México: presiona Greenpeace al gobierno federal que investigue cultivos transgénicos en Oaxaca
Greenpeace y Circlemakers, grupo de diseñadores profesionales de figuras del Reino Unido, dibujaron un signo de interrogación gigante sobre un cultivo de maíz en Oaxaca, estado en el que hace cinco años se detectó la contaminación del maíz nativo por variedades de maíz transgénico procedente de Estados Unidos
El signo de interrogación busca sembrar la duda sobre el alcance de la contaminación genética del maíz en México, ya que hasta la fecha y a 5 años de que se descubrió que maíces criollos de Oaxaca estaban contaminados por variedades transgénicas y aún no se cuenta con un diagnóstico nacional de esta situación.
Greenpeace demanda al gobierno federal monitorear “estado por estado y milpa por milpa” la contaminación actual de las variedades de maíz criollo y revertirla.
México, por ser centro de origen y diversidad de este cultivo, debe mantenerse libre de maíz transgénico.
El grupo inglés Circlemakers es famoso en Europa ya que desde hace 15 años realiza dibujos en los cultivos y ha sido contratado para películas, programas de televisión y campañas publicitarias. Uno de sus diseños más conocidos son los anillos olímpicos que realizaron con motivo de la postulación de Inglaterra como sede de los Juegos. Es la primera vez que participan con una organización ambientalista.
A través del dibujo en el cultivo, de más de 4 mil metros cuadrados, Greenpeace llamó a las autoridades mexicanas para que realicen un monitoreo amplio y exhaustivo en territorio nacional, tendiente a establecer el grado de contaminación genética que existe en las variedades de maíz y a tomar medidas efectivas para resolver este problema.
Ante la presión que las empresas transnacionales ejercen sobre el gobierno federal para que se permita la siembra de maíz transgénico en México, Greenpeace envió desde Oaxaca un mensaje demandando que se realicen estos monitoreos, instrumento fundamental del régimen especial de protección de maíz que establece la Ley de Bioseguridad, y que a la fecha no ha sido desarrollado.
“Las autoridades federales deben destinar los recursos necesarios para llevar adelante estos monitoreos, pues nadie sabe a ciencia cierta qué tan contaminadas están las variedades criollas de maíz, ya sea en Oaxaca, Tamaulipas, Chiapas o Veracruz”, demandó Gustavo Ampugnani, coordinador de la campaña de transgénicos de Greenpeace México.
La contaminación genética puede estar extendida en todo el territorio nacional como consecuencia de varios factores, entre ellos la importación de maíz transgénico desde Estados Unidos, mismo que es transportado por el país sin ningún control, y por la conocida porosidad de la frontera norte que permite el ingreso ilegal de semilla transgénica desde Estados Unidos, entre otros.
“A pocos meses de que finalice la gestión del presidente Fox, vemos con preocupación que las autoridades están más interesadas en facilitarle a las empresas transnacionales la siembra de maíz transgénico que en promover un estudio riguroso sobre la contaminación de las variedades criollas en el país. Es inadmisible que el gobierno federal quiera “celebrar” los 5 años de la contaminación en Oaxaca otorgando a Monsanto el visto bueno para sembrar sus semillas patentadas”, dijo Ampugnani.
Greenpeace advirtió que las siembras experimentales que las industrias buscan realizar en México son el primer paso para que las corporaciones transnacionales comercialicen y siembren sus semillas patentadas en nuestro país.
A través de una constante presión pública de parte de unos cuantos productores de maíz del norte del país y de funcionarios de los gobiernos locales, las empresas como Monsanto, Pioneer o Dow Agrosciences buscan convencer a las autoridades federales de que sus productos son la solución a los problemas del campo mexicano. Sin embargo, evitan mencionar que detrás de las semillas transgénicas están los contratos de uso de propiedad intelectual, la mayor aplicación de pesticidas y los impactos al ambiente.
“El gobierno federal debe dejar de actuar como agente de ventas de las empresas transnacionales y cumplir con su función de garante del interés público, impulsando el monitoreo del alcance de la contaminación genética en el país”, estimó Ampugnani.