Hostilidad del gobierno colombiano
Más glifosato y militares en la frontera con Ecuador
El presidente electo de ecuador, Rafael Correa, cree que existen posibilidades de solucionar el conflicto con Colombia, pero Alvaro Uribe ordenó un incremento de militares en la frontera.
La ministra de Relaciones Exteriores de Rafael Correa, María Fernanda Espinoza, confirmó que el presidente electo de Ecuador viajará este viernes a Colombia, a pesar del conflicto diplomático que mantienen ambos países desde que el gobierno de Álvaro Uribe retomó las aspersiones aéreas con glifosato sobre la franja limítrofe de 10 kilómetros. Correa prevé que su visita a ese país, por invitación del propio Uribe, no sólo podría disminuir las tensiones, sino también iniciar un camino de negociaciones para solucionar la controversia.
Las aspersiones colombianas contra las plantaciones de coca comenzaron hace poco más de una semana, violando el documento bilateral suscripto el 7 de diciembre de 2005, por el cual Bogotá se comprometía a fumigar de forma manual bajo la supervisión de una comisión de las Naciones Unidas para evaluar los efectos del glifosato.
Según el gobierno de Uribe, la decisión se tomó tras comprobar que en la zona existen unas 10 mil hectáreas de cultivos de hoja de coca sembradas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). De tal manera, el presidente colombiano interpretó que los “terroristas” -como llama Uribe a los guerrilleros de las FARC, en sintonía con el discurso de Washington- se habían beneficiado con el acuerdo que suspendió las fumigaciones aéreas.
Sin embargo, los datos de la Junta de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU echan por tierra los argumentos colombianos, ya que de acuerdo a su informe de 2005 los cultivos de coca en la frontera norte de Ecuador son “limitados” y “esporádicos”. Además, muchos especialistas coinciden en que las fumigaciones no logran erradicar las plantaciones ilícitas porque los productores las desplazan constantemente de un lado a otro.
Los magros resultados del Plan Colombia en la “lucha antinarcóticos”, así como el de otros programas que llevan el mismo sello del Departamento de Estado norteamericano (Plan Colombia II y Plan Patriota), dan testimonio de dicha tendencia. Incluso, reafirman que el glifosato no termina con la coca, pero arrasa con los cultivos de alimentos y causa malformaciones genéticas en seres humanos, animales y vegetales.
De ahí que el presidente ecuatoriano Alfredo Palacios haya decidido adoptar una firme postura frente al problema, que derivó en el llamado a consulta de su embajador en Bogotá, Alejandro Suárez, y la interrupción del diálogo con Colombia hasta que se detengan las aspersiones.
Este martes el gobierno saliente se reunió con las autoridades que asumirán el próximo 15 de enero para establecer una posición común frente al conflicto. El encuentro se concretó entre el canciller Francisco Carrión y Maria Fernanda Espinosa, quien reconoció la nocividad del herbicida a partir de dos informes elaborados por académicos de Quito. "Hay resultados de estudios nuevos, de grandes investigadores, científicos ecuatorianos de la universidad Católica (privada) y de la universidad Central (estatal), que han descubierto la alteración de células que conducen, por ejemplo, a la malformación de fetos", aseguró la futura ministra.
El propio Correa ya manifestó su oposición a las fumigaciones cuando se desató el conflicto. "Nosotros vamos a ser muy firmes en eso. Entendemos el problema que tiene Colombia, pero tendrán que erradicar la coca a pie", aseguró el mandatario electo el 12 de diciembre pasado.
A pesar de todo, Correa no pierde las esperanzas y cree que su visita a Colombia es una posibilidad concreta para convencer a Uribe de volver a suspender el riego de glifosato sobre la frontera común.
Pero también es posible que Correa se choque contra una pared, sobre todo si se tiene en cuenta que, en las últimas horas, Uribe ordenó el incremento de militares en la zona limítrofe con Ecuador. "Cerca de 13.500 hombres van a estar haciendo presencia en esos sectores del sur de Colombia, precisamente porque tenemos la gran preocupación de ese territorio, de ese sector, donde queremos cada día hacer mayor presencia", aseguró el embajador colombiano en Quito, Carlos Holguín.
Según un cable de AP, el diplomático destacó que la medida se corresponde con un replanteo de la estrategia del “Plan Patriota”, que fue diseñada para “combatir a los grupos vinculados al narcotráfico, al terrorismo y a la guerrilla”. En este sentido, Holguín agregó que las autoridades de su país están estudiando la construcción de un puesto fronterizo, cerca del puente del río San Miguel.
No por casualidad, las hostilidades y el replanteo del llamado “Plan Patriota” se producen un mes antes de la asunción de Correa. El presidente electo deberá manejarse con mucho cuidado durante su visita a Bogotá porque George W. Bush, a través de Uribe, hará de la frontera colombiano-ecuatoriana un punto de permanente tensión para desestabilizar al gobierno progresista que se instalará en Quito.
De todos modos, para las FARC, también existen razones de carácter interno. Luego de desmentir que los cultivos de coca que combate Uribe pertenezcan a su organización, aseguró que el gobierno colombiano “acude a las fumigaciones en el Putumayo y Nariño para evadir su responsabilidad en la grave e irreversible crisis política” del país. “No es más que una cortina de humo para tapar los graves escándalos que rodean a su gobierno a raíz del destape de la narco-para-política que involucra a altos funcionarios del gobierno y a parlamentarios uribistas en los peores ilícitos como masacres de campesinos, asesinatos de sindicalistas, fraudes electorales, saqueo de los presupuestos públicos y el descarado favoritismo judicial hacia los jefes paramilitares”, agregó un comunicado con fecha del 16 de diciembre.
Cabe tener en cuenta que desde que se inició la desmovilización de paramilitares en Colombia, varios comandantes de esas fuerzas empezaron a contar la verdad sobre sus nexos con el poder político en el marco de las investigaciones que lleva a cabo la justicia federal.
Los últimos testimonios dan cuenta de la existencia de acuerdos secretos entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el presidente Uribe. Según la revista colombiana Cambio, los paramilitares Miguel Ángel y Víctor Mejía informaron que escuadrones paramilitares financiaron la campaña presidencial del mandatario a cambio de evitar deportaciones y recibir bajas penas de prisión. "Pregúntenle a cada comandante cuánto aportó para la campaña de Uribe porque la mayoría contribuyó con algo", aseguraron los hermanos Mejías.
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