Perú: con Decreto, García impulsa ‘Ley de la Selva'
Por esta ley podrán darse concesiones de hasta 40 mil hectáreas a empresas privadas durante cuarenta años renovables.Como siempre, la madera es aprovechada por pocos. La Ley de la Selva y su copia no hacen variar este panorama
El proyecto de ley 840, presentado por el Ejecutivo y estancado en el Pleno desde finales de marzo por la controversia suscitada, puede seguir congelado en los pasillos del Parlamento hasta que lo cubra el polvo. Su aprobación –o no– ya es absolutamente intrascendente porque el fin que el gobierno perseguía con esa norma, más conocida como la "Ley de la Selva", ya lo ha alcanzado –por la vía rápida– gracias al decreto legislativo 1090, que pone en vigor la nueva "Ley Forestal y de Fauna Silvestre".
Ambas normas aparentemente no tienen algo que ver, pero un detenido análisis permite vislumbrar la conexión entre las dos. La nueva ley ya sacó ampollas.
Según el congresista por Ucayali Róger Nájar (UPP), esa norma "abre las puertas para la inversión de transnacionales en la Amazonía". Pero la mencionada relación entre los textos legales la explica el propio decreto legislativo, cuyo artículo 6 especifica que solo las tierras "cuya capacidad de uso mayor sea de protección forestal" forman parte del Patrimonio Nacional Forestal.
Es decir, según Nájar, ahora los bosques ya no gozan de protección –tal y como sí sucedía con la anterior ley derogada– y estos quedan, de este modo, "a disposición de cualquier gran empresa extranjera, que puede ahora solicitar –gracias a lo dispuesto en el artículo 3– la concesión de esos bosques primarios".
DE CINCO A CUARENTA
La ley es clara. A partir de ahora el aprovechamiento de recursos forestales podrá hacerse bajo concesiones "por iniciativa privada" y "por el plazo de hasta 40 años". Y el espacio concesionado podrá ser de hasta "40 mil hectáreas". Es decir, el decreto legislativo 1090 aprueba uno de los puntos polémicos por los que la "Ley de la Selva" estaba a punto de ser archivada en el Parlamento.
Debe recordarse que dicha cantidad de hectáreas ha sido muy criticada por las organizaciones ambientalistas, las cuales consideran que ya sea en concesión o en venta es una superficie demasiado grande para otorgar a un privado.
Igualmente hay que señalar que la polémica "Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestación", que la "Ley de la Selva" pretendía modificar, solo permitía hasta 5 mil hectáreas (ocho veces menos).
La relación también es clara para la vicepresidenta de la Comisión Agraria, Elizabeth León (UPP), quien afirma que el DL 1090 tiene el "espíritu" de la "Ley de la Selva".
"El texto habla de concesiones, no de venta, pero cuando algo se concesiona a una empresa privada por tanto tiempo, y además ese período es renovable, no hay diferencia", precisa a La República.
EL MISMO ESPÍRITU
León recuerda otro dato importante. En las hectáreas deforestadas que ahora se concesionarán vive gente (comunidades nativas, colonos o grupos religiosos) que carece de títulos de propiedad pero no está dispuesta a quedarse sin algo.
"Esa obsesión de privatizar del presidente García va a generar mucho conflicto social, por eso vamos a pedir que todo esto se revise, que se forme una comisión que analice específicamente todos estos decretos legislativos y, si es necesario, los deroguen", asevera la parlamentaria por Ayacucho.
¿PARA BIOCOMBUSTIBLES?
Además, el artículo 25 de la ya llamada "Nueva Ley de la Selva" cierra el círculo, pues da a la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre la potestad de permitir su uso original a aquellas tierras de aptitud agrícola y pecuaria de la selva y ceja de selva que actualmente se utilizan de modo forestal para proteger el suelo de los procesos de erosión.
En resumen, "habrá grandes extensiones de tierra en la Selva que podrán ser concesionadas para monocultivos intensivos, estamos seguros de que para biocombustibles", manifiesta el legislador upepista Róger Nájar.
OTROS DECRETOS
Plaguicidas. Existen más DL referentes al agro también cuestionados, como el DL 1074, que hace referencia a la comercialización de agroquímicos (plaguicidas), y el DL 1077, que crea el programa de Compensaciones para la Competitividad.
Transgénicos. Otros son el DL 1080, que facilitaría el uso de semillas transgénicas, el DL 1081, que crea el Sistema Nacional de Recursos Hídricos, y el DL 1085, que crea el Organismo de Recursos Forestales.
Se beneficia a transnacionales
Lo sucedido con el decreto legislativo 1090 no es aislado. El coordinador del Foro Selva Central, Humberto Paredes, denuncia la promulgación del decreto legislativo 1089, que establece el "Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales" y que, en la práctica, es un calco de otro proyecto de ley, el 1770, también varado en el Congreso.
"Ese decreto da facultades a COFOPRI para definir la propiedad de las tierras sin tener conocimiento del derecho de comunidades nativas que poseen estas tierras desde hace muchos años, y será en beneficio de transnacionales", afirma Paredes.
Según el líder amazónico, el presidente Alan García ha mostrado su prepotencia al aprovechar la delegación de facultades para emitir normas que nada tienen que ver con el TLC con Estados Unidos, pero sí de forma especial con el agro.