México: masacre en la impunidad
El 10 de junio se cumplieron ocho años de la masacre de El Bosque en la que ocho campesinos indígenas murieron a manos de la fuerzas del Estado
Sin que a la fecha las autoridades hayan reconocido la responsabilidad de autoridades del gobierno federal y estatal, encabezadas por Ernesto Zedillo Ponce de León y Roberto Albores Guillén, quienes nunca han sido investigados por su presunta responsabilidad de los hechos violatorios de derechos humanos.
Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas en la mañana del 10 de junio de 1998, efectivos del Ejército Mexicano, Policía de Seguridad Pública (hoy Policía Sectorial), Policía Judicial del Estado (hoy Agentes Estatales de Investigación), Policía Judicial Federal (hoy Agentes Federales de Investigación), Agentes del Ministerio Público y miembros del Centro de Información y Seguridad Nacional, realizaron un operativo coordinado en el municipio constitucional de El Bosque, municipio autónomo rebelde zapatista San Juan de la Libertad.
En dicho operativo la acción gubernamental dio como resultado la muerte de ocho campesinos indígenas, bases de apoyo zapatista, de las comunidades de Chavajebal y Unión Progreso, y la detención de 53 personas, dos de ellos menores de edad quienes fueron torturados por los policías. Además de los hechos lamentables de las perdidas humanas y las detenciones, los cuerpos policiales robaron pertenencias a las familias en las comunidades, dejando terror y saqueo.
La entidad señala que a pesar de existir pruebas de abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza pública, tortura, robo con violencia y posibles ejecuciones extrajudiciales, las autoridades hicieron lo menos para responder estas acusaciones. Con relación a los muertos, tres de Chavajebal y cinco de Unión Progreso, los tres de Chavajebal presentaron una gran cantidad de impactos de arma de fuego, dos de ellos presentaron disparos por la espalda y uno de ellos un disparo en la frente. A pesar de las argumentaciones de uso indebido de la fuerza y la posibilidad de ejecuciones extrajudiciales, la respuesta de las autoridades dejó mucho que desear.
No se realizaron renecropcias de las ocho personas muertas para confirmar o no la posibilidad de ejecuciones extrajudiciales. El Ejercito mexicano negó todo uso excesivo de la fuerza, a pesar de contar con morteros, geeps artillados, aviones y helicópteros para el operativo del 10 de junio en El Bosque, las Fuerzas Armadas argumentaron que sólo intervinieron "para dar seguridad a las autoridades civiles y estatales que iban a realizar una serie de detenciones".
El Centro afirma que el caso de El Bosque, es una muestra de la impunidad que prevalece en Chiapas de cara a los eventos en el contexto de una Guerra de Baja Intensidad de un conflicto armado no resuelto. Muestra de ello son los más de 70 campamentos militares existentes en territorio indígena.