Honduras: la resistencia contra la industria minera
La explotación minera en gran escala nunca ha sido realizada por nosotros(as); el coloniaje fue opresivo contra la cultura y contra la vida ya que perdimos gran parte de nuestra riqueza natural y humana durante esa feroz etapa histórica
En el siglo XIX asistimos a un periodo postcolonial estadounidense y británico (minas, tabaco, alcohol y banano); cuyo impacto en la pobreza, corrupción, drogas y las consecuencias de pánico, terror, tortura enfermedad y muerte no han sido superadas en este siglo XXI.
Estas industrias han funcionado como verdaderos enclaves en los que la libertad de los trabajadores siempre ha estado restringida y sus derechos elementales han sido violados. Las concesiones mineras son el reflejo de la más vil corrupción y venta de la patria. Para lograr estas prebendas las compañías han tenido que formar un grupo de aliados internos y desarrollar una estructura que les permita la creación de leyes favorables a sus intereses. Han manipulado a los gobiernos e incluso han impuesto presidentes del país fieles a sus intereses.
El impacto de la industria minera es de naturaleza acumulativa. La Rosario Mining Company, que operó en el siglo XIX, dejó múltiples excavaciones en San Juancito, pueblo cercano a Tegucigalpa. Con el embate del Huracán Mitch se formaron cuñas hidráulicas que hicieron prácticamente explotar dichas cuevas y al remover el sedimento de los metales pesados como mercurio, plomo, hierro, manganeso, éstos llegaron a contaminar casi cien años después las aguas y suelos de San Juancito, Cantarranas y de Valle de Ángeles; que están ubicados a unos 40 kilómetros de Tegucigalpa, la capital de Honduras. La desgracia es que un siglo después no es posible demandar a una empresa que ya no existe con ese nombre mientras la contaminación continúa.
A pesar de los esfuerzos por resolver la contaminación de Valle de Ángeles y de la mayoría de los ríos cercanos a las minas en las diferentes zonas del país, las concentraciones de metales pesados exceden los límites permisibles por la Organización Mundial de la Salud y en algunos lugares los valores son extremadamente peligrosos. Como no existen investigaciones sobre diferentes enfermedades, deformaciones congénitas, tumores y daños renales que se derivan de los altos niveles de contaminación, no ha sido posible evaluar el impacto generado por tales enfermedades y la destrucción ambiental. En vez de alertar sobre estas contaminaciones a las poblaciones cercanas y educarlas, en los últimos años no se les ha proporcionado la información necesaria para la protección correspondiente. Al final de cuentas con estas omisiones lo únicos sectores beneficiados son las multinacionales mineras que continúan su política postcolonial en el presente siglo.
La primera consideración esencial sobre la minería es la relación con la violación de los derechos humanos y la corrupción: procesos de legislación viciados, autorizaciones ilegales de licencias ambientales y sistemas de operaciones que no siguen las normas mínimas de las industrias mineras que demandan las agencias ambientales de Estados Unidos y Canadá. El resurgimiento de la fiebre del oro ocurre inmediatamente después del desastre ecológico y social que produjo el huracán Mitch en noviembre de 1998. Se multiplican los préstamos bancarios no para los hondureños sino para las empresas multinacionales a expensas del sufrimiento de nuestros pueblos. Es difícil diferenciar entre exploración y explotación. Una licencia para operar es una licencia para matar: asesina la flora, la fauna, mata la cultura, enferma a las personas, vulnera la dignidad y corrompe a los funcionarios, a los técnicos y a los profesionales. Mueve y traslada cementerios e iglesias y hasta pueblos; como en San Andrés, Copán. Cuando estamos más desgraciados, tal como ocurrió durante el Huracán Mitch, las empresas mineras ofrecen el paraíso y la solución a los problemas de la economía hondureña construyendo sus lagunas de cianuro; despojando a las comunidades de sus viviendas, bosques, aguas y cultura. Arreglando y acomodando las decisiones en los grandes hoteles de lujo mediante agasajos a los funcionarios. Más de un tercio del territorio destinado a la vida productiva ha sido ocupado por la minería, incluso aquellas zonas que son monumentos a la cultura y reservas naturales.
