Protesta nativa y desastre ecológico destacan en Perú
Una protesta amazónica y un desastre ecológico en los Andes, coinciden hoy con los reclamos nativos contra las observaciones presidenciales a una ley que obliga a consultarles sobre decisiones que les afecten
Un contingente de la etnia matsés, de la Amazonía peruana colindante con Brasil, llegaron a Iquitos, principal ciudad selvática, para exigir el retiro de sus tierras de la transnacional petrolera canadiense Pacific Stratus Energy S.A.
El presidente de la Federación Matsés, Angel Uaki, dijo que las operaciones de exploración petrolífera que se apresta a iniciar la empresa en un millón de hecáreas de jungla pertenecientes a su etnia y concedidas por el gobierno, contaminarán el hábitat de los originarios.
Uaqui demandó al gobierno planificar el desarrollo del país con estrategias que no pongan en riesgo la vida de los pueblos indígenas.
"Queremos que nuestras aguas y nuestras tierras estén limpias para que nuestros hijos crezcan sanos", añadió, a tiempo de reclamar que el Estado respete esa determinación y disponga el retiro de la transnacional.
El presidente de la Organización Indígena del Oriente, Edwin Vásquez, criticó al gobierno por haber entregado las tierras sin consultar a la comunidad y pese a que ésta comunicó al Ejecutivo su rechazo.
Entretanto, la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP) aguarda una respuesta a su invitación al relator de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, a fin que visite Perú e interceda por la aprobación de la Ley de Consulta Previa.
La norma, aprobada por amplio consenso parlamentario, fue observada por el presidente Alan García, que exige una serie de modificaciones que, según AIDESEP y expertos en la materia, desnaturaliza la norma destinada a que las comunidades sean consultadas sobre las decisiones políticas, económicas y administrativas que los afecten.
La ley fue aprobada tras un proceso de diálogo y concertación con los indígenas, abierto luego de la gran protesta indígena de 2009, que tuvo un saldo de 34 policías y civiles muertos y reclamó el derecho a la consulta, entre otros reclamos de defensa del hábitat.
El presidente de AIDESEP, Alberto Pizango -quien dirigió la protesta del año pasado-, dijo que la actitud del presidente contra la Ley de Consulta es racista y discriminadora que provoca conflictos.
Según Pizango, al observar la norma y abrir un nuevo debate en el Congreso de la República, el gobierno busca ganar tiempo para tener las manos libres a fin de seguir entregando terrenos a empresas petroleras y mineras sin consulta a los nativos.
Javier Mujica, asesor de la organización, apuntó que el virtual veto presidencial a la ley retrotrae la situación de los nativos a la etapa previa a los graves incidentes de hace un año, que dejaron 34 muertos.
Entretanto, autoridades ambientales y agricultores de la provincia de Angaraes, en la región centro andina de Huancavelica, denunciaron la grave contaminación causada por la rotura del dique de un reservorio de desechos químicos de la empresa minera Caudalosa.
Los informes precisan que un total de 450 toneladas de desechos se derramaron, matando peces y poniendo en peligro al ganado y los cultivos en el trayecto del río Escalera, que alimenta los ríos Totorapampa y Opamayo, en un área de influencia en la que viven 30 mil familias.
Entretanto, en la Samamuro, a orillas del río Marañón, tributario del Amazonas, los moradores denunciaron la gravedad de un reciente derrame de petróleo de la transnacional Pluspetrol y dijeron haber encontrado peces envenenados por haber ingerido crudo.