México: exigen campesinos excluir el maíz del Tratado de Libre Comercio
A partir del primer día de 2007, la próxima administración enfrentará un "movimiento creciente del sector campesino en oposición al capítulo de agricultura" del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
Como primer paso, diversos frentes buscan la integración de una coalición amplia de organizaciones rurales para presionar al Congreso de la Unión y "sacarlo de su pasividad" ante el proceder del gobierno federal, que "realiza políticas de desmantelamiento" de la producción nacional y "condena" a México a la dependencia alimentaria.
Al concluir la reunión nacional de organizaciones de productores de maíz, los dirigentes de los agricultores emitieron una declaración en defensa del grano y de la soberanía alimentaria en materias de política pública, comercialización, apoyos, presupuesto rural, organización y financiamiento, así como un plan de acción.
Así, reiteraron su demanda de excluir el maíz del TLCAN. Indicaron que enviarán a la Cámara de Senadores un llamado urgente y de extrema necesidad para que apruebe la minuta de ley de planeación para la soberanía y seguridad agroalimentaria y nutricional en el presente periodo de sesiones.
A la Cámara de Diputados le solicitarán la aprobación de una iniciativa en la que se eleve a rango constitucional el derecho a la alimentación.
Asimismo, demandarán al Congreso la aprobación de un artículo transitorio en la Ley de Ingresos 2007, en el que se establezca la obligatoriedad al Ejecutivo para el cobro de un arancel de 18.2 por ciento a las importaciones de maíz que rebasen el cupo establecido en el TLCAN prohibir la importación del grano amarillo para consumo humano, de conformidad con el principio de precaución, así como otras disposiciones para la administración y ejercicio de los cupos de importación.
Demandarán además que el Congreso emita sendos decretos legislativos ordenando al Ejecutivo federal establecer un mecanismo de administración de las importaciones de maíz, a partir del primero de enero de 2008, y el establecimiento de negociaciones formales con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para excluir dicho grano del TLCAN.
En su pronunciamiento, los agricultores pidieron la preservación y formalización de una moratoria a la siembra de maíz transgénico en todo el país y que el recinto de San Lázaro modifique la Ley de Bioseguridad sobre Organismos Genéticamente Modificados.
Solicitaron que la próxima administración -en este periodo en que integra su plan de gobierno- y el Congreso contemplen la puesta en marcha de un programa nacional 2006-2012 de impulso a la productividad integral sustentable de la agricultura maicera, incluyendo una vinculación estructural de las áreas científicas de los centros públicos de investigación.
Con base en las demandas consensuadas a escala nacional, los productores exigen en su documento el fin del modelo privatizador y del libre comercio en el mercado de maíz, impulsado por los gobiernos federal del PRI y del PAN, "que desde 1998 ha fracasado rotundamente y debe cambiar".