Paro cocalero en Perú: las hojas de la discordia
Asumió el nuevo ministro de Agricultura, tras la renuncia de Salazar por un acuerdo con los cocaleros que alejaba al país de La Convención de Viena. Los campesinos inician una huelga de 72 horas
El presidente de Perú, Alan García, tomó juramento ayer al nuevo Ministro de Agricultura, Ismael Benavides Ferreyros, con el pedido expreso de impulsar el crédito agrario, el acceso a las nuevas tecnologías de riego, el programa Sierra Exportadora y un plan de reforestación para la Selva.
Benavides, que reemplaza en el cargo al renunciante Juan José Salazar, es ingeniero agrónomo y empresario dedicado a la agroexportación. En sus primeras declaraciones aseguró que los objetivos de su gestión son luchar contra la pobreza y mejorar las condiciones de los agricultores con miras a la suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
Benavides rechazó las críticas que lo señalan como un representante de la derecha cuando apuntó que "yo he sido ministro de un gobierno que es considerado de centro y en lo personal me considero un hombre de centro. Creo que hablar de ideologías en la que estamos buscando productividad, competitividad en un mundo globalizado, no es lo correcto".
Desde el lunes los campesinos de Perú se declararon en huelga, en una acción de lucha que exige al gobierno en Lima que declare en emergencia a la agricultura así como a las obras de infraestructura en Cuzco. Asimismo piden despenalizar el cultivo de la hoja de coca.
La medida de fuerza continuó ayer, ya que se convirtió en una huelga de 72 horas en demanda de mejores condiciones y normas para los trabajadores del campo.
Los cocaleros llevaron a cabo marchas por la ciudad de Quillabamba, a 460 kilómetros al sudeste de Lima, donde se hicieron presentes más de 800 efectivos de seguridad en las calles.
En relación a la construcción de obras de infraestructura, se reclama un gasoducto que posibilite el abastecimiento de la región, para optimizar las arterias viales, como así también mejoras en las rutas.
A propósito de este accionar, el domingo el ministro de Agricultura, Juan José Salazar, renunció a su cargo, luego de anunciar la cancelación de un acuerdo suscrito el 15 de mayo con los cocaleros, a partir del cual se establecía el retiro de la Convención de Viena, puesto que es este tratado el que penaliza la hoja de coca.
El mismo expuso ante su renuncia, que cometió un error al firmar el acta que pedía la evaluación del retiro del País de la Convención de Viena, que desde 1961, promueve la penalización del cultivo cocalero. Y dijo que nadie le solicitó la renuncia sino que fue un acto individual y voluntario para evitar la presión que afecta actualmente al gobierno de Alan García.
“Quiero decirles que el error que he cometido, y ha significado que el periodismo pueda de alguna manera con sus críticas positivas, a las que respeto, afectar la marcha del gobierno y la labor que realiza el presidente, ha llevado que hoy (por ayer) presente mi carta de renuncia”, dijo el ministro trujillano.
El acto por el cual se firmó el documento con los cocaleros puso en jaque la gestión de Salazar, quien ya había sido criticado por ceder ante la negativa a la erradicación forzosa de los sembrados por parte de los cocaleros en la localidad selvática de Tocache.
Por último, el ministro saliente aseguró que no necesita de la política y que no volverá a ocupar ningún puesto en el gobierno, al tiempo que aclaró que "solamente puedo decir que estoy con mi conciencia tranquila de haber actuado con apego a la verdad. No puedo aferrarme al cargo sabiendo que puedo ocasionar un daño o un perjuicio a mi país, al Gobierno y menos aún al presidente Alan García".
Es en este sentido, como el presidente García calificó de “locura” la posibilidad de que Perú abandone la Convención antes mencionada y apuntó el error del ministro fue no limitarse a transmitir el pedido de los campesinos.
A partir del conflicto en el gobierno se aceleró la firma de un documento adicional, que aclaraba que el gobierno de Perú se comprometía a evaluar el retiro de la hoja de coca de la lista de estupefacientes de la Convención de Viena y no el retiro del país del tratado en cuestión.
Por otro lado y pese a las declaraciones del jefe de estado, la presidenta del Comité de Lucha de la Convención, Elena Ascarza, que promueve el paro, expresó que si la despenalización de la hoja de coca "no es posible, se debe renunciar a la Convención porque perjudica a los cocaleros".
En este sentido, fue el Partido Nacionalista Peruano el único que se mostró en apoyo al retiro de la Convención de Viena. El líder nacionalista y ex candidato a presidente Ollanta Humala, quien respaldo en su momento las actas firmadas entre el ministro y los cocaleros, planteó que el Estado peruano debería comprar la hoja de coca que excede a la producción legal, a partir de una denuncia contra la Convención de Viena, promoviendo la exportación de productos lícitos derivados de la coca, como harina, pastillas energéticas, y las infusiones que de ellas se derivan.
Se debe citar que el gobierno permite la siembra y cosecha de cocales en varias zonas del país como parte del legado cultural indígena, pero según las cifras que se manejan, más de 60 mil familias de Perú dependen del cultivo de la hoja de coca, como medio de producción y subsistencia. Además se debe tener en cuenta que este país es reconocido internacionalmente como el segundo productor de hoja de coca, con una producción anual de 100 mil toneladas, de las cuales solo 9.000 pueden ser usadas en la industria y el consumo tradicional.
El presidente del Consejo de Ministros, Jorge Del Casillo, afirmo que "hay gente que quiere sacar a Perú de la Convención de Viena y aprovechan cada oportunidad, pero eso no es posible porque sería como salir de la lucha contra las drogas. No hay ninguna posibilidad de eso".
”El problema no se circunscribe a los cocaleros sino que comprende a toda la sociedad porque tiene que ver con la pobreza, la falta de agua potable y de vías de comunicación”, dijo Del Castillo en el anunció de una prueba piloto que prevé para el 24 de mayo, el lanzamiento de un programa de lucha contra la pobreza y la desnutrición en tres provincias huanuqueñas.