México: piden ONG frenar invasiones y resolver conflicto agrario en Los Chimalapas
El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, autoridades comunales de Santa María Chimalapas y representantes de ocho organizaciones ecologistas y defensoras de derechos humanos hicieron un llamado urgente a los gobiernos federal, de Oaxaca y Chiapas para frenar las invasiones de ganaderos en el paraje San Isidro La Gringa, que abarca unas 40 mil hectáreas y que en 1994 fue designada área de conservación y manejo comunal
Los representantes comunales e integrantes del citado comité advirtieron que si no frenan el conflicto agrario -presuntamente de límites entre Oaxaca y Chiapas, ya que éstos reclaman la región en disputa como parte de su territorio- podrían surgir enfrentamientos armados entre comuneros e invasores, semejantes a los ocurridos en junio de 2003 entre indígenas zoques y habitantes de la colonia Cuauhtémoc.
"La paciencia de la comunidad de Santa María Chimalapas se agota, debido a las reiteradas e impunes acciones delictivas e intentos de despojo de territorio comunal realizados por ganaderos de Chiapas.
Es posible que los comuneros decidan actuar de manera directa", agregaron Luis Bustamante Valencia, Miguel Angel García, Luis Miguel Robles Gil y José Luis Castro, del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas.
En enero y febrero de este año, ganaderos ahora integrados en la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, encabezada por Ignacio Iris Salomón, volvieron a invadir dicho paraje comunal zoque.
Fueron desalojados y recibieron indemnización en 1994, luego de que la autoridad federal reconoció que las tierras en disputa son propiedad comunal.
Autoridades comunales de Santa María Chimalapas, encabezadas por Alberto Luis Hernández, y los representantes de los grupos ecologistas exigieron la "aplicación inmediata y contundente de la ley" ya que la región en disputa -ubicada en la llamada zona del Espinazo del Diablo, dentro de las subcuencas de los ríos Uxapana y Grijalva- está considerada de alta prioridad por su biodiversidad.
La autoridad federal está obligada, como lo establece el Convenio de Concertación para la Protección y Desarrollo del Area Piloto de Conservación y Manejo Ecológico Comunal San Isidro La Gringa, firmado el 8 de noviembre de 1994, a actuar en coordinación con los gobiernos de Oaxaca y Chiapas y terminar con la reiteradas invasiones del territorio comunal y el delito de despojo, abundaron.
Insistieron en que los conflictos agrarios que aún prevalecen en la zona oriente del territorio comunal de Santa María y San Miguel Chimalapa no son de supuestos límites estatales entre Oaxaca y Chiapas, ya que los títulos de propiedad de las comunidades tienen carácter federal y reconocen la propiedad indígena ancestral del territorio zoque chimalapa, la cual puede tener terrenos legalmente reconocidos en dos o más entidades del país, como lo establece el artículo 356 de la Ley Federal de Reforma Agraria.
Marcado por la tenaz defensa que los zoques han hecho de su territorio, el paraje San Isidro La Gringa ha sido disputado por ganaderos chiapanecos desde los años 70.
Durante 30 años, grupos respaldados por autoridades estatales y municipales de Chiapas, han tratado de apropiarse de más de 40 mil hectáreas.
El 31 de julio de 1987, en el Diario Oficial el gobierno federal declara propiedad nacional 40 mil 945 hectáreas del paraje comunal San Isidro La Gringa; los zoques inician la defensa legal de su territorio y entre 1985 y 1992 los habitantes de la congregación zoque de San Francisco La Paz son objeto de agresión y violencia por los ganaderos chiapanecos.
Quemas de casas, violaciones de mujeres, asesinatos de indígenas, privación ilegal de la libertad, lesiones, robos, muerte de ganado, saqueo de madera, destrucción de la selva, afrontan los indígenas en la disputa por su tierra.
El 18 de abril de 1994, el gobierno federal reconoció la inexistencia jurídica de la declaratoria de propiedad nacional de San Isidro La Gringa y regresó las 40 mil 945 hectáreas al pueblo de Santa María Chimalapa.
Por ello destinó 14 millones 557 mil 78 pesos al pago de indemnizaciones a los ganaderos, aunque se afirma que la cuarta parte del monto fue a dar a los bolsillos de Saúl Prado Guerrero, entonces coordinador agrario de Chiapas.