México: opositores a La Parota toman pozo que surte a acapulqueños
Unos 300 comuneros opositores al proyecto hidroeléctrico La Parota, tomaron el pozo Papagayo II, que suerte agua potable a 80 por ciento de las colonias de Acapulco, para exigir la liberación de uno de sus compañeros y la salida de la zona de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
La protesta de los miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (CECOP) es para demandar además la realización de una asamblea para elegir a las autoridades ejidales de los bienes comunales de Cacahuatepec.
A pocos días de que comience la temporada vacacional de Semana Santa, los ejidatarios apagaron ocho de los 11 equipos de bombeo del pozo y se apoderaron de las instalaciones, por lo que desde las 7 horas de este martes 80 por ciento de los acapulqueños, todos de colonias populares, carecen del suministro.
Con machetes, palos, resorteras y piedras impidieron el acceso a los trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) a las instalaciones del pozo Papagayo II, ubicado en la comunidad de Salsipuedes.
Marco Antonio Suástegui Muñoz, integrante del CECOP, aseguró que su compañero Margarito Castillo Larumbe está ilegalmente preso, acusado de homicidio en grado de tentativa, ya que fue detenido cuando se defendió porque intentaban asesinarlo.
Señaló además que existe un resolutivo del Tribunal Unitario Agrario que exige la salida de la CFE de la zona donde se pretende construir la presa hidroeléctrica La Parota, ya que utilizó una asamblea "ilegal" en los Bienes Comunales de Cacahuatepec para la expropiación de las tierras.
Advirtió que los acapulqueños podrían estar dos o tres días o hasta un mes sin agua, porque no levantarán el plantón hasta que se cumplan sus demandas, "pero sobre todo el mensaje es para que se pregunten por qué estamos haciendo esto. Nosotros ya hemos actuado por la vía legal y no se nos ha hecho caso".
Suástegui Muñoz dijo que no se van a prender los equipos de bombeo mientras las autoridades no accedan a dialogar para rebajar la fianza de 120 mil pesos de su compañero preso y hasta que no se comprometan a que la paraestatal saldrá de la zona que sería afectada por la construcción de la presa.