México: demandan suspender la construcción de la planta regasificadora en Manzanillo
Los grupos ecologistas Greenpeace y Bios Iguana anunciaron hoy que interpondrán un juicio de amparo para frenar la construcción de la planta regasificadora de Manzanillo, cuyas obras fueron puestas en marcha ayer por el presidente Felipe Calderón
Ambas agrupaciones ambientalistas afirmaron que el proceso de construcción del proyecto se ha fincado sobre “una cadena de hechos ilegales”, por los que buscarán la forma de detener dicho proyecto.
Es más, anunciaron que interpondrán una denuncia penal contra el presidente Calderón; el gobernador Jesús Silverio Cavazos; el secretario de Desarrollo Urbano del estado, Eduardo Gutiérrez Navarrete; el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafel Elvira Quesada, así como los presidentes municipales de Armería y Manzanillo.
La coordinadora general de Bios Iguana, Esperanza Salazar Zenil, afirmó que también será promovido un juicio político contra el presidente Calderón, “por su complicidad y responsabilidad en los delitos de destrucción ambiental”, pues la obra, dijo, destruirá ocho mil metros de manglar y afectará de manera irreversible el ecosistema de la Laguna de Cuyutlán, refugio natural de cientos de especies de aves migratorias del pacífico mexicano.
Durante el acto de colocación de la primera piedra de la regasificadora, Calderón sembró un árbol y destacó el hecho de que la Semarnat haya dado instrucciones de que “por cada mangle que se tuviera que mover a otro lado, se plantaran cinco árboles de mangle más”.
Al respecto, Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de océanos y costas de Greenpeace México, señaló que con el aval del gobierno federal para construir la regasificadora en la Laguna de Cuyutlán, Calderón retomó la política de juzgar a los manglares “como si fueran árboles de Navidad”.
Advirtió que, si bien el árbol de mangle se puede plantar, “con una plantación de mangle jamás se reemplazará la biodiversidad y las funciones ecológicas del ecosistema; una regasificadora jamás proporcionará los servicios ambientales que los manglares ofrecen”.
En un comunicado conjunto, Greenpeace y Bios Iguana señalaron que Colima tiene 3,192 hectáreas de manglar, de los que se pierde 2% anualmente, mientras que la Laguna de Cuyutlán, donde se pretende construir la regasificadora, cuenta con mil 500 hectáreas de manglar y alberga especies en riesgo, como el cocodrilo y las iguanas negras y verdes, además de que está ubicada en un sito crítico para la migración de las aves playeras en la ruta de la Costa Pacífica.
Denunciaron que los gobiernos federal y estatal avalaron la afectación de los manglares al autorizar la construcción del proyecto, en el que se invertirán cerca de 700 millones de dólares.
Y enumeraron las anomalías: modificaciones ilegales al Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Subcuenca de la Laguna de Cuyutlán, la Semarnat aceptó cambios de uso de suelo y fue modificado el programa de desarrollo urbano sin justificación técnica y jurídica por parte del ayuntamiento de Manzanillo, sólo para beneficiar este proyecto.
Esperanza Salazar dijo que la sociedad colimense fue excluida intencionalmente, pues no se le permitió participar con sus comentarios para la valoración del proyecto, además de que quienes se han opuesto a la construcción de esta regasificadora han sido acusados de contravenir a la inversión privada y la generación de empleos.
Añadió que en Manzanillo activistas opositores al proyecto “han sufrido la intimidación oficial y la represión directa por parte de escoltas del gobernador Silverio Cavazos y de policías del estado”.