México: estrategia sin soberanía alimentaria
El mundo enfrenta uno de los más graves problemas que los seres humanos pueden vivir: la escasez de alimentos y con ello el incremento de precios, lo que llevará casi irremediablemente a extender las ya de por si trágicas hambrunas en muchos países
Sin embargo, ni la escasez de alimentos ni el incremento de su costo son producto de desastres naturales, sino de la puesta en marcha de procesos socioeconómicos neoliberales con su secuela de privatizaciones, de políticas de ajuste estructural y aperturas comerciales concretadas en diversos tratados de libre comercio, lo que ha permitido desde la década de los 90 del siglo pasado que sean las naciones industrializadas las que manipulen la alimentación en favor de sus intereses.
La falta de alimentos no es sino consecuencia de esas políticas, que han obligado a los países a importar los productos agrícolas al precio que se les impone y ante las cuales es difícil competir por los altos subsidios con los que se exportan. El efecto palpable ha sido la destrucción y devastación del campo, así como las crecientes migraciones. Irónicamente, son estos campesinos quienes están “alimentando”, sin querer, las mismas políticas que los han llevado a abandonar su tierra.
Esther Vivas pone en tela de juicio la escasez de alimentos, dado que el precio de éstos corre a cargo de las grandes trasnacionales que dominan toda la cadena productiva, lo que ha convertido a los alimentos en una mercancía en manos del mejor postor: tierras, semillas y agua son propiedad de las multinacionales, que además deciden los precios. Esto explica, según la investigadora, que la producción de cereales se triplicara a nivel mundial desde los años 60, mientras la población sólo lo ha hecho a escala global y los precios se han incrementado en forma extraordinaria. A esta situación hay que añadir un nuevo fenómeno en la búsqueda de energías alternativas: la producción de agrocombustibles, cuyo problema central es que entra en la competencia, lo cual también afecta el precio de los alimentos.
En este contexto, la propuesta de Felipe Calderón para enfrentar el problema alimentario llevará al país a profundizar aún más nuestra dependencia alimentaria del exterior, léase, por supuesto, Estados Unidos, y a mantener los flujos migratorios.
Calderón anuncia que se van a eliminar los aranceles a la importación de trigo, arroz, maíz blanco y maíz amarillo, sabiendo que eso no es nada nuevo, pues ya se había puesto en marcha desde el inicio del presente año, generando enorme descontento entre los agricultores.
Propone, asimismo, la compra de tractores, fertilizantes y créditos para que los pequeños productores los paguen al final de la cosecha, estrategia que, como señalan los mismos campesinos, va a beneficiar básicamente a los grandes productores, no así a aquellos que están ligados a tierras de temporal, que son la mayoría, y para los que no ha habido ni una palabra.
Error tras error, pues, aun cuando hay la posibilidad de abastecer al mercado mexicano con productos nacionales. Fortalecer el agro mexicano tomaría algún tiempo, pero sería la ocasión de ir recuperando la soberanía alimentaria perdida. Mas esta estrategia no está en el interés del gobierno. Y es que a Calderón se le olvida que soberanía alimentaria es “el derecho de los pueblos a tener garantizada su alimentación de manera suficiente a partir de su producción local y nacional, respetando su diversidad cultural y sus mercados locales. Se trata de un derecho humano fundamental, ligado a la construcción de relaciones comerciales justas a nivel internacional, al desarrollo de una agricultura local sostenible y al respeto de las condiciones laborales de los productores locales”, según estipula la FAO. Y se le olvida también que quien tiene que asumir la responsabilidad de apoyar y hacer realidad los derechos humanos de los habitantes son precisamente el gobierno y sus instituciones.
Qué lamentable que no haya voluntad política para apoyar al campo mexicano, a pesar de que ello no sólo lograría absorber a la población y empezaría a poner un límite a los enormes flujos migratorios, sino que podría ser un aliciente para aquellos trabajadores que sufren las inhumanas deportaciones en el país vecino y a los que se les ofrecería un horizonte posible para su incorporación digna y productiva en suelo mexicano.