Perú: represa de Inambari, una bomba de tiempo
"A partir de acá, estaríamos bajo el agua", dice Aldo Santos, funcionario de Servicios Educativos Rurales (SER), organización no gubernamental que trabaja en la región surandina de Puno, mientras el vehículo avanza por la vía Interoceánica Sur y deja el poblado de San Gabán, en la provincia puneña de Carabaya
Desde Puno,
"A partir de acá, estaríamos bajo el agua", dice Aldo Santos, funcionario de Servicios Educativos Rurales (SER), organización no gubernamental que trabaja en la región surandina de Puno, mientras el vehículo avanza por la vía Interoceánica Sur y deja el poblado de San Gabán, en la provincia puneña de Carabaya.
La carretera, que une el estado brasileño de Acre con los puertos del sur del Perú, por tramos exhibe un asfalto casi reluciente y por otros sólo una ruta afirmada. La maquinaria pesada sigue trabajando en sus bordes.
La visión futurista de una zona sumergida a la que alude Santos es la que sobrevendría luego de construida la hidroeléctrica de Inambari, un proyecto que crearía un embalse de 410 km² en el río del mismo nombre.
La gran represa estaría ubicada en la confluencia de los departamentos de Cusco, Puno y Madre de Dios y produciría 2000 MW de energía eléctrica, que en un 75% se irían hacia Brasil, como parte del Acuerdo Energético suscrito entre este país y Perú en junio pasado. El acuerdo supone la construcción de al menos seis centrales hidroeléctricas en el Perú, las que estarán administradas por empresas brasileñas por 30 años; el Estado peruano, en virtud del tratado, deberá vender la energía excedente a Brasil.
La inversión en la hidroeléctrica de Inambari es de unos US$4 millardos y el conflicto social de varios decibeles.
Puerto Manoa, en la provincia puneña de Carabaya, es uno del más de medio centenar de centros poblados que quedarían sumergidos. Víctor Alarcón, presidente de las Rondas Campesinas de la zona, suena rotundo: "Defenderemos nuestro pueblo con nuestra vida. Nosotros vivimos y trabajamos acá".
En efecto, el megaembalse, por sus dimensiones, inundaría unas 46,000 Ha, provocaría el desplazamiento de más de 15,000 personas y, más aún, dejaría bajo el agua más de 100 km de la mencionada carretera Interoceánica, que increíblemente se sigue construyendo, como si no pasara nada.
En suma, cambiaría todo el ecosistema que constituye la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja-Sonene, famoso en el mundo por su altísima biodiversidad y catalogado por Nacional Geographic Society como uno de los lugares naturales más emblemáticos del mundo. El impacto de la hidroeléctrica aparece, claramente, como desmedido.
Organizaciones como la Asociación Civil Labor y ProNaturaleza han alertado sobre las condiciones desiguales de negociación entre Brasil y Perú para la construcción de la represa, en la que el Perú "asumiría la mayor parte de los costos, los riesgos y las incertidumbres económicas, sociales y ambientales del proyecto, sin una clara participación en sus beneficios y bajo la amenaza de una enajenación efectiva de recursos que pertenecen al patrimonio nacional, por parte de agentes extranjeros".
Zona de impacto
Uno de los argumentos para defender el proyecto que se alza desde el Ejecutivo peruano y la Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur (EGASUR), de capitales brasileños y a cargo de la concesión, es que se trata de una zona ya impactada. Cierto, no es un área intocada, ni mucho menos, y sus habitantes tampoco son indígenas amazónicos.
Son más bien, como recuerda Santos, migrantes de la parte alta de la región Puno, que se instalaron en la parte baja en busca de tierras cultivables. Llevan allí alrededor de 50 años y se dedican principalmente a la siembra de cacao, piña, plátano, yuca. También, en menor escala, a la pesca y a la extracción artesanal de oro en el lecho del río Inambari.
No se puede decir, entonces, que sea una zona conservada, pero el problema, como señalan SER y otras organizaciones, es que el megaproyecto terminará de impactar una zona ya afectada. Las consecuencias en cadena se esperan por una serie de razones sociales y ambientales.
Cerca del proyectado fin del embalse, por citar uno de los riesgos, se encuentra Mazuko, entrada a la zona de Huaypetue, en Madre de Dios, uno de los lugares más depredados de toda la Amazonia peruana debido a la extracción informal de oro. Ante el movimiento masivo de gente, no se descarta que parte de los desplazados incrementen esta actividad nociva e ilegal.
"No nos han explicado bien qué vamos a hacer cuando nos vayamos", apunta Olga Cutida, presidenta del Comité de Lucha de Inambari. Según ella, el ofrecimiento de la empresa consiste en ofrecerles una nueva casa, cómoda, en la vecina región Cusco, pero no hay claridad en torno a qué actividad se van a dedicar, una vez que se hayan mudado.
Fuentes de EGASUR señalan que los desplazados participarían en la construcción de la represa, que requeriría la mano de obra de unas 4,000 personas o más, durante unos cuatro a cinco años. Por añadidura, el movimiento que generaría el megaproyecto incrementaría el comercio, algo que es visto con interés por algunos pequeños empresarios de Mazuko.
Sin embargo, la ecuación final, de acuerdo con los especialistas del SER y otras entidades, es muy riesgosa: más impacto en un ecosistema ya impactado, más desplazamiento de personas, incremento de las actividades informales, efectos en la ictiofauna de los ríos, ya de por sí escasa. Con el añadido del despilfarro que implicaría inundar la Interoceánica: buena parte de ese arduo trabajo para abrir y asfaltar la carretera tendría que volverse a hacer en otro lado. Esto, por si no fuera poco, podría generar un conflicto entre la región Puno, que ya contaba con esta vía, y Cusco, por donde iría el nuevo trazo.
Epicentro de la resistencia
En Puerto Manoa, que parece el epicentro de la resistencia, la oposición al proyecto es cerrada; se lee en carteles que dicen "No a la represa de Inambari". En la mayoría de pueblos que serán sumergidos la situación es similar, no así en los pueblos fuera del embalse, donde las opiniones están divididas y donde la empresa ha comenzado a actuar.
EGASUR debe lograr la licencia social mientras dure su concesión temporal, que expira este año. Para ello, debe hacer talleres en las zonas impactadas, lo que ha sido imposible en los lugares donde la posibilidad de que se haga la represa es absolutamente inaceptable. Sencillamente no se les deja pasar.
Mientras la tensión crece en la zona, quienes están a favor de la hidroeléctrica consideran que el proyecto debe seguir adelante por una razón: implica mejorar las relaciones con Brasil, país al que iría la mayor parte de la energía producida en Inambari.
La razón por la que la potencia emergente, además, necesita ese flujo energético ha sido bien precisada en el libro "Amazonia Peruana en 2021", de Marc Dourojeanni, Alberto Barandiarán y Diego Dourojeanni, publicado el año pasado. Según el informe, esto se debe a "la creciente demanda insatisfecha de este país de 200 millones de habitantes, considerablemente industrializado, que ya ha agotado sus posibilidades técnicas y ambientales".
Para el abogado Mariano Castro, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), la falta de consulta, la velocidad con que se ha firmado el acuerdo energético y se ha comenzado a empujar Inambari, es inadecuada. Tan veloz que no parece tener en cuenta la bomba de tiempo social que late en el lugar de los hechos.