La conciencia ética de los pueblos
En 1966 a iniciativa de Bertrand Russell, filósofo, matemático y Premio Nobel de la Paz se puso en marcha la primera sesión de lo que hoy conocemos como el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), en aquel momento para juzgar los crímenes de guerra cometidos por el gobierno de los Estados Unidos en Vietnam
Entre sus miembros destacaban el filósofo Jean-Paul Sastre o la escritora Simone de Beauvoir que sentenciaron que la guerra de Vietnam constituyó una "agresión americana" que atacó los derechos fundamentales del pueblo vietnamita con represión injustificada a la población; experimentación de armas nuevas; sometimiento de los prisioneros vietnamitas a tratos inhumanos, prohibidas por las leyes de la guerra, y particularmente tortura y mutilación, entre otros detalles. El tribunal se reunió posteriormente en 1975 para abordar las violaciones de los derechos humanos por parte de las dictaduras en América Latina contando entonces con personalidades como los escritores Gabriel García Marquez o Julio Cortazar, el pensador y político Juan Bosch ex presidente de la República Dominicana o el sociólogo James Petras.
En Lima también se ha analizado con dos ejemplos el papel que juega el capital financiero que hace posible la presencia de estas empresas en la región. En concreto se ha analizado el papel del Banco de Santander y el BBVA. Su apoyo es fundamental para las actividades de por ejemplo las petroleras REPSOL YPF y Petrobrás, también de la compañía energética Iberdrola, de la megapapelera que la empresa ENCE planea instalar en Uruguay, son financiadores de dos minas a cielo abierto en Chile y otras dos en Perú, y también están financiando el controvertido negocio de los agrocombustibles con su apoyo a firmas como Bunge.
Todas las pruebas, todos los análisis finalizan con una misma sentencia: las empresas transnacionales europeas, con la colaboración del capital financiero, actúan en todo el continente, usando todos los métodos posibles, sin ninguna responsabilidad social, con el único objetivo de aumentar, a cualquier costo, sus tasas de ganancia. Sus proyectos implican la expulsión de miles de personas de sus hogares, la pérdida de biodiversidad y una amenaza para la soberanía alimentaria.
Por ello el dictamen del TPP exhorta a los Estados y gobiernos de América Latina y el Caribe a que "se garantice la soberanía y dignidad de los pueblos antes que los intereses económicos de los sectores privados, impidiendo la privatización de los recursos fundamentales para la vida como agua, aire, tierra, semillas, patrimonio genético y asegurando el acceso universal a los servicios públicos" y que "se asegure el acceso rápido y eficiente a la justicia y el respeto y aplicación prioritario de las convenciones, pactos internacionales, declaraciones y normas de la OIT y en general de los derechos humanos, ambientales y de los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas".
Con los Tribunales Permanentes de los Pueblos, escuchando los testimonios que se presentan, con analistas que sólo les mueve garantizar la defensa de los Derechos Humanos, las sentencias son jurídicamente simbólicas, pero con una carga ética que arma de razón a los movimientos y organizaciones coordinados en las denuncias y luchas contra esta globalización.