México: campesinos exigen rescatar maíz y frijol
Alertan sobre daños que provoca el TLCAN
Dirigentes de medio centenar de organizaciones campesinas propusieron al gobierno la formación de un grupo especial intersecretarial de alto nivel bajo la coordinación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para el diseño, operación, seguimiento y evaluación de un programa emergente de impulso y productividad sustentable de maíz y frijol.
Los también firmantes de la llamada Declaración del Zócalo se pronunciaron por la actualización y replanteamiento del Acuerdo Nacional para el Campo, conformado por 283 apartados, entre los cuales está la solicitud de revisar el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El Congreso Agrario Permanente, los consejos nacionales de organizaciones campesinas y Rurales y Pesqueras, Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos y el Barzón-Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros asentaron que ante el inicio del año 15 del TLCAN con la consecuente liberalización total de los productos agropecuarios, hay que sentar las bases la reorientación de fondo de la política agrícola, comercial y alimentaria, de conformidad con los derechos de los campesinos, la soberanía alimentaria y nutricional de la población, el derecho a la alimentación de los mexicanos y la seguridad nacional.
Y aunque los dirigentes campesinos consideraron insatisfactoria la respuesta del gobierno a la postura de las organizaciones de revisar el TLCAN y castigar a los acaparadores y especuladores del maíz, destacaron que continuarán pugnando por el establecimiento de los principios básicos para la producción de maíz y frijol con un enfoque territorial y micro regional, dando prioridad a las unidades de producción de pequeña y mediana escala que elimine el desorden y desequilibrio entre producción y consumo de los cultivos.
La propuesta rechaza el uso de semillas transgénicas y asienta que sólo deberán utilizarse semillas nativas, criollas e híbridos cuya calidad ya ha sido demostrada y cuenten con una apropiada adaptación a cada zona productora del país. Establece que no es necesario ampliar la frontera agrícola sino que al programa tendrán que incorporarse áreas que cuentan con infraestructura de riego, parcelas ociosas o subutilizadas, en regiones de regular y buen temporal.
Asienta que en este esfuerzo por elevar la productividad de maíz y frijol, las organizaciones campesinas deben considerarse la pieza central, y por eso sugieren la firma de contratos o convenios de corresponsabilidad.