El Derecho a la autodeterminación ha sido violentado tanto en San Andrés, Santa Bárbara, Ocotepeque, El Corpus, la zona sur del país, La Paz, como en el proyecto minero San Martín (Valle de Siria). No fueron consultados las comunidades ni los sectores técnicos y científicos de la sociedad civil hondureña; en San Andrés esta industria ha construido a pocos metros de la población las lagunas de cianuro. El principio de Democracia, según la Declaración de Viena, fue violentado en lo que taxativamente dice: "Democracia está basada en la voluntad expresa de las personas que determinan su propio sistema político, económico, social y cultural y su completa participación en todos los aspectos de la vida". O sea que no se manifestó el poder del pueblo para decidir. La industria minera fue impuesta a las comunidades mediante la corrupción en las relaciones con algunas autoridades locales. Así mismo, en el desarrollo de esta industria, no se ha seguido ni aplicado un código ético tanto para la empresa como para la mayoría de los funcionarios. Desde las reformas a la ley de minería, el otorgamiento de las licencias y las operaciones, se observaron las irregularidades más insólitas: maniobras leguleyas influidas por las empresas, deforestación y dragado de los ríos, contaminación con el polvo y por el ruido de las explosiones se resquebrajan las casas y se produce insomnio, nerviosidad, sordera e hipertensión arterial; inducción de miedo, intimidación y terror engendrado en las comunidades y hasta una propaganda sistemática y deshonesta en la que se expresaba que el cianuro no es perjudicial contra la salud.
El principio, "el que contamina paga" no se ha aplicado a las empresas ya que gozan de todos los privilegios y actúan con total impunidad y apoyo de las autoridades ambientales en la mayor parte de sus operaciones. La falta del derecho de autodeterminación se ha hecho más notorio en cuanto a la ausencia de la aplicación del principio precautorio que está basado en el "no hacer daño" y en lo que, en un proyecto ambiental "aún cuando no exista evidencia científica, pero sí existen condiciones de que pueda hacerse daño, éste proyecto debe evitarse."
En igual forma han sido violados los principios de equidad, desarrollo sostenible y no digamos de amor, cuidado y preservación de la madre tierra.
En relación con la violación del derecho a condiciones de trabajo favorables está claro que la infraestructura y las operaciones de esta empresa se han desarrollado en proximidad a las viviendas de los trabajadores. Las garantías laborales han sido una burla contra la clase trabajadora la que, en el caso de San Andrés, no fue debidamente indemnizada, y no existen ni se aplican normas de seguridad ocupacional. El derecho a un nivel adecuado de vida no sólo ha sido vulnerado sino que es una burla y ofensa a la dignidad de los habitantes de San Andrés, el proyecto San Martín, El Mochito, Las Vegas, y otros proyectos. En el Valle de Siria el agua ha sido substraída por la empresa dejando sin el vital líquido a las poblaciones. La empresa compra agua a cierto sector de los habitantes y esta situación esta contribuyendo a crear una profunda división y enfrentamiento entre los pobladores o entre éstos y la industria minera.
El derecho a la salud y a un ambiente sano ha sido menoscabado. En nuestros estudios en algunas de las comunidades se ha observado en forma notable la mayor incidencia de enfermedades respiratorias y de la piel como consecuencia de las operaciones mineras. Por otra parte ese tipo de industria es uno de los más importantes en la contaminación con metales pesados contra los principales ríos de Honduras. No existen las medidas preventivas ni de atención en casos de emergencia o en desastres que pudieran ser ocasionados por esta industria.
En suma queremos señalar que se ha demostrado una falta de monitoreo integral sistemático que prevenga las actividades que ocasionan contaminación y residuos tóxicos. Ante estos hechos debemos señalar que se ha desarrollado en forma progresiva una resistencia de las comunidades afectadas, de la población en general y de organizaciones ambientalistas, populares y algunas organizaciones no gubernamentales.
