Perú: Camisea bate récord en desastres ambientales, denuncia Aidesep
Proyecto Camisea bate records en desastres ambientales: cuatro derrames de hidrocarburos en menos de un año de operaciones ¿Y la población afectada?
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) respalda las acciones de protesta del Consejo Machiguenga del Río Urubamba, exige una auditoria social y ambiental independiente y demanda que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) asuma su responsabilidad al financiar un proyecto que adolecía de solvencia técnica y responsabilidad profesional, tal como lo advirtieron a tiempo las organizaciones indígenas
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, se dirige a la Defensoría del Pueblo, al Poder Legislativo, a la opinión pública nacional e internacional, para denunciar lo siguiente:
El día 24 del mes en curso se ha producido el cuarto derrame de hidrocarburos del Proyecto Camisea, en el lapso de solo un año de operaciones de la empresa Transportadora de Gas del Perú – TGP, afectando a la población indígena Machiguenga que habita en la zona aledaña a la Reserva Comunal Machiguenga y al ecosistema, base de la alimentación, agua y, por lo tanto, vida para estas familias.
Este nuevo derrame comprueba que el consorcio que ejecuta el Proyecto Camisea no sólo está siendo negligente en su accionar sino que más bien existe una actitud dolosa e irresponsable respecto a la conducción del proyecto. Este cuarto derrame indica, además, que el medio ambiente y los derechos de los pueblos afectados no son preocupaciones prioritarias para este consorcio sino que son subordinados al criterio del lucro y la ganancia que estas empresas y el gobierno maquillan como progreso y desarrollo nacional.
La fisura del ducto que ha ocasionado el cuarto derrame de hidrocarburos en una zona poblada por pueblos indígenas cuestiona abiertamente la estructura misma del Proyecto Camisea no sólo respecto a la infraestructura del proyecto, la capacidad de TGP para desarrollarlo y la seguridad de su ejecución bajo estándares ambientales y sociales adecuados, sino también en cuanto a la concepción del mismo respecto al desarrollo y al bienestar social.
Las responsabilidades que se derivan de este hecho corresponden no sólo a TGP sino que involucran al Estado, al Gobierno, otras instituciones públicas, y a la Banca Multilateral representada en este caso por el BID, cuya ceguera frente a los daños ocasionados por los derrames de hidrocarburos comprueba su irrespeto flagrante por los derechos de los pueblos afectados.
Nos preguntamos ¿Es desarrollo justificar los derrames sucesivos en el área de operación del proyecto? Es desarrollo privilegiar la inversión, aunque ésta sea negligente e irresponsable, frente al bienestar y salud de los pueblos afectados? ¿Es desarrollo recortar la legislación ambiental para el beneficio de las irresponsables empresas de hidrocarburos y el Estado? Es desarrollo no sancionar a los responsables de estos derrames? Es desarrollo no compensar a las poblaciones afectadas por estos derrames? ¿Es desarrollo no establecer parámetros ambientales mínimos para operaciones hidrocarburíferas con la excusa de que eso desalienta la inversión? ¡Si eso es desarrollo, nosotros no lo queremos!
Desde el inicio de la ejecución del Proyecto Camisea las comunidades afectadas y sus organizaciones indígenas, junto a otras instituciones de la sociedad civil, han demandado al Estado que investigue estos hechos, aplique las sanciones respectivas, y repare los daños ocasionados. Hace sólo dos meses AIDESEP demandó al BID que evalúe el proceso de ejecución del contrato firmado con el Estado respecto al Proyecto Camisea que financia. Teniendo en cuenta la ineptitud de Transportadora de Gas del Perú (TGP) demostrada por los constantes derrames de hidrocarburos, también se solicitó que se excluya el área del lote 88 que está superpuesta a la Reserva Territorial del Estado Kugapakori, Nahua, Nanti y otros debido a la vulnerabilidad de estos pueblos frente a las actividades de hidrocarburos. Hasta ahora no tenemos respuesta y los derrames siguen produciéndose afectando a más pueblos.
El Consorcio que ejecuta el Proyecto Camisea cuenta con un contrato de explotación por 40 años, con posibilidades de extensión a 100. Si en solo un año de operaciones del gasoducto se han producido cuatro derrames, ¿Cuál será la situación de la población y el medio ambiente de la zona de influencia del Proyecto ante tanta deficiencia técnica y falta de interés del Estado peruano en el bienestar de la población y el medio natural en que habitan?
Ante la gravedad de los hechos, AIDESEP
Hace suyo el pronunciamiento y demandas de las organizaciones indígenas locales: Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU), Central de Comunidades Nativas Machiguengas (CECONAMA) y la Federación de Comunidades Nativas Yine Yami (FECONAYY) emitido el 28 de los corrientes, y convoca a las demás organizaciones indígenas de la Amazonía peruana a solidarizarse y apoyar la medida adoptada por nuestros hermanos Machiguengas de cortar el tránsito fluvial del río Urubamba hasta que sus demandas sean atendidas.
Exige al gobierno peruano, asumir su función de defensor de los derechos humanos, indígenas y ambientales y no continuar encubriendo el desastre ocasionado por los operadores del Proyecto Camisea, ni seguir fomentando el otorgamiento de concesiones hidrocarburíferas, como lo viene haciendo, si no se tienen las mínimas condiciones de seguridad para los pueblos y el medio ambiente de la amazonía.
Exige a los funcionarios de OSINERG cumplir de manera más eficiente con su labor de sancionar las infracciones cometidas por TGP y otras empresas que operan en la Amazonía peruana. Las familias que habitan en el área de influencia del Proyecto Camisea no tienen por qué ser perjudicadas por las graves deficiencias del Estado en el cumplimiento de sus funciones.
Exige al BID abrir una nueva página en su historia, dejando de ser cómplice de los negativos impactos generados por Proyectos de Desarrollo estatales que cuentan con su respaldo a través de financiamiento, y respaldar las demandas de las poblaciones afectadas y sus organizaciones que solo exigen poder vivir en un ambiente sano y digno que permita asegurar su continuidad.
Exige al BID que cumpla con su propia Política Operativa GP 73-3, de mayo de 1979, uno de cuyos objetivos establece que el BID debe “asegurar que en todos los proyectos financiados por el Banco, se tenga en cuenta los aspectos ambientales y que se adopten las medidas pertinentes a fin de evitar el impacto ambiental adverso, prestando la debida atención a los costos y beneficios económicos y sociales”
Exige al BID que tal como aprobó el financiamiento para ejecutar la etapa de transporte del gasoducto, asuma el financiamiento de la auditoria social y ambiental independiente, a cargo de un organismo internacional de reconocido prestigio, cuyos resultados se den a conocer públicamente y tengan carácter vinculante.
Exige al Estado que apruebe normas que aseguren una compensación digna para las comunidades de sierra y selva afectadas por las obras del Proyecto Camisea, especialmente por los derrames del ducto construido por TGP.
Exige al BID una revisión de los 20 puntos que figuran como condiciones impuestas al Estado y a la empresa para el otorgamiento del préstamo correspondiente a la fase de transporte.