Perú: petróleo: el demonio de los empobrecidos de la selva
Desde hace 35 años los pueblos indígenas y comunidades de la selva peruana coexisten con el lado infernal de la “moderna” industria petrolera
Por un lado, ha financiado el enriquecimiento de la clase política, el aparato avasallador de los operadores de la republica y la hegemonía de las transnacionales; por otro lado, ha empobrecido a los pobladores de la selva a partir de los graves daños ocasionados al bosque y atropellos de derechos humanos.
Estos acontecimientos constituyen abominables formas de agresión y genocidio ante la mirada alegre del Estado; cuyo tratamiento se evidencia con la actitud indiferente ante la grave situación de salud y alimentación de los pobladores indígenas del río corrientes en Loreto.
Ante estas desastrosas y egocéntricas formas de plantear el desarrollo del país desde la explotación de los recursos naturales - patrimonio de la nación los pueblos afectados están construyendo una digna y respetable resistencia social contra el “infierno petrolero” orientada a proteger su principal fuente de vida: el bosque.
Entendemos que el Estado accede a las empresas petroleras en una situación de “.mendigos sentados en banco de oro” y lo defiende atropellando con la fuerza castrense al fin supremo de toda sociedad: la persona humana.
Durante los primeros 15 días del presente mes he tenido la inmensa fortuna de escuchar la voz de la mayoría de los pobladores del alto Putumayo, río Yubineto y tributarios cuyas cabeceras proveedoras de aguas limpias y hábitat de especies que sostiene la continuidad de los pueblos fueron entregadas a Petrobras con fines de explotación y exploración de hidrocarburos mediante el contrato que adjudica el lote 117 ubicado en la selva norte frontera con Ecuador y Colombia.
Las palabras de los descontentos pobladores tienen estos atributos:
“No aceptaremos ninguna actividad petrolera en nuestros territorios, proveedora de vida, hasta que el Estado y las Empresas petroleras hayan remediado los graves daños ambientales y humanos ocasionados en la Selva y que hoy son deudas que está empobreciendo y postergando el derecho al bienestar de tantos pueblos y comunidades”.
“La concesión del lote 117 a Petrobras no fue consultado a los pueblos indígenas y comunidades que vivimos de estas tierras. Y reconfirma el espíritu de exclusión y falta de respeto que siempre el Estado ha practicado y zanjaron inequidades sociales, desencuentros y subdesarrollo.
Estas contradicciones ofuscan nuestra historia de libertades proclamadas y abdica la soberanía de la nación a los grandes intereses económicos”.
“No hay un solo lugar donde El Estado y las Empresas petroleras dejaron constancia de una actividad respetuosa del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas y comunidades. Entonces, las consiguientes actividades tendrán los mismos resultados. Dejaron pobreza y postergación prolongada”.
“Entonces la historia proclama el establecimiento de una moratoria en la actividad petrolera hasta encontrar el cambio a nivel de ‘pensamiento, teoría y legislación’ de los operadores del Estado. El contexto convoca las fuerzas de la nación salvar al país de su rumbo hacia el colapso”.
Finalmente, la Organización Indígena Secoya del Perú, Federación Indígena Kichwa del Alto Putumayo - Intiruna y las comunidades adyacentes al lote 117, concluyeron:
“Formamos eslabones de una resistencia social solidaria y justa para el bien de todos. Ante la fuerza coercitiva y manipuladora del Estado, que es una vergüenza, está la verdad y los sueños inquebrantables de los pueblos marginados y que hoy reestablecieron sus deberes y derechos”.
Jorge Pérez Rubio es un dirigente indígena de la Organización Regional Aidesep Iquitos