Madagascar: multinacionales y gobiernos, a la caza de tierras cultivables
Compran campos en países pobres para cultivar y llevarse los alimentos. Una firma sudcoreana negocia con Madagascar 1,3 millón de hectáreas
Madagascar, un país-isla de África donde el ingreso por persona no llega a 1 dólar diario (320 al año), es famoso estos días por la película de animación que lleva su nombre y porque -y este no es un cuento de niños-, la empresa surcoreana de logística Daewoo negocia la compra de más de la mitad de su tierra cultivable para sembrar allí y alimentar a los surcoreanos, cuyos ingresos rondan los 20 mil dólares por año.
En Madagascar, 70% de la gente vive bajo el umbral de pobreza considerado por Naciones Unidas. Y recibe asistencia del Programa Mundial de Alimentos. Su gobierno está en conversaciones con el de Seúl para alquilarle a Daewoo, por 99 años, 1,3 millón de hectáreas de tierras aptas para producir maíz, aceite de palma -que sirve como biodiesel-, arroz y otros cultivos. Si hay acuerdo, sería un reservorio alimenticio y energético para el pequeño y rico país asiático.
El caso fue difundido en diciembre por el diario británico Financial Times y retomado por la prensa internacional. Las agencias de noticias Bloomberg y Reuters y el diario español El País abundaron sobre los detalles del negocio. Daewoo invertiría US$ 6.700 millones durante 20 años para montar un puerto, la infraestructura necesaria para llevar a Corea lo producido y algunos beneficios para la población local, como puestos de empleo y una escuela.
La modalidad Daewoo, que ya posee tierras en Indonesia y otros países, tiene aval del gobierno surcoreano, que busca garantizar para su población reservorios alimenticios y energéticos, igual que hacen China, Estados Unidos y países mayormente superpoblados o con recursos insuficientes.
Si bien Corea del Sur está adelantado (en Argentina, sin ir más lejos, ya tienen 21 mil hectáreas compradas para ganadería, informó la ONG Grain), su caso ilustra un fenómeno mucho más vasto y, para muchos, preocupante. Organizaciones como Vía Campesina -una "internacional" de campesinos que se organizó para resistir la globalización neoliberal y proponer caminos alternativos de soberanía alimentaría- u ONGs nacionales de Brasil, Argentina, Uruguay y otros países están inquietas hace rato por la extranjerización de las tierras, y han forzado en algunos casos la sanción de leyes protectivas.
El propio director general de la FAO, la agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, Jacques Diouf, alertó que algunas operaciones pueden ser consideradas "neocoloniales".
Según la FAO, ya hay en el mundo 1.000 millones de hambrientos, una tendencia creciente que se agudizó con la carestía de alimentos y energéticos a mediados de año (luego, enfriada por la crisis global) y que el fenómeno de compra de tierras por parte de gobiernos extranjeros y multinacionales no parece hacer mucho para resolver.
De acuerdo con datos de Grain, cuya sede está en España, citados por la agencia de noticias France Press, algunos ejemplos de compras de tierras en estas condiciones son las del banco estadounidense Morgan Stanley, el inversor ruso Renaissance Capital y el fondo británico Landkom en Ucrania por un total de 700 mil hectáreas; los fondos suecos Black Earth Farming y Alpcot Agro en Rusia por 450 mil; el grupo japonés Mitsui y el holandés Louis Dreyfus en Brasil por 160 mil; o capitales sauditas, egipcios y surcoreanos en Sudán en 700 mil hectáreas.
El gobierno chino ha realizado numerosas giras por África y Latinoamérica donde, entre otros temas, ha planteado el asunto de la compra de tierras. Y el fenómeno abarca a tierras de la propia economía líder, Estados Unidos, donde inversores de Japón tienen más de 200 mil hectáreas para producir alimentos para el mercado nipón.
Cuando se conoció el caso de Daewoo en Madagascar, un ejecutivo de la compañía, Hong Jong-wan, admitió: "Queremos plantar granos allí para garantizar nuestra seguridad alimenticia. El alimento puede ser un arma en este mundo".
Movimientos sociales han bautizado el fenómeno como the last land grab, la última apropiación de la tierra. En Argentina, el GEPAMA, Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente, informó que "de los 170 millones de hectáreas agropecuarias de todo el país, 74,3 millones están en poder de tan solo 4 mil dueños, con una creciente participación de capitales extranjeros. Son las propiedades que van desde las 5.000 hectáreas en adelante". Y que "comparada con tierras agrícolas de los EE.UU. o la Unión Europea, la tierra en la Argentina representa en precios 50 y 25% de lo que costaría comprarlas en estos países o bloques, siendo que además por sus condiciones agronómicas y ambientales, permiten una explotación y producción de cultivos anuales más intensa (por ejemplo, para la explotación de soja)".
Ello explicaría la preocupación que han manifestado estos años desde ONGs y movimientos sociales hasta partidos políticos que impulsaron leyes de protección, la Iglesia Católica, la Federación Agraria Argentina (que en 2004 denunció que 10% de la tierra nacional ya pertenecía a extranjeros), la CTA, la FTV y otras organizaciones.