Nueva represión violenta de policía chilena en Rapa Nui
Ayer (29), fuerzas de Carabineros desalojaron violentamente la Plaza de la Gobernación de Hanga Roa, capital de la provincia de Isla de Pascua, ocupada desde hace varios meses por más de veinte pascuenses que protestaban por la usurpación de tierras ancestrales por parte del Estado chileno
Más de cien policías, bajo las órdenes de desalojo de Raúl Célis, intendente de la Región de Valparaíso, golpearon a los manifestantes, entre los que se encontraban mujeres y niños, dejando a tres heridos de gravedad y once detenidos.
Marisol Hito, vocera del clan Hito, señaló que esta actuación de Carabineros era muestra de la actitud beligerante adoptada por el Gobierno en contra del pueblo Rapa Nui, recalcando la “incompetencia” de las autoridades ante los problemas de la isla.
“Lamentablemente el presidente Sebastián Piñera, su ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter y el intendente Celis, han optado por el insensato camino de la violencia contra nuestro pueblo. A ellos sólo les interesa que los empresarios que quieren adueñarse de la Isla puedan disponer de ella lo más rápidamente posible. Son unos autómatas que actúan en función de sus intereses y sólo conocen el verbo reprimir como vehículo para alcanzar sus repudiables objetivos” explicó la vocera.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos condenó la violencia ejercida por los efectivos policiales, recordando que Chile ha ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, además de la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en la que se ha comprometido a reconocer los derechos de los pueblos originarios.
“El Instituto Nacional de Derechos Humanos deplora el uso desmedido de la fuerza en reemplazo del diálogo y la moderación que los compromisos internacionales y la prudencia exigen, por lo que formulamos un llamado al Gobierno a reponer las condiciones para una solución pacífica del conflicto, en términos armónicos con las obligaciones y criterios contenidos en el Convenio 169, la Declaración de la ONU y los demás instrumentos de DDHH pertinentes”, señala el informe elaborada por la institución.