Perú: Pretenden privatizar la amazonía con el pretexto de la reforestación
La legisladora Juana Huancahuari denunció hoy que detrás del proyecto de ley que modifica la inversión privada en reforestación y agroforestería existe la intención de privatizar la amazonía a favor de conocidos grupos de poder como el grupo Romero
La Comisión Permanente tiene en la orden del día dos dictámenes favorables sobre el proyecto de ley que modifica la Ley 28852, Ley de la Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería, promovido por el poder ejecutivo.
De aprobarse dicha iniciativa se facilitará que el Grupo Romero adquiera dos millones de hectáreas de tierras en la amazonía para lo cual estaría haciendo una bolsa de ocho millones de dólares.
Se trata del grupo de mayor poder económico del país y con fuerte vinculación a capitales chilenos. Dedicaría una parte de las tierras a plantaciones para la captura de carbono, que tienen alta cotización en la Bolsa de Valores de Nueva York y Londres.
“Tal modelo de explotación forestal, avalado por el Presidente Alan García, son socialmente excluyentes para las poblaciones amazónicas. Las comunidades nativas y campesinas, así como los ribereños amazónicos, los pequeños propietarios, etc. están excluidos de este modelo diseñado para la gran empresa nacional e internacional”, afirmó la legisladora nacionalista.
Amenaza a los bosques primarios
Huancahuari señaló que con este proyecto se podría alentar el arrasamiento de miles de hectáreas de bosques primarios del país si es que previamente no se efectúa un catastro integral y muy riguroso de las tierras forestales sin cubierta boscosa y eriaza.
El catastro técnico debe establecer, en un plazo de noventa días, la superficie, ocupación, localización e incluso propietarios de los predios, porque muchas de estas tierras, sin cobertura forestal y eriazas, han sido tituladas por el PETT o, como en el caso de San Martín o Aguaytía, han sido invadidas.
Ilegalidad de la venta de tierras forestales
“Hace tiempo que el sector empresarial viene reclamando derechos de propiedad privada pues no confía en el sistema de concesiones forestales vigente, regulado por la Ley Forestal y de Fauna”, dijo.
“Privatizar las tierras en la Amazonía no solo es imposible si no se realiza previamente un catastro y se sanea todo el sistema actual de concesiones, sino que además sería ilegal” afirmó.
“El artículo 66 de la Constitución Política establece claramente que las tierras de aptitud forestales son patrimonio de la Nación y la única figura jurídica aceptable es la concesión, manteniéndose el dominio en el Estado” señaló Huancahuari.
“Si el gobierno insiste en su afán privatizador ocasionaría un problema de imprevisibles consecuencias en la Amazonía”, afirmó, lo que puede generar graves conflictos de orden social, ambiental, político, económico y jurídico.
La Comisión Permanente debe archivar los dos dictámenes mientras no se elabore un estudio de costo-beneficio de la concesión de tierras para reforestación y se elabore un catastro real de las tierras deforestadas, sostuvo la lideresa ayacuchana.
Consulta Pública
“Al tratarse de dos proyectos que tienen que ver con una decisión de enorme trascendencia para el presente y el futuro de la Amazonía, como es la privatización de las tierras amazónicas, la sociedad civil tiene el derecho y la obligación de opinar de ser consultada”.
“Durante el plazo de 90 días, los gobiernos regionales de la Amazonía deben efectuar consultas públicas en toda la Amazonía” propuso la legisladora.