México: la ilegalidad del maíz transgénico
En pleno año de la diversidad biológica y a unos días de la celebración por los 200 años de la Independencia de nuestro país, el maíz, bien común de los mexicanos, base de nuestra alimentación y cultura y símbolo de nuestra identidad, está amenazado
Lejos de protegerlo, el gobierno mexicano ha permitido y promovido diversas ilegalidades, en beneficio de las corporaciones agrobiotecnológicas interesadas en patentar y controlar los granos fundamentales para la seguridad alimentaria mundial.
Por ejemplo, los 33 permisos de siembra experimental de maíz transgénico, emitidos por la Secretaría de Agricultura, se otorgaron después de una ilegal modificación al Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), que reduce el mandato de un Régimen de Protección Especial al Maíz a un simple trámite informativo.
A pesar de que estas siembras son supuestamente de interés público y como parte de las medidas de contención se llevarían a cabo en instituciones públicas de investigación, la realidad es que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias no participó en las siembras autorizadas en Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad recomendó que la experimentación, sin excepción, se hiciera en terrenos de las instituciones públicas de investigación agrícola, a fin de que el gobierno asumiera la responsabilidad del experimento. En los hechos, las siembras se llevaron a cabo en terrenos privados de agricultores cooperantes de las empresas y fueron directamente conducidas por empleados de las mismas. Nada ha hecho el gobierno al respecto.
Un desatino más: Monsanto, Dow AgroSciences y Pioneer-PHI México decidieron no acatar la condicionante relativa a: “Destruir en el mismo predio por medio de incineración (inmediatamente después de haber concluido el ensayo) todo el material que se haya derivado de la experimentación” y en su lugar, trituraron y enterraron los materiales. Ninguna reacción oficial frente a esto.
De acuerdo con la LBOGM, antes de sembrar transgénicos a escala piloto, se debe informar sobre el resultado de la siembra experimental. Este informe debe darse de acuerdo con las normas oficiales que deriven de la ley... mismas que aún no han sido expedidas.
Ante este vacío, las empresas se fueron por la libre y presentaron en conferencia de prensa los “resultados” de sus siembras experimentales para presionar a las autoridades, cuando son éstas las que deberían hacer público el resultado y la evaluación de los experimentos. Esto no sucedió. Las corporaciones hicieron públicos sus “resultados”, sin siquiera intentar simular que en verdad son instituciones públicas quienes conducen y están interesadas en tales experimentos. Y la autoridad, callada y sometida.
Y ahora, con chantajes y violando la ley —una vez más— las empresas promotoras de maíz transgénico, lideradas por Fabrice Salamanca, presidente de Agrobio, presionan al gobierno para que se escale la magnitud de las siembras de maíz transgénico (siembras en pequeñas parcelas y con medidas de contención), es decir, están solicitando que se autoricen ya siembras piloto (en terrenos grandes y sin contención).
México, la cuna del maíz, es víctima de la ilegalidad, de la debilidad de las autoridades y de la voracidad de las corporaciones. Sólo así se explica que mientras países como Francia, Grecia, Austria, Luxemburgo y Alemania prohibieron la liberación al ambiente de transgénicos, los experimentos más solicitados en nuestro país sean justamente los prohibidos allá (variedades MON810 y MON603). El MON603 fue prohibido en Austria debido a que su ministerio de salud dio a conocer un estudio que revela que ratas alimentadas con este maíz mostraron una reducción en su fertilidad.
Nada de esto es tomado en consideración por el gobierno mexicano, que, sumiso, entrega el maíz, fruto de una cultura de 9 mil años.