Perú: piden cierre de minera y expulsión de petrolera del país
Organizaciones indígenas y representantes políticos, pidieron sanciones drásticas contra la empresa petrolera Pluspetrol y la minera Caudalosa Chica, acusadas de provocar “daños criminales” contra comunidades indígenas y medio ambiente
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) exigió una sanción penal contra la argentina Pluspetrol, empresa que ha reportado 78 derrames de petróleo en cuatro años en la amazonia contaminando el agua de consumo humano con sustancias que dañan gravemente el sistema ecológico.
La empresa lleva 20 años contaminando parajes de la selva, todo un récord histórico que ensombrece al país de Maradona, según reporta el semanario Hildebrandt en sus trece.
Por su parte, la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) demandó el cierre definitivo de la minera Caudalosa Chica, por provocar un “atentado criminal contra el río Opomayo, en Huancavelica, que fue contaminado por un alud de 500 toneladas métricas de relaves mineros, afectando a las poblaciones cercanas”.
Mientras que, los congresistas Víctor Isla y Miró Ruiz, demandarán penalmente ante la Fiscalía de la Nación a las empresas que provocaron el derrame de petróleo en Loreto y el relave en la sierra de Huancavelica.
Ambos se amparan en el artículo 286 del Código Penal referido a la contaminación de aguas o sustancias destinadas al consumo, norma según la cual “el que envenena, contamina o adultera aguas o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al consumo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de diez años”.
La pena contempla también que si resultan lesiones graves o muerte y el agente (en estos casos los propietarios de las empresas Pluspetrol) pudo prever estos resultados, la pena será no menor de diez ni mayor de veinte años.
Como se recuerda, al menos 300 barriles de crudo se derramaron en el río Marañón de una barcaza que brindaba servicios a la empresa Pluspetrol Norte.
La comunidad de Santa Rita de Castilla, al igual que otras ubicadas en el cauce del Marañón, utiliza las aguas del río para consumo.
Según un análisis de laboratorio a cargo de especialistas del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP), las muestras de agua recogidas del lugar evidencian una contaminación alta.
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) acusó también a la empresa minera Caudalosa Chica de cometer un “atentado criminal” tras denunciar que la minera “no alertó” a la población, “poniendo en serio peligro la vida de hombres, animales y sembríos que consumen las aguas de los ríos para su superviviencia”.