Pueblos y derechos en Perú
La Comisión de Pueblos Andinos asegura que será aprobado el dictamen del proyecto de la Ley General de Pueblos Originarios. La misma es causa de grandes debates por los derechos y la legitimidad que presupone
La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología presidido por el congresista Carlos Cánepa La Cotera, adelantó que el próximo miércoles 18 de julio será aprobado en la ciudad de Lima, Perú el dictamen del proyecto de la nueva Ley General de Pueblos Originarios o Indígenas, Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas.
El pasado lunes sesionó el grupo de trabajo de esta comisión y fue allí donde su presidente realizó el anuncio en relación a la indefectible aprobación del proyecto que contiene 74 artículos y 12 disposiciones complementarias, transitorias y finales.
El congresista del partido Unión por el Perú señaló que este instrumento es esperado por más de 8 millones de peruanos que habitan el suelo de la costa, sierra y selva del país, por lo que exhortó a los miembros de la comisión a presentarse en la última sesión que sancionará la herramienta legal.
María Sumire, otra congresista, en referencia a la ley intervino en la sesión con motivo de mostrar las diversas discrepancias con los artículos redactados en el proyecto.
Así mismo, las organizaciones integrantes de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería -CONACAMI-PERU viene expresando desde hace tiempo su rechazó a esta ley por considerar que no ha habido una consulta real a los miembros de las comunidades, desconociendo las propuestas de las organizaciones sociales.
Las comunidades campesinas y nativas asumen el reclamo de sus derechos preexistentes a la formación del Estado, como son el derecho al territorio y al uso y aprovechamiento de los recursos naturales, que según sus declaraciones, las autoridades no han garantizado.
También aseguran que formular una nueva Ley de Comunidades Campesinas en el marco de la actual Constitución, aprobada por el corrupto gobierno fujimontesinista, es avalar la violación de sus derechos que ya fueron disminuidos para favorecer a la industria extractiva.
Cánepa La Cotera por su parte sentenció: “No podemos seguir difiriendo el debate de este importante y trascendente proyecto, cuyo articulado fue publicado durante varios meses en el Portal del Congreso. El miércoles será aprobado el proyecto en forma global, por lo que exhorto a los miembros de esta comisión a traer sus objeciones por escrito para facilitar la sanción definitiva de esta iniciativa”.
La Comisión lleva aprobados 5 artículos del proyecto de ley de pueblos originarios, entre los cuales se encuentra el que otorga el derecho a las comunidades nativas y campesinas a utilizar los recursos naturales, a la propiedad intelectual y de conocimientos colectivos, al desarrollo sostenible y a la participación política.
De igual modo, aprobó el dictamen recaído en el proyecto. Allí propone una ley de traducción y difusión de las leyes en idiomas oficiales que tengan real incidencia en los pueblos originarios e indígenas del Perú. Además se sugiere la redacción de una ley para la preservación y uso de las lenguas originarias del país.
En este contexto legislativo, existe asimismo un proyecto de ley que modifica y amplía la Ley nº 28736 de protección a los pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial. El mismo esta disposición de la Comisión Permanente para ser debatido.
Por otro lado la Comisión de Pueblos Andinos dio su visto bueno a la petición formulada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, luego de dos viajes de inspección: uno al río Corrientes, Iquitos; y otro a las instalaciones del proyecto Camisea, para que se declare en emergencia la cuenca del Río Corrientes (Loreto) ya que su alto grado de contaminación perjudica a las comunidades ashuares.
En lo que va del año la citada Comisión dictaminó 26 proyectos de ley de los cuales 3 se convirtieron en ley. Una de ellas modifica la regulación de la transferencia de la madera decomisada por la autoridad forestal, con el objetivo de destinarla a la mejora de la infraestructura de los centros educativos.
Otra de la leyes aprobadas transforma la ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que tiene como propósito autorizar a quienes tienen responsabilidad en la gestión de los diferentes sectores públicos, a declarar estado de emergencia cuando se obtengan indicios razonables de un evento que pueda poner en riesgo la salud y la integridad física de la población.
Por último, se logró la aprobación del dictamen recaído en el proyecto que plantea incluir a los representantes de las comunidades campesinas y nativas en la Comisión Nacional de protección al acceso a la biodiversidad y a los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas.