Más de cuatrocientas mil personas rechazan explotación minera en Guatemala
El proceso de Consultas Comunitarias impulsado por organizaciones de Pueblos Originarios de Guatemala contabilizó un rotundo rechazo a la minería a cielo abierto
"Sólo en el departamento de Huehuetenango, cerca de 400.000 personas de 20 municipios, hemos rechazado rotundamente este modelo de desarrollo", expresó Francisco Rocael Mateo Morales, del Consejo Departamental por la Defensa de los Recursos Naturales de Huehuetenango.
Hasta ahora, 20 municipios de los pueblos mayas Mam, Poptí y Q´anjobal han ejercido sus sistemas tradicionales de gobierno participativo mediante el procedimiento de la consulta comunitaria.
Con este mecanismo, todas las personas de una comunidad son invitadas a participar, así sean mayas o no mayas, mujeres y hombres, ancianos y niños, personas empadronadas o sin documentación.
En todas estas consultas, la población se ha manifestado casi unánimemente contra la explotación minera a cielo abierto, debido a las nefastas consecuencias que genera con la contaminación del agua, el aire y la tierra.
Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas está otorgando licencias de reconocimiento y explotación de una manera irresponsable y sin tener en cuenta las decisiones de las poblaciones que habitan en los lugares donde se establecen las empresas mineras, según expresaron las y los representantes de las distintas organizaciones que convocaron la conferencia de prensa.
Esta actividad fue organizada por las autoridades municipales y comunitarias, organizaciones sociales de los municipios de Jacaltenango, Santa Ana Huista y Chiantla, acompañados por las coordinadoras mayas mam, poptí y q´anjobal , la Asamblea Departamental de Huehetenango por la Defensa de los Recursos Naturales, el Consejo de los Pueblos de Occidente y la Convergencia Nacional Indígena Waq´ib Kej.
Tras la rueda de prensa, una delegación de todas estas organizaciones se entrevistó con el grupo parlamentario indígena del Congreso de la República, así como con autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas.
Las entrevistas con las autoridades públicas se hicieron con la intención de hacer valer el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Mundial de los Pueblos Indígenas, donde se establece la necesidad de que los estados consulten con las comunidades indígenas antes de emprender proyectos en sus territorios.