Naufraga antes de zarpar informe sobre matanza en Perú
El informe de una comisión investigadora de los graves disturbios que en junio pasado dejaron 34 policías y civiles muertos en la Amazonía peruana, sigue recibiendo hoy cuestionamientos, cuando faltan tres días para su presentación
Al rechazo de una religiosa integrante de la comisión al texto elaborado se sumó la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP), que advirtió que su delegado en la comisión tampoco firmará el informe si este no señala responsables de los luctuosos sucesos.
El secretario nacional de AIDESEP, Saúl Puerta, dijo que SU representante, Jesús Manacés, asumirá en tal sentido la misma actitud de la monja católica Maricarmen Gómez, quien el domingo último repudió el proyecto de informe.
La religiosa argumenta que el informe, en vez de señalar a autoridades responsables de la operación policial de despeje del bloqueo de una carretera, que desató el enfrentamiento, el documento carga las culpas sobre los indígenas.
Gómez reveló que el documento sostiene que la protesta indígena iniciada el 9 de abril contra una serie de decretos que según los nativos entregan la selva a las transnacionales, se debió a que fueron engañados por diversas entidades, incluidos misioneros católicos.
Las comunidades amazónicas lograron la anulación de dos de los decretos, ligados a un tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos y mantienen la demanda de anulación de otros que siguen vigentes.
Entretanto, el Consejo de las etnias amazónicas Aguaruna y Huambisa, base de AIDESEP, rechazó el documento y en particular la afirmación, revelada por la prensa, de que la protesta fue azuzada y acompañada por misioneros de la región nor-selvática de Jaén.
"Esta información es falsa y contraria a la realidad de lo sucedido en esta justa protesta indígena", precisó el documento, que elogia la labor cumplida por la Iglesia católica en el conflicto.
Señala que el obispo de la región, monseñor Santiago María García, y de los misioneros de Jaén, por su solidaridad humanitaria y su contribución al restablecimiento de la paz tras los incidentes.
AIDESEP anunció que el viernes próximo los apus (líderes) de las comunidades nativas de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Cajamarca, Huánuco, San Martín, Cusco y Amazonas analizarán en Lima el informe que sobre el trabajo de la comisión presentará el delegado Manacés.
Los dirigentes fijarán su posición, la cual podrían hacer pública antes de la presentación del informe, prevista para el domingo próximo, de la comisión creada por el gobierno en septiembre pasado e integrada por personalidades propuestas por ambas partes.
La vocera parlamentaria del Partido Nacionalista (PNP), Marisol Espinoza, criticó duramente el polémico informe y exigió que las autoridades que ordenaron la acción policial y los oficiales que la dirigieron deben ser denunciados.
La ex ministra del Interior durante los graves acontecimientos, Mercedes Cabanillas, insistió en negar responsabilidades operativas y alegó que las tropas fueron enviadas y dirigidas por los mandos policiales.
Marisol dijo que el esclarecimiento de los hechos debe partir de que el conflicto y los luctuosos incidentes fueron provocadas por el gobierno, al dictar una serie de decretos sobre la selva sin consultar con los indígenas, a lo que estaba obligado por compromisos internacionales.
El director del Institudo de Defensa Legal, Ernesto de la Jara, señaló que el informe es de muy mala calidad, ideologizado, político y subjetivo y sin la mínima rigurosidad necesaria.
Sobre el señalamiento de que la Iglesia católica, las organizaciones no gubernamentales y partidos opositores azuzaron la protesta, contenido en el documento trascendido a la prensa, exigió documento u otras pruebas de la aseveración.
De la Jara criticó el hecho que el grupo investigador no haya analizado, para esclarecer los hechos, como pedía Manacés, la información recogida en visitas a la zona del conflicto y en entrevistas con autoridades e indígenas.
En lugar de ello y por decisión de la ex ministra de Trabajo, Susana Pinilla, representante del gobierno, el grupo planteó directamente criterios sobre las causas y consecuencias de la protesta y recomendaciones para que no se repita un hecho similar.