Queja contra Argentina por caso La Alumbrera de Xstrata
El fiscal federal argentino Antonio Gustavo Gómez se mantiene firme en la denuncia de delitos de contaminación y otros generados a través de la explotación de La Alumbrera, la principal mina a cielo abierto de ese país y que pertenece, en 50%, al consorcio Xstrata.
Gómez presentará queja por denegación de justicia del Estado de Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 28 de marzo. En Suiza ha explicado las dificultades observadas en la administración de la justicia en su país.
“En audiencia pública presentaremos este caso que entendemos como violación a los derechos humanos por parte del Estado argentino en función de la impunidad de las causas penales de la minera La Alumbrera”, explica el procurador.
Gustavo Gómez obtuvo el respaldo en Suiza de diversas organizaciones para explicar el caso que ha seguido sobre la explotación de La Alumbrera, que relaciona con casos de contaminación desde 1998 y eventual fraude fiscal.
“Llegar a la conclusión de que en Argentina esta empresa es beneficiada con la impunidad judicial ha significado un largo proceso. Por ejemplo, en la ciudad de Catamarca, el juez federal fue destituido hace diez años y no ha sido cubierta la vacante. En esa provincia, Xstrata tiene la principal explotación minera de la República Argentina”, indica este defensor de la causa medioambientalista.
La causa penal que el fiscal considera como la más importante en el caso de La Alumbrera es la interpuesta en la provincia de Tucumán: “Allí, el juez federal que tuvo el caso los primeros seis años no hizo avance alguno y fue destituido por corrupción. El segundo juez que tomó la causa y que también demoró sus trámites renunció recientemente y desde hace 3 meses hay uno nuevo.”
Procesamiento anulado
“El gran avance en esta investigación fue el procesamiento del vicepresidente ejecutivo de la empresa Julián Rooney. Pero un fallo de un tribunal de Buenos Aires tomó la decisión de ampliar la investigación y anular el procesamiento. Un fallo arbitrario, y creo que se inscribe en el marco de la impunidad con la que las multinacionales trabajan en América Latina”.
Por otra parte, Gómez apunta al gobierno de Tucumán: “A Xstrata no se le aplica la ley penal ambiental de 1994 por sus niveles de contaminación, sino una resolución administrativa de un ministerio de tercer grado, hecha por el gobierno local para que la mina pudiera contaminar por encima de los niveles del delito ambiental. Este es el nivel de impunidad que puede manejarse en estas circunstancias, pero una ley penal no está por debajo de una norma administrativa provincial posterior y hecha cuando ya había sido iniciada la causa penal. Con esta resolución Xstrata pretende justificar que no está cometiendo un delito y que se ajusta a normas”.
Xtrata se dice en regla
Minera Alumbrera siempre ha negado firmemente las acusaciones de daños ambientales, reitera Emily Russel, de comunicaciones globales de Xstrata Copper: “En sus 15 años de operación, Minera Alumbrera nunca recibió una multa o penalidad por incumplimiento ambiental. El Sistema de Gestión Ambiental del complejo obtuvo la certificación de la Norma ISO 14001:2004 tras un proceso de auditorías externas periódicas y rigurosas pro parte de Bureau Veritas Certification”.
No obstante, queda claro que el desempeño ambiental de Alumbrera es monitoreado por las autoridades nacionales y provinciales de Catamarca y Tucumán, puestas en duda por el fiscal: “Minera Alumbrera no solamente recibe controles de las autoridades provinciales sino que ha habido estudios del efluente de Minera Alumbrera por parte del INA (Instituto Nacional del Agua) que no hicieron más que confirmar la calidad del efluente.
Russel menciona que un estudio de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenido de Argentina precisa: “Los metales pesados dan por resultado valores esperados y/o dentro de los niveles guía establecidos por la normativa en la materia…”
Un movimiento social
Lo cierto es que en Argentina, las voces de la sociedad civil y sus reclamos de transparencia en las operaciones mineras en general se hacen escuchar.
Y en ese contexto, el fiscal Gómez pone en tela de juicio el desempeño de las autoridades de su país en lo que concierne a la defensa de las comunidades que rechazan la explotación minera en sus tierras toda vez que son manos extranjeras las que se enriquecen, sin impactos positivos directos en la zona, además de la contaminación generada.
La visita a Suiza del procurador argentino coincidió con una campaña civil que demanda a las autoridades helvéticas que exijan responsabilidad directa en la defensa de derechos humanos y medio ambientales a las multinacionales que explotan tierras lejanas.
El discurso, en principio, es el mismo en Argentina, pero en ese país la voz de la población local que reclama “No a la mina” es calificada de comportamiento terrorista por las autoridades, denuncia también el fiscal.