Las grandes infraestructuras hoy no benefician al desarrollo local
Así lo afirmaron expertos de todo el continente, al destacar que las actuales iniciativas de “integración regional” se enfocan en mejorar las vías de exportación, acelerando la extracción de recursos naturales y empobreciendo las comunidades locales que viven de ellos
• Fortalecerán el Observatorio de UICN SUR y el seguimiento de las grandes obras en la región, buscando información y participación.
• Reclamaron a los gobiernos beneficiar a las comunidades locales e indígenas, y promover tecnologías social y ambientalmente apropiadas.
En el marco del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN que tiene lugar en esta ciudad, expertos de todo el continente sudamericano participaron del taller “Impactos sociales y ambientales de IIRSA y otras iniciativas de grandes infraestructuras para la integración”, organizado por la Fundación PROTEGER. Junto a líderes y representantes de comunidades, analizaron el impacto de las grandes obras de infraestructura y energía propuestas en la región, y también de las que se llevan adelante, sin estudios de impacto adecuados y casi siempre sin consultar a las comunidades locales.
La selva amazónica, los glaciares y lagos patagónicos, el río Paraná y el Pantanal de Mato Grosso, todos ellos indispensables para la vida y el desarrollo social y económico, corren graves peligros, al igual que otros importantes ecosistemas sudamericanos.
Grandes proyectos de infraestructura y energía, promovidos en nombre de la “integración regional”, amenazan estos ambientes irremplazables con la construcción de gigantescas carreteras, represas e hidrovías, con el objetivo de generar mayor tráfico de materias primas –mayormente para la exportación, y más energía para las industrias y las grandes ciudades.
Uno de los ejes del debate reveló que más allá de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), lanzada hace casi una década, hoy se promueven otras grandes inversiones con previsibles impactos a gran escala sobre los ecosistemas y sobre la sociedad -incluyendo el aumento de los indicadores de pobreza.
El taller, coordinado por el presidente del Comité Sudamericano de UICN, Jorge Cappato, incluyó un debate con los participantes y la formulación de recomendaciones para la continuidad del trabajo de UICN sobre las iniciativas de infraestructura de integración regional.
Beneficios e impactos
¿A quiénes benefician y quiénes pagan los costos de los impactos de los actuales procesos de integración? ¿Qué alternativas de desarrollo sustentable existen? ¿Qué deben priorizar los gobiernos? Estas fueron algunas de las preguntas que se debatieron durante el encuentro.
El panelista Alcides Faria, Director Ejecutivo de ECOA (Ecologia e Ação), del Brasil dijo que ese país tiene pensado realizar varias represas y una hidrovía en la región de Manaos, el Amazonas y Porto Alegre y aseguró: “Hoy hay un fuerte protagonismo del gobierno brasileño. En diciembre el presidente, Luiz Inacio Lula Da Silva, va a lanzar las bases de un nuevo proyecto de integración sudamericana y va a financiar esto. Gran parte será financiado por el Banco Nacional de Desarrollo Social (BNDES)”.
Faria remarcó la importancia de “entender que infraestructura para la integración regional sudamericana es hoy mucho más que la iniciativa IIRSA; tenemos que conocer cuáles serán desde ahora las grandes inversiones y quiénes las estarán promoviendo”.
Por otra parte argumentó que es posible crecer de una forma sustentable. “Debemos promover buenos ejemplos de infraestructura y energía que favorezcan el desarrollo local y que utilicen energías renovables como la solar”, afirmó el director ejecutivo de ECOA.
El Observatorio SUR
Por su parte Robert Hofstede, oficial de programa de la Oficina para Sudamérica de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), expresó: “nuestro compromiso es continuar con el Observatorio sobre infraestructura”. Y agregó: “necesitamos nuevas ideas para dar continuidad al trabajo y preparar diferentes proyectos para tener mayor operatividad”.
