde la extracción, procesado y distribución de hidrocarburos, hacia las energías renovables, especialmente la eólica y la solar; respetar y cumplir los marcos internacionales de derechos humanos, lo que debería ser constatado a través de la realización de una auditoria externa.
La declaración pide aún al gobierno español que asuma las responsabilidades oportunas por las actividades de sus empresas transnacionales en otros países y obligue a las empresas transnacionales españolas a que respeten el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional del Trabajo.