México: planea Senasica financiar con recursos públicos a empresas como Monsanto
Exigen diputados del PRD que se cumpla con la ley de bioseguridad y OGM
El grupo parlamentario del PRD pidió a la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados que exhorte al director del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de la Secretaría de Agricultura, Javier Trujillo Arriaga, a cumplir con puntualidad las disposiciones de la ley de bioseguridad y organismos genéticamente modificados (OGM), ya que pretende destinar recursos públicos orientados a mejorar el nivel de vida los productores a financiar empresas como Monsanto, bajo un "disfraz de investigación científica".
El diputado Víctor Suárez Carrera explicó que hay varios puntos de la citada ley que no se han cumplido, como la publicación de los reglamentos y conformación de órganos de consulta, entre otros aspectos. Sin embargo, Trujillo Arriaga ha declarado que antes de que concluya esta administración se dará luz verde al Plan Maestro de Maíz, el cual prevé la siembra de variedades transgénicas del grano en lo que Sagarpa considera "áreas propicias".
El titular de Senasica, abundó el legislador perredista, aseguró que con la determinación de Sagarpa de publicar en el Diario Oficial dichas zonas "propicias" se dará certeza, a mediano plazo, a quienes quieran utilizar la tecnología de los organismos genéticamente modificados (OGM) y expuso que la oposición de científicos y ambientalistas al uso de éstas "nace del hecho de que las semillas a experimentar son patentadas por grandes compañías".
En octubre de 2005, Sagarpa informó del desarrollo del Plan Maestro de Maíz, que consistía en liberar en fase experimental siete variedades de maíz transgénico de las empresas Monsanto, Pioneer y Dow Agrosciences, las cuales se sembrarían en campos experimentales del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Forestales y Pecuarias (INIFAP). Ante las denuncias de irregularidades, Senasica retiró los permisos. Al inicio de este año, Sagarpa volvió a iniciar la consulta para la siembra de esas variedades y continúa presionando para su aprobación.
"Los legisladores no podemos dejar de percibir los intereses de esas empresas trasnacionales -en Argentina, Monsanto mantiene un litigio en contra del gobierno por el cobro de sus regalías por el uso de la semilla de soya transgénica-, la contaminación de maíz que fue reportada en Oaxaca en 2001, la dependencia tecnológica y económica que esas variedades (OGM) acarrearían para México. No podemos anteponer los intereses de las grandes empresas semilleras al de los campesinos ni al de la población", acotó Suárez Carrera.
Por ello, dijo, la insistencia en que se revise la ley de bioseguridad y se introduzca un régimen de protección especial al maíz y que en ella se reflejen las demandas de los productores que participaron en el foro de consulta al sector rural sobre la minuta de dicha ley que se llevó a cabo el 27 de octubre de 2004 en la Cámara de Diputados.
La construcción de una disposición legal, subrayó Suárez Carrera, debe surgir de un debate nacional, en el que participen investigadores, académicos y organizaciones de consumidores.