Perú: consulta popular va a decidir sobre explotación minera
El día 16 de septiembre de 2007, las poblaciones de los municipios de El Carmen de la Frontera, Ayabaca y Huancabamba (región de Piura) realizarán una consulta pública para decidir sobre el destino de las compañías mineras, cuya presencia en sus territorios hace años causa problemas ambientales y de salud a los habitantes locales
Una investigación realizada en julio de este año, por la Universidad Nacional de Piura, con la población piurana, presentó números en los que más de la mitad de los habitantes de la región (51,3%) desaprueban el desarrollo de actividades mineras en el área, y el 38.7% lo apoya. La misma investigación reveló además que el 51,9% de la población entrevistada considera imposible la convivencia entre la actividad minera y la agricultura en la región.
Cuando la encuesta de opinión fue realizada sólo con la población de dos de los tres municipios afectados: Ayabaca y El Carmen, y no en toda la región, el repudio a la presencia de las compañías mineras es todavía mayor. Números del Frente por el Desarrollo Sustentable de la Frontera Norte de Perú (FDSFNP) muestran que en Ayabaca el 89.6% de la población está en contra de la actividad minera, y sólo el 7,9% está a favor. En El Carmen de la Frontera, el 86.2% está en contra de las actividades de las compañías mineras en la región, mientras que sólo el 10,1% está a favor.
Para el asesor en temas de minería y comunidades, Luis Vittor, la realización de la consulta será hecha porque el "diálogo con el poder central está truncado por la falta de voluntad política del gobierno para resolver un conflicto minero, en el cual la razón y la ley están del lado de las comunidades; es difícil el desafío de apostar al ejercicio del poder local para encontrar salidas pacíficas y democráticas a los conflictos".
La participación ciudadana en Perú es un derecho reconocido por la Constitución. Los municipios de Ayabaca, El Carmen y Pacaipampa emitieron órdenes municipales que "establecen la consulta vecinal como mecanismo de participación ciudadana" y concordaron en convocar a una consulta en sus municipios para que el pueblo pueda expresarse sobre el desarrollo de las actividades mineras en la región.
El gobierno central, sin embargo, avisó que el resultado de las consultas municipales no es vinculante legalmente, o sea: en el caso que la consulta popular determine el fin de la explotación minera en la región, el gobierno no tiene que acatar la decisión. Pero los municipios organizadores esperan que la participación de más de 25 mil electores y la presencia de observadores nacionales e internacionales certifiquen la transparencia y objetividad de la consulta vecinal.
"Las comunidades y pueblos de Piura apuestan al derecho y a la democracia. En esta perspectiva, la consulta vecinal constituye la esperanza de que les devuelvan la tranquilidad y la seguridad en sus territorios; y también la esperanza de miles de comunidades que aspiran a solucionar conflictos mineros validando mecanismos de participación ciudadana", afirma, en un texto sobre el asunto, Luis Vittor.
La consulta popular, que ya es usada por los movimientos sociales latinoamericanos desde 2002 en el propio Perú, es un instrumento de expresión democrática de protesta y propuesta. Desde 2003, las comunidades peruanas vienen denunciando que la presencia de las compañías mineras en sus tierras es ilegal, pues sólo posee la autorización de algunos miembros de las juntas directivas comunales y no el voto aprobatorio de 2/3 (dos tercios) de la asamblea comunal como exige la ley peruana.
El año pasado, esa exigencia fue confirmada por la Defensoría del Pueblo, en un informe público. En febrero de este año, las comunidades denunciaron esa violación de sus derechos ante el poder judicial local.
Traducción: moc.liamg@leinad.setnarrab