México: aprueba el Senado la Ley de Bioseguridad, pese a deficiencias

Pese a que reconoció que se trata de una legislación deficiente, que no protege la salud de los mexicanos y beneficia a las trasnacionales, el Senado de la República aprobó ayer la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, luego de una larga discusión en la que legisladores del Verde Ecologista, del PRD e inclusive del PRI intentaron modificar los artículos más controvertidos, sobre todo el 101 y el 121. La intervención del panista Javier Corral Jurado fue fundamental, ya que advirtió sobre los intereses económicos que están en el fondo de la discusión sobre el impacto de los transgénicos en la salud, pero finalmente se impuso el criterio de la mayoría PRI-PAN, en el sentido de que sólo podían aprobar o rechazar las modificaciones hechas por la Cámara de Diputados.

"No podemos modificar lo que ellos modificaron, pues iríamos más allá de lo que la Constitución nos permite y podíamos dar pie a un juicio de controversia o de acción de inconstitucionalidad o a uno de amparo por violación al procedimiento", advirtió el vicepresidente de la mesa directiva, Carlos Chaurand, luego de dos horas de debate, en momentos en que la mayoría de los senadores habían tomado consciencia de las deficiencias de la nueva ley.

De entrada, el perredista Armando Chavarría, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología -quien no tuvo a su cargo el dictamen de la iniciativa, pues acaba de asumir el cargo- pidió una moción suspensiva. Argumentó que no se respetó el procedimiento legislativo. "Esto es un tráfico, un proceso ilícito y antitético", dijo al señalar "que más bien es un albazo", pues nadie sabe quién elaboró el dictamen y hubo dolo en su presentación. "Hubo un golpe de mano, hubo triquiñuelas". Agregó que el procedimiento fue tan desaseado que coloca en la línea de sospecha a quienes lo elaboraron. Su propuesta fue rechazada. La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Verónica Velasco, lamentó la falta de sensibilidad de los senadores. "Este es un país de maravillas políticas", porque "nos encontramos ante la presencia de un dictamen producto de la generación espontánea, elaborado sin que intervinieran los presidentes ni las secretarías técnicas de las comisiones responsables. Estoy convencida de que tiene serias deficiencias".

Para justificarse, el priísta Adrián Alanís Quiñones, secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología, señaló que la iniciativa tiene tres años, que el Senado fue Cámara de origen, aunque aceptó que sólo 14 senadores aprobaron el día 3 de febrero la minuta proveniente de la Cámara de Diputados. La ley se aprobó en lo general con 87 votos en favor, 16 en contra y seis abstenciones, pero se reservaron para discutir varios artículos, entre ellos los controvertidos 101 y 121. Tanto Verónica Velasco como Chavarría propusieron modificaciones a los mismos, ya que tal como están redactados contienen varias inconsistencias jurídicas.

Sobre el artículo 101, Velasco destacó que la modificación que hicieron los diputados va en contra del sentido general de esa ley, la que en su artículo primero establece que la legislación tiene por objeto prevenir, evitar, y reducir los posibles riesgos que los transgénicos puedan ocasionar a la salud humana, al medio ambiente y a la diversidad biológica. Los diputados consideraron que la obligación de etiquetar aquellos productos para consumo humano que contengan organismo genéticamente modificados (OMG) sólo será en los casos en que "estas características sean significativamente distintas respecto de los productos convencionales". Es evidente, dijo, que al transgredir el principio precautorio se incumple con el objeto de la ley. La senadora hizo notar que todos los productos deben expresar claramente en sus etiquetas los riegos que representan, mas aun tratándose de OGM y planteó una nueva redacción al artículo 101.

También planteó otra redacción para el 121. El priísta Abel López Sánchez la secundó al argumentar que los diputados establecieron el etiquetado obligatorio para todos los productos que contengan OMG, pero excluyeron a sus derivados, lo que las corporaciones trasnacionales aprovecharán para evadir su obligación de informar a los consumidores sobre el origen de los ingredientes con los que preparan alimentos. Para el artículo 121 planteó un cambio mínimo, que elimina una sola palabra, pero refuerza el mecanismo sumamente débil en la minuta en materia de responsabilidad y reparación del daño. Precisó además que la ley establece un régimen de responsabilidad subjetiva que implica sólo sancionar cuando se comete un ilícito, ya que sólo plantea que "toda persona que con pleno conocimiento de que se trata de organismos genéticamente modificados, cauce daños a terceros en sus bienes o su salud, por el uso o manejo indebido de dichos organismos, será responsable y estará obligado a repararlo en los términos de la legislación civil federal; igual obligación asumirá la persona que dañe el medio ambiente o la diversidad biológica".

Con sólo eliminar la palabra "indebido", insistió el priísta, se daría seguridad a los mexicanos. Corral dijo que al Senado "no se le puede escapar el derecho de los consumidores a identificar los productos convencionales de aquellos que han sido modificados genéticamente, a decidir qué es lo que comen o no". Ojalá que haya espacio para la rectificación, insistió, pero Chaurand advirtió que como la minuta regresaba al Senado sólo podían aprobarla o rechazar los cambios. Con ese razonamiento y los cabildeos tanto de Enrique Jackson como de Diego Fernández de Cevallos en sus respectivas bancadas, se rechazaron los cambios propuestos, por lo que Abel López retiró su propuesta. Esta segunda votación fue de 71 en favor de priístas y panistas, y 21 en contra. Para paliar la culpa, parte de los senadores que avalaron la minuta señalaron que una vez promulgada la ley presentarán iniciativas para reformar los artículos 101 y 121. Previo a la sesión, un grupo pequeño de manifestantes de Greenpeace realizó un plantón afuera del Senado, cuyas instalaciones estuvieron resguradadas por la fuerza pública. Fernández de Cevallos les respondió que era una minuta y que se iba a discutir en el pleno.

La Jornada, México, 16-2-05