Perú: archivan denuncia por terrorismo contra dirigentes comunales
"Las comunidades de la región peruana de Piura y organizaciones que las apoyaron lograron un triunfo: la Fiscalía de Piura archivó definitivamente la denuncia por terrorismo y otros delitos presentada hace año y medio contra 35 personas por la “Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Segunda y Cajas”, una entidad fantasma financiada por la empresa Majaz"
Demanda fue presentada por asociación fantasma financiada por empresa minera. Ahora debe exigirse agilización del proceso por torturas contra líderes de las comunidades.
Las comunidades de la región peruana de Piura y las organizaciones que las apoyaron lograron un triunfo: la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura archivó definitivamente la denuncia por terrorismo y otros delitos presentada hace año y medio contra 35 personas por la “Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Segunda y Cajas”, una entidad fantasma financiada por la empresa Majaz, hoy Río Blanco Copper.
La Resolución de la Fiscalía presidida por la fiscal Nimia Borrero, de fecha 11 de agosto, pone fin a uno de los cientos de casos de penalización de la protesta social existentes en el Perú contra dirigentes comunales que defienden sus derechos.
Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la CAOI y uno de los denunciados, señaló al respecto que “está demostrado que en el Perú se persigue y criminaliza a los dirigentes indígenas y activistas ambientales sin razón alguna, con el único objetivo de proteger a las empresas multinacionales y sus aliados”.
Precisó que este juicio en Piura carecía de fundamento legal y pruebas para admitir la denuncia. Por ello, Miguel Palacín y otros dirigentes no acudieron a ninguna citación, puesto que el juicio solo respondía a presiones políticas e intereses de la empresa minera.
Añadió que hoy la tarea urgente es exigir que avance el proceso de investigación por las torturas sufridas por dirigentes de las comunidades campesinas de Ayabaca y Huancabamba por parte de la policía en las instalaciones de la compañía minera. “Este caso debe ser llevado a instancias internacionales porque el Estado peruano está directamente implicado en estos delitos de lesa humanidad”, subrayó.
Antecedentes
En este caso, conocido como “Caso Majaz”, las comunidades llevaron adelante grandes movilizaciones contra la ilegal imposición del Proyecto Minero Río Blanco en sus territorios, convocando la más amplia solidaridad nacional e internacional.
En septiembre del 2007, las municipalidades de los distritos afectados en las provincias piuranas de Ayabaca y Huancabamba, desarrollaron una consulta en sus jurisdicciones sobre la presencia del proyecto minero, ubicado en cabeceras de cuenca y bosques de neblina altamente sensibles a los impactos ambientales. La Consulta dio como resultado un abrumador NO a esa incursión minera (más del 95%).
El gobierno central no reconoció carácter vinculante a la consulta y la empresa minera Majaz, a través de la citada asociación fantasma, cuyo financiamiento reconoció, presentó la denuncia por terrorismo contra 35 personas, entre ellas alcaldes, regidores, comuneros y autoridades comunales, activistas ambientales y defensores de derechos humanos. Entre los denunciados estaba Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la CAOI, quien ni siquiera estuvo en el lugar de los hechos materia de la demanda.
La denuncia había sido archivada en dos oportunidades: en octubre del año pasado y el 3 de marzo último, y la parte demandante no apeló. En consecuencia, la Primera Fiscalía Provincial resolvió el 11 de agosto dar por consentida la resolución de archivamiento definitivo de la denuncia.
Coordinación General CAOI
Hacia la Minga Global por la Madre Tierra: 12 al 16 de octubre
COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina