La iglesia rionegrina planteó sus críticas al proyecto de sojización con China
Los Departamentos de Pastoral Social de las Diócesis de San Carlos de Bariloche, del Alto Valle y de Viedma expresaron su desacuerdo “con el alquiler de tierras públicas o privadas ni a grandes Pools de Siembra, sean argentinos o extranjeros, ni a provincias de un país como China”
Plantearon que no se dará "la bienvenida a la soja y otros cultivos industriales, en las condiciones que contiene el acuerdo firmado, que en definitiva es hipotecar el futuro de los rionegrinos”.
Los referentes de la Iglesia Católica, a través de la Pastoral Social, plantearon que “los argentinos tenemos que ser capaces de irrigar y hacer fértiles las tierras de los valles del Río Negro que aún no lo están
Indicaron que habría que replicar lo que en su momento se hizo “en el Alto Valle y en Mendoza y lo hicimos los Argentinos, en este último caso, tomando de las culturas indígenas los canales de riego”.
“Si hubiera una política agropecuaria y agroindustrial bien analizada, elaborada por expertos, que los tenemos, y consensuada con el pueblo incluidos empresarios no rentistas se podría saber que es lo que conviene plantar, cosechar e industrializar en estas tierras ganadas al %u2018desierto’ por el agua”, aseveraron en el documento.
Opinaron que las medidas del gobernador de Río Negro “reiteran la concepción rentista de las actividades productivas, donde en este caso se alquila, se recibe el precio del alquiler, las inversiones y la ocupación de mano de obra que estas tareas requieren y el impuesto a las ganancias, si es que no se les da años de gracia como ocurre con las mineras”.
Y agregaron: “Luego se exporta lo que China, en este caso, produce y el país puede quedarse también con la retención a las exportaciones que correspondan a los bienes agrícolas producidos a costa de un agotamiento prematuro de tierras que serán explotadas al máximo en los 20 años que dure el alquiler de las mismas”. Concluyeron que de esta manera se produce “un enclave”.
Finalmente pidieron que intervengan los legisladores y denunciaron que el gobierno “estaría violando la Ley Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental Nº 3266 y la Ley Nacional del Ambiente Nº 25675 porque no se hizo estudio de impacto ambiental ni audiencias públicas”.