Perú: minerías amenazan y persiguen ambientalistas
La Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami) denuncia, en comunicado, ante la opinión pública nacional e internacional la persecución y amenazas que vienen sufriendo los dirigentes comunales, líderes regionales, y defensores del Medio Ambiente de todo el país
De acuerdo con la entidad, hasta la fecha se tienen registrados más de 600 dirigentes y comuneros que están siendo injustamente investigados y procesados.
Conacami afirma que las personas solamente se está juzgando "por el único motivo de defender la vida, la salud, el agua, su territorio, un ambiente saludable y el futuro de nuestros hijos, y no permitir la contaminación indiscriminada por parte de las empresas mineras".
El comunicado agrega que en estas luchas perdieron la vida varios líderes sociales, como José Llajahuanca Adriánzen, Juan Montenegro Lingán, Godofredo García Baca, Remberto Herrera Racho, Melanio García Gonzales, Carlos Guillén y Edmundo Becerra Cortina.
"Nos solidarizamos ante los recientes hechos de reglaje y persecución en Cajamarca, con la ONG Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides) y el padre Marco Antonio Arana, por lo que exigimos a las autoridades una exhaustiva investigación para determinar los verdaderos responsables intelectuales y ejecutores de las persecuciones de toda índole de las cuales son víctimas centenares de dirigentes y líderes de las regiones afectadas por la minería".
La Confederación pide al Gobierno central la creación de una autoridad autónoma e independiente para una verdadera fiscalización a las empresas mineras por sus actividades de exploración y explotación de los recursos naturales, una indemnización por los daños causados hasta el momento y el respeto por parte de las empresas transnacionales a la legislación peruana y los convenios internacionales.
Según Conacami, el Estado tiene la obligación de defender la vida de los ciudadanos, salvaguardar la libertad de opinión y el derecho a la intimidad y por ello proteger a los líderes ambientalistas que por su labor pueden ser objeto de hostigamiento y agresiones como ocurre hoy.
"Por ello responsabilizamos al Gobierno central ante cualquier atentado físico contra los derechos a la vida, a la integridad física, moral y psicológica que pudiera ocurrir contra nuestros líderes y dirigentes sociales", finalizó.