México: lanzan indígenas y ONG defensa de la Lacandonia
San Cristóbal de las Casas, Chis., 23 de febrero. En un intento por frenar el “despojo silencioso” de tierras en las Cañadas, cientos de indígenas y miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG) iniciarán este domingo en la comunidad Betania, municipio de Ocosingo, un encuentro por la defensa del territorio, la cultura y los recursos naturales estratégicos de la selva Lacandona
Al anunciar el encuentro, representantes de ONG afirmaron que hace casi un año el gobierno federal los “despojó” de 14 mil hectáreas para destinarlas a áreas protegidas, y que acaban de confirmar que la administración de Felipe Calderón asignó en agosto pasado 22 mil hectáreas propiedad del gobierno a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para áreas naturales protegidas.
Agregaron que “el despojo” de las 36 mil hectáreas por el gobierno federal en la selva Lacandona tiene en alerta no sólo a los 28 poblados afectados directamente, sino a todas las comunidades y ejidos legalmente asentados en las Cañadas.
Miguel Ángel García, de Maderas del Pueblo del Sureste –una de las organizaciones que ofrecieron una conferencia de prensa en la sede del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas– dijo que la medida afecta a los ejidos de San Gregorio, Nuevo San Gregorio y San Antonio Miramar, cuyos pobladores pertenecen a la Asociación Rural de Interés Colectivo independiente, y a Nuevo Limar y Ojo de Agua, donde habitan bases de apoyo zapatistas.
Agregó que también se afecta a Vilalflores, a la cual se ha prometido su regularización, además de a una parte de Benito Juárez y Galilea. En total, aseveró, son 28 poblados, de los cuales 20 son ejidos legalmente constituidos en 1989, y los demás estaban en trámites de serlo.
Sostuvo que en términos de la política mundial de conservación ambiental “es un retroceso, porque va en contra de la política de reservas de biosfera que se supone se habían hecho para hacer participar a las comunidades”, y en este caso “no se notificó a las comunidades ni se respetó su derecho a consulta, a información y a su decisión”.
Comentó que “nadie sabía que esos terrenos (las 22 mil hectáreas asignadas a la Semarnat) eran nacionales, pero el gobierno se acordó e hizo el trámite de declaratoria formal y mediante un convenio se lo asignó a la secretaría con fines de conservación”. Esto ocurrió poco después de la expropiación de 14 mil hectáreas en la zona.
García manifestó que este proceso se hizo de manera “silenciosa; apenas nos dimos cuenta mediante un comunicado del gobierno federal en agosto del año pasado, en el que ni siquiera especifica la ubicación de las 22 mil hectáreas.
“Se tuvo que averiguar vía la Ley de Acceso a la Información Pública; se nos entregó el mapa y ahora ya sabemos dónde están: junto a la laguna de Miramar.”
Precisó que “lo absurdo del decreto expropiatorio es que los polígonos están regados. Uno tiene una extensión de unas 100 hectáreas y está rodeado de ejidos. Es absurdo desde el punto de vista técnico ambiental, porque sólo que le pongan barda o policía” podrá ser área protegida. Además, hay un polígono, el número 2, que está dentro de Montes Azules”.
Luis Menéndez Medina, de Servicios y Asesoría para la Paz, afirmó que en las Cañadas “hay temor de un desalojo generalizado”, debido a los insistentes rumores. “Los ejidos que están legalmente constituidos no tienen por qué ser desalojados, pero así está corriendo el rumor en la región”, lo que tiene en alerta a la población, expresó.
Dijo que ahora los ofrecimientos del gobierno han subido a 300 mil pesos por familia, para que los habitantes entreguen las propiedades. Aparte se les ofrece reubicarlos o se les amenaza con el desalojo policiaco.
Elio Henríquez (Corresponsal)