México, ejemplo de represión de la protesta social: Stavenhagen
México es un ejemplo de país con tendencia a la criminalización de la protesta social de los pueblos indígenas y a la represión por la fuerza pública, como se demuestra con los casos de Atenco, Oaxaca y Guerrero, informó el relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen
En los casos de Atenco y Oaxaca, la violenta represión del gobierno mexicano sigue impune, pues a pesar de que algunas de las personas detenidas fueron transportadas a cárceles lejanas sin apego a la ley, no se han investigado los delitos imputados ni se ha procedido contra los responsables de las violaciones.
En su sexto informe presentado hoy ante el Consejo de Derechos Humanos, Stavenhagen afirmó que ha recibido numerosas denuncias de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, amenazas y hostigamientos, e indicó que la mayoría de estas violaciones ocurren cuando las comunidades y organizaciones indígenas intentan defender sus tierras, recursos naturales y territorios ancestrales.
El sociólogo mexicano admitió a La Jornada que, al término de su segundo y último mandato como relator, se encuentra "frustrado" por la persistencia de las violaciones que, además, se vuelven más variadas.
A pesar de que los cambios estructurales para incluir al indígena como objeto de derecho y de las reformas constitucionales en la materia, la situación no mejora y las recomendaciones que se han hecho no son efectivamente aplicadadas, añadió.
Stavenhagen se refirió concretamente a los actos civiles de protesta con la participación de indígenas y no indígenas en Atenco y Oxaca en 2006, que fueron violenta y arbitrariamente reprimidos por el gobierno mexicano, con la violación a las garantías individuales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos -narró Stavenhagen a los miembros del consejo, presidido por el también mexicano Luis Alfonso de Alba- recibió mil 200 quejas y registró 20 fallecimientos, 350 personas detenidas y 370 lesionadas, y concluyó que las fuerzas policiacas utilizaron violencia reiterada y excesiva.
El relator se refirió además a los abusos y violaciones cometidos en contra de campesinos de Guerrero opuestos a la construcción de la presa La Parota, el proyecto que el Estado insiste en realizar en territorio indígena sin el consentimiento de la población, y si bien un tribunal instruyó al gobierno para que desista y resuelva el conflicto por vía de la negociación, las autoridades llevan adelante la apertura de caminos.