México: exigen grupos campesinos se declare emergencia en el agro de Chihuahua
El Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDCCh), la Alianza Nacional Agropecuaria, Comercializadores y Consumidores, El Barzón y Greenpeace exigieron a la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) y al gobierno de dicho estado que declaren el agro de la entidad en emergencia, por la contaminación del maíz con organismos genéticamente modificadas (OGM), y se proceda a moler la cosecha de maíz amarillo, que es de más de 100 mil hectáreas
Al comenzar hoy la cosecha en esa entidad, las organizaciones campesinas y ambientalista demandaron un monitoreo exhaustivo en todo el estado para evitar la contaminación de las 23 razas del grano que se tienen registradas en Chihuahua y de las 127 colecciones in situ de maíces nativos. “Esta es una emergencia nacional, porque el grano amarillo que está contaminado se comercializa en Jalisco y el estado de México, y Diconsa envía parte de esa producción a la sierra Tarahumara, lo cual pone en riesgo las variedades nativas”, señalaron Miguel Colunga, del FDCCh, y Martín Solís, de El Barzón.
Recordaron que el pasado 16 de octubre un grupo de campesinos se reunió con el gobernador del estado, José Reyes Baeza Terrazas, a quien demostraron que la contaminación del maíz con variedades genéticamente modificadas no se reduce a un predio de 40 a 50 mil hectáreas en el municipio de Cuauhtémoc, como estableció el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, pues se comprobó la venta de 25 mil bolsas de maíz híbrido 7525, en las cuales se detectaron las variedades transgénicas Mono 810, 863 y NK 603, propiedad de Monsanto.
“No sabemos hasta dónde llegue el contagio, por eso se tiene que monitorear la producción maicera de toda la entidad. El compromiso del gobernador fue convocar a un equipo de científicos mexicanos reconocidos para que digan qué hacer ante esa emergencia, ya que el grano se vende a empresas como Lala, Almex de Jalisco, Diconsa y otras del estado de México, además de impedir que las cosechas salgan de Chihuahua”, abundaron en entrevista.
Aclararon que no pretenden “criminalizar” a los agricultores, pues “sabemos que les vendieron la semilla como si fuera convencional, aunque había algunas genéticamente modificadas. No queremos que pase lo que en Argentina y Brasil, donde ante la incapacidad de los respectivos gobiernos para detener la contaminación terminaron legalizando la siembra de OGM”.
Advirtieron que impedirán que se comercialice dicho grano contaminado con variedades transgénicas y, sobre todo, que Diconsa lo lleve a la sierra Tarahumara, donde hay un déficit de 6 mil toneladas. Agregaron que ya pidieron a los científicos Elena Álvarez Bulla, Antonio Turrent, Antonio Serrato y Alejandro Espinosa que convoquen a un grupo de expertos para que expongan a los productores las medidas de protección para evitar que el grano transgénico se expanda por territorio nacional.
De su lado, el subsecretario de Asuntos Internacionales de la Sagarpa, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, aseguró que se ha trabajado en los mecanismos complementarios para garantizar la preservación de las razas del grano, y descartó que haya una “contaminación” de maíz criollo con organismos genéticamente modificados en Chihuahua. “No lo llamaría contaminación. Se ha abusado del término negativo, y no es el caso.”
Insistió en que la investigación e inicio de las siembras experimentales de esa semilla transgénica debe comenzar luego de que se publique el régimen especial de maíz, como establece la Ley de Bioseguridad. “Creo que se debe llevar adelante la investigación para beneficio de la agricultura, lamento que se estén dando estos retrasos, pero espero que pronto se resuelvan.”
Raúl Hernández Garciadiego, consejero latinoamericano de Show Food y quien desde hace 28 años trabaja en el desarrollo de la región Tehuacán-Coxcatlán, propuso que se imponga una sanción multimillonaria a las empresas productoras de OGM en caso de contaminar el patrimonio genético de los pueblos mesoamericanos, como el caso de dicha semilla. “Si esas firmas están seguras de que no causarán contaminación involuntaria, no deberían temer al establecimiento de una sanción suficiente para eliminar todas las cosechas expuestas a esa contaminación y para indemnizar a los productores de la región afectada”, expresó.
Por ejemplo, dijo, en caso de contaminar la región mixteca, la sanción debería ser de no menos de 90 mil millones de pesos para compensar los daños causados, y que diputados y senadores intervengan para proteger el patrimonio genético de los pueblos.