Joao de Queiroz, flamante director regional de la oficina UICN SUR con sede en Quito, dijo por su parte que en este tema es "imprescindible articular el trabajo regional entre los miembros de la UICN, la oficina y los distintos actores, incluyendo a la sociedad, a las entidades financieras y a los tomadores de decisión".
En ese sentido, María Eugenia di Paola, directora ejecutiva de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Argentina, señaló: “el gran desafío en los procesos de monitoreo es encontrar la articulación de herramientas, no es suficiente con una o algunas: pedidos de informe, generar propuestas legislativas, exigir información y participación al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esperamos lograr un cambio de cultura, con participación y control por parte de la sociedad en las grandes iniciativas de integración”.
La representante de FARN planteó además el problema del avance de la frontera agrícola para los biocombustibles: “en la Argentina hay una fuerte promoción de los biocombustibles provenientes del agro, se trata de un grave error; estos cultivos compiten en superficie con los alimentos, aumentando su precio en el mercado global, e incentivan los desmontes, poniendo en peligro los ecosistemas y las poblaciones que de ellos dependen”.
A su turno, Gabriela Chavarría, directora del Centro de Ciencia del Natural Resources Defense Council (NRDC) con sede en Estados Unidos y Chile planteó los serios problemas que representan para la región sur del continente los proyectos de represas en la patagonia chilena. “El tendido eléctrico que pretende hacer el gobierno en Chile es una gran amenaza, porque el proyecto incluye la construcción de cinco represas en los ríos Parker y Pascua. Se va a llevar a Santiago un tendido de más de 2.000 kilómetros, atravesando todas las áreas naturales prístinas, algunas con gran endemismo de especies. El gobierno chileno no hizo un estudio de impacto ambiental para desarrollar esa iniciativa”, aseguró Chavarría.
Chavarría propuso “impulsar proyectos de energía eficiente sin necesidad de destruir áreas naturales en la Patagonia, ni en ninguna parte. Tenemos una resolución, la Nº 65, que nos da la oportunidad de parar estos proyectos que atentan contra las áreas protegidas”.
Informar para participar
Al momento de realizar propuestas para el fortalecimiento del monitoreo y de generar iniciativas sustentables Jenny Gruenberger, directora ejecutiva de la Liga de Defensa del Medio Ambiente - LIDEMA (Bolivia) dijo: “Es importante informar a los gobiernos sobre la fragilidad de nuestras ecorregiones y a la vez exigir información sobre los nuevos proyectos; denunciar el incumplimiento que se está haciendo de todas las convenciones regionales e internacionales, y exigir la aplicación del principio precautorio; y fomentar fuertemente la comunicación hacia la sociedad y la participación de los actores sociales”.
En el taller los expertos dejaron en claro de qué manera la modificación irracional del ambiente puede generar costos sociales irreparables. En ese sentido, Ángeles Pereira, directora del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), Argentina, citó el caso del proyecto de la represa binacional Garabí, entre Argentina y Brasil. “Se producirán afectaciones ambientales con el desplazamiento de más de 5.000 personas, la alteración del modo de vida y la salud de la gente. En términos sociales y ambientales esto es lo que implica este tipo de modelo de desarrollo”, sentenció Pereira.
A la hora de buscar respuestas a las preguntas que surgieron en el taller Carmen Miranda, Vicepresidenta Hispano Sur América de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas –CMAP- de UICN, explicó quienes son algunos de los beneficiarios de las megaobras de infraestructura en Sudamérica: “Varias instituciones han realizado evaluaciones y predicciones mostrando cómo el proceso de cambio de uso del suelo nos da un panorama muy sombrío. El modelo de desarrollo económico arrasa los ecosistemas. La región crece un 6 por ciento anual que no responde a la demanda local, sino global. Entretanto, las instituciones que financian las grandes infraestructuras no informan, ni cumplen con sus propias exigencias ambientales y sociales”, aseguró la especialista.