Perú: defensora pide anular decretos de Alan por inconstitucionales
La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, calificó ayer de inconstitucionales los decretos de urgencia 001 y 002-11, emitidos por el gobierno para la concesión-privatización acelerada de 33 proyectos de infraestructura estratégica del país, aconsejó al Ejecutivo que los deje sin efecto y pidió al Congreso que los revise
Merino aconsejó al gobierno que deje sin efecto los decretos y exhortó a los congresistas a que “ejerzan su responsabilidad y su función constitucional de control” de los mismos y dijo que la Defensoría del Pueblo está en disposición de apoyarlos en esa tarea.
Se sumó así a los reclamos de los candidatos presidenciales Ollanta Humala y Alejandro Toledo, a los representantes de las Fuerzas Armadas y organizaciones como la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Federación Nacional de Trabajadores Azucareros, la Federación Nacional de Trabajadores de Enapu (FENTENAPU) y el Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal (SUTESAL), que exigieron la derogatoria de los cuestionados decretos y anunciaron una marcha para el 9 de este mes.
“Los decretos de urgencia (…) no justifican su excepcionalidad y necesidad, y tampoco se señala qué daños irreparables se ocasionarían de no emitirse estas normas. Por consiguiente, al no haber justificado su excepcionalidad y necesidad, los referidos decretos de urgencia serían inconstitucionales por la forma”, dijo Merino al ser consultada por La Primera.
La defensora explicó que, de acuerdo a las disposiciones de los decretos 001 y 002, la certificación ambiental, por ejemplo, ya no será un requisito previo para la obtención de las autorizaciones administrativas de las autoridades competentes. “Por consiguiente, el estudio de impacto ambiental puede convertirse en una mera formalidad, lo cual es inaceptable para la Defensoría del Pueblo”, aseveró.
Al presentar ejemplos de las consecuencias negativas de estos decretos para el desarrollo del país, indicó que para la obtención de una licencia de uso de agua y concesiones definitivas para la generación de energía hidroeléctrica, la certificación ambiental ya no será un requisito previo.
Lamentó al respecto que los decretos no tengan en consideración el informe de diciembre de la Defensoría que señaló que de los 246 conflictos reportados, aproximadamente el 30% está vinculado al manejo de recursos hídricos.
Los citados decretos declaran de necesidad nacional y de ejecución prioritaria por parte de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), 33 proyectos que incluyen puertos, aeropuertos, carreteras, gasoductos, y hasta redes de banda ancha y fibra óptica en todo el país.
Estos decretos motivaron de inmediato fuertes sospechas de corrupción, porque pretenden apurar grandes negocios mediante privatizaciones apuradas y sin ningún control, de parte de un gobierno que está de salida.
Amazonía en riesgo
Merino expresó también que existe una enorme preocupación por el desarrollo de proyectos que se desarrollarían en el ámbito de la Amazonía, en base a estos decretos, como carreteras, proyectos energéticos y la navegabilidad fluvial de la ruta Yurimaguas-Iquitos-Brasil; además de la imprecisión en la redacción de dichos decretos, como en el proyecto que se refiere a “energía de Nuevas Centrales Hidroeléctricas”, que no permite establecer a qué proyectos se refiere.
Iván Lanegra Quispe, defensor adjunto del Medio Ambiente y Pueblos Indígenas, dijo que hay determinadas autorizaciones administrativas que necesitan obligatoriamente, por sus efectos en la población, el estudio de impacto ambiental. “Al eliminarse esa exigencia previa (estudio de impacto ambiental), ésta recién va pasar a una etapa posterior de la realización de cualquier megaproyecto, en la cual la capacidad del Estado de poder hacer ajustes será limitada”, manifestó.
Merino dijo que la Defensoría del Pueblo cree firmemente que la inversión económica en nuestro país contribuye a impulsar su desarrollo, pero que ésta debe ser respetuosa de los derechos fundamentales y del interés público.