Panamá: denuncian persecución a líderes indígenas por parte del Estado
"Las persecuciones fueron iniciadas después de fuertes protestas realizadas el domingo (22), en ocasión del Día Mundial del Agua, cuando centenares de indígenas salieron a las calles e interrumpieron el tránsito de vehículos en varios puntos de la provincia, manifestándose contra los proyectos hidroeléctricos, mineros y turísticos que afectan sus territorios y su forma de vida"
Dirigentes indígenas Naso y Ngobe volvieron a sufrir persecuciones a partir del viernes (27) por parte de las autoridades de la Provincia de Bocas del Toro. Las persecuciones fueron iniciadas después de fuertes protestas realizadas el domingo (22), en ocasión del Día Mundial del Agua, cuando centenares de indígenas salieron a las calles e interrumpieron el tránsito de vehículos en varios puntos de la provincia, manifestándose contra los proyectos hidroeléctricos, mineros y turísticos que afectan sus territorios y su forma de vida.
El día 26 de marzo, los dirigentes indígenas habían participado en una reunión de manera pacífica con la gobernadora Esther Mena de Chiu. A pesar de la reunión la respuesta del gobierno no fue conciliadora. Decenas de policías fueron enviados a las comunidades indígenas y él estableció órdenes de conducta contra los portavoces de las comunidades.
El lunes (30) fue enviado un contingente de más de cien policías a las comunidades Naso de San Durui para destruir casas en un área que está en litigio con la empresa Ganadera Bocas. Los indígenas denuncian también la llegada de grupos policiales a la comunidad de Bonyik con el objetivo de forzar la construcción del proyecto hidroeléctrico de las Empresas Públicas de Medellín.
"Esos acontecimientos son semejantes a episodios similares que ya ocurrieron en abril del 2005 y que fueron denunciados ante las autoridades competentes y ante organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas", afirman los indígenas.
Las comunidades resaltan que hace algunas semanas la Defensoría Pública divulgó un informe reconociendo la violación de los derechos humanos en la construcción del proyecto hidroeléctrico Can 75 promovido por la AES Panamá. Además de lo anterior, los dirigentes Naso y Ngobe convocaron el Panel de Inspección Independiente del Banco Mundial para realizar el análisis de los impactos del Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT), sobre poblaciones indígenas de la Provincia de Bocas del Toro.
Los indígenas consideran a la gobernadora Esther Mena de Chiu como la principal responsable por los acontecimientos y piden a las autoridades nacionales, principalmente a la procuradora general de la Nación, Ana Matilde de Gómez, hagan las investigaciones necesarias para señalar responsabilidades sobre los abusos de autoridad y uso excesivo de fuerza en los territorios Naso y Ngobe desde 2005.
"A tres meses de terminar el presente período de gobierno, queremos recordar a las autoridades de la Provincia que los ojos del mundo están sobre Bocas del Toro y que esperamos que no pasen a la historia como las personas que sancionaron la represión y al despojo territorial de los pueblos indígenas", destacan.
En enero de este año, la organización Panamá Profundo volvió a tratar el caso de las comunidades indígenas Naso. Por estar localizadas en áreas de rica biodiversidad y de reservas hídricas, esas comunidades están bajo constante amenaza de desalojo por parte del Estado. En diferentes ocasiones ellas solicitaron a las autoridades locales y nacionales el reconocimiento de su cultura y de sus derechos territoriales amenazados por la introducción de las empresas y mega-proyectos en las tierras que demandan hace cuatro décadas, para que se conviertan un su comarca Naso Tjër-Di.