México: la Sagarpa otorga permisos para experimentar con transgénicos
Monsanto Corporation, compañía trasnacional cuestionada en diversos países por sus experimentos biotecnológicos, recibió junto con otras dos empresas —Dow Agrosciences y Pioneer— una serie de permisos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería para realizar investigaciones transgénicas en campos de cultivo de Sinaloa, Sonora, Nayarit y Tamaulipas
Estas autorizaciones otorgadas por la dependencia federal fueron calificadas como violatorias de la flamante Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, en donde se obliga a que disposiciones de esta naturaleza sean avaladas por una Comisión Intersecretarial de Bioseguridad, que hasta la fecha no cuenta ni siquiera con una normatividad interna.
Organizaciones como la mexicana El Campo no aguanta más y la internacional Greenpeace demandaron al gobierno federal cancelar los siete permisos otorgados el pasado octubre, mediante los cuales se autoriza la siembra experimental de cuatro variedades de maíz transgénico en campos del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). De no hacerlo, advirtieron, se ponen en riesgo 40 razas y 300 variedades del grano de maíz.
Documentos oficiales consultados por MILENIO indican que los trabajos de las compañías extranjeras se realizarán bajo el nombre “Proyecto Maestro de Maíz”, en el cual participarán también el INIFAP y el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados (Cinvestav).
De acuerdo con la Sagarpa, el proyecto implementado incluye varios experimentos con medidas de bioseguridad “estrictas”, que arrojarán resultados sobre posibles efectos en el medio ambiente y biodiversidad, estabilidad genómica, comportamiento agronómico y beneficios potenciales del maíz genéticamente modificado. “Para que este proyecto fuera aprobado por el subcomité, se acordó incorporar medidas de bioseguridad estrictas que garanticen el manejo del posible riesgo de esta experimentación, como son: el desespigamiento (emasculación) de las plantas de maíz genéticamente modificado para evitar la producción de polen viable; uso de barreras vegetales para la contención de polen; aislamiento de 300 metros de distancia sobre las siembras de cualquier maíz convencional; destrucción de los residuos de cosecha; confinamiento de material vegetal viable (semilla y polen), y el monitoreo permanente de las plantas de maíz durante todo el ciclo del cultivo”, justifica la dependencia en un comunicado oficial.
Para las organizaciones sociales, que cuentan con el respaldo de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, las explicaciones anteriores no son suficientes. “Una decisión de tal envergadura debe ser tomada por secretarios de Estado. Ésta es la función de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) que, no obstante, a lo largo de este año ha venido trabajando con graves dificultades. El secretario ejecutivo, el doctor Manuel Roberts Díaz, presentó su renuncia en días pasados, y quien fungió en el cargo previo a la aprobación de la ley, el ingeniero Villalobos, enfrenta un proceso administrativo por la firma del Acuerdo Trinacional que permite el ingreso de transgénicos sin etiquetado al país. Nos parece prioritario que este organismo tenga un funcionamiento adecuado antes de cualquier decisión y que se lleve a cabo un procedimiento transparente en la elección del secretario ejecutivo, considerando ante todo su independencia frente a intereses particulares”, cuestionaron ayer tanto Adrián Chávez como Víctor Suárez, quienes además de participar en el movimiento de El Campo no aguanta más, son diputados perredistas.