Perú: paralización contra minera
Con una plataforma de 11 reivindicaciones, las populaciones de las provincias de Ayabaca, Huancabamba, Morropón, San Ignacio y Jaén dieron comienzo, el último lunes, a una paralización de 48 horas en protesta contra el proyecto minero Río Blanco desarrollado por la empresa Majaz, que opera en el distrito piurano de Carmen de la Frontera, y que causará el desalojo de los campesinos habitantes de esas regiones
Las calles fueron bloqueadas para impedir la normalidad del tránsito y cerca de 100 manifestantes se reunieron en la Plaza de Armas, de Huancabamba, para una marcha de protesta por las calles de la ciudad.
Entre las reivindicaciones se encuentran: la conclusión de las investigaciones y sanciones por la muerte de dos personas durante una marcha de protesta; garantías para que la comisión de Derechos Humanos investigue esas muertes; el pronunciamiento de los candidatos a la presidencia Alan García (Apra) y Ollanta Humala (UPP) sobre el proyecto minero Río Blanco; la renuncia del procurador Félix Toledo; la nulidad del proceso penal iniciado en septiembre pasado contra 110 habitantes de Huancabamba, Ayabaca (Piura) y San Ignacio (Cajamarca).
Los habitantes exigen también la realización de una consulta popular para decidir los destinos de la explotación minera en la región. El Frente de Desarrollo Sustentable de la Frontera Norte está articulando junto con las autoridades provinciales de Piura y Cajamarca la realización de esa consulta. Según informaciones de la prensa peruana, el alcalde de San Ignacio, Carlos Martínez Solano, dijo que el referendo será realizado con o sin la autorización del ejecutivo.
Solano garantizó que la presencia de la empresa en la región es ilegal porque sus prácticas y presencia nunca fueron aceptadas por la población local. Por esa razón, los municipios ordenaron y convocaron la realización de una consulta popular. El alcalde espera que "el Estado la reconozca (la orden para el referendo) y consulte al pueblo, que es soberano para elegir el modelo para su propio desarrollo". La consulta estaría precedida de informaciones para que la populación pueda decidir y participar de manera libre y espontánea sobre su territorio.
Según la prensa, el asesor del Frente, Quique Rodríguez, acusó a la empresa Majaz de usar a la Policía para obligar a la población a firmar la autorización para la realización del proyecto, aunque la mayoría de los habitantes lo repudie. Él criticó además a los representantes del Ministerio de Energía y Minas (MEM) que se retiraron unilateralmente de la conversación realizada para resolver el conflicto. De acuerdo con Rodríguez, esa decisión trunca un proceso que había obtenido avances para verificar la ilegalidad de la Majaz y la constatación de la sistemática violación de derechos por la policía nacional y por miembros de la Majaz.
Traducción: moc.liamg@leinad.setnarrab