El Valle de Siria
Nos vamos a centrar sobre el Valle de Siria que está ubicado a 70 kilómetros de Tegucigalpa, en el corredor histórico de los desastres naturales, con una población de 40 mil habitantes, campesina y ganadera. Este sitio es conocido por sus fuentes termales. El estudio de impacto ambiental fue realizado por la Glamis Limitada y no tomó en cuenta el impacto del huracán Mitch ni las consecuencias de las lagunas de cianuro.
En tiempo de verano, en el Valle de Siria, el agua es escasa y abundante en invierno. Debido a las enormes cantidades que utiliza la empresa minera se ha reducido la cantidad para el consumo de los habitantes, el ganado y la agricultura. La empresa está destruyendo los conductos acuíferos subterráneos y ha construido y contaminado los pozos, de donde consumen el agua los pobladores. Al comprarle el agua a ciertos pobladores ha generado enfrentamientos entre las familias y se pronostica fenómenos mayores de violencia relacionados con la grave reducción del suministro acuoso. Las familias se han empobrecido porque tienen que gastar más en el consumo del agua.
Las primeras iniciativas de resistencia contra la minería surgieron con la organización del Comité Ambiental del Valle de Siria que comenzó organizándose en el municipio de San Ignacio. En la primera movilización casi no hubo respuesta de la comunidad porque consideraban que la presencia minera resolvería su problema de perenne pobreza. Lo primero que hizo la empresa fue conquistar al alcalde del pueblo y editar uno de los mejores boletines del país sobre el "milagro" de la minería. Asistimos a la marcha y a un mitin público. Los autos y guardias de la empresa siempre estaban al acecho en forma intimidatoria. El papel del los maestros y estudiantes fue relevante para levantar la conciencia sobre la destrucción ambiental. Además, fue positiva la respuesta de otros poblados. El alcalde de El Porvenir tuvo conjuntamente con la corporación municipal y las maestras y la comunidad de El Pedernal una participación activa al asistir a las marchas que se realizaron frente al Congreso de la República, y frente al Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
Los miembros del Comité visitaron las Minas de San Andrés, Copán y El Mochito, Las Vegas con el fin de observar los resultados del impacto ambiental de la industria minera. El coraje y la honestidad de las mujeres y hombres, miembros del Comité Ambiental del Valle de Siria, ha estado bajo toda prueba. Han sido insobornables.
En el proceso se han preparado en asuntos mineros y han mantenido una línea de no realizar trabajos conjuntos con tal industria.
Los problemas relacionados con la escasez de agua y enfermedades ocasionadas por la minería fueron decisivos en la toma de conciencia de la población y en la opinión nacional e internacional contra la explotación minera. Una marcha de diferentes sectores del Valle de Siria se realizó con la presencia del cardenal Óscar Rodríguez. Las brigadas de salud y los trabajos de investigación que realizamos con el Movimiento Madre Tierra fueron valiosos para presentar el problema a la comunidad nacional e internacional, a tal grado que el gerente de la Empresa Minera amenazó con enviar a la cárcel al autor de este artículo y así mismo se recibieron varias amenazas a muerte por nuestra lucha en pro de los derechos humanos y de la justicia ambiental. Un archivo completo de nuestras investigaciones fue robado de nuestras oficinas dejando amenazas a muerte.
Resultó interesante que en una ocasión, las autoridades policiales me requirieron para preguntarme los nombres de quiénes integrábamos las brigadas de salud, como si este autor fuese un vil informador de los que ellos sacan de las alcantarillas de la sociedad.
Por otra parte también nos guardamos con lealtad los nombres de los participantes en los trabajos de investigación, porque también podrían ser blanco de amenazas, sobre todo para conseguir trabajo; o ser objeto de intimidación. En iguales circunstancias han estado los hombres y mujeres miembros del Comité Ambiental del Valle de Siria quienes en diversas ocasiones han sido intimidados y perseguidos por sujetos aparentemente desconocidos.
Sin el apoyo del Comité Ambiental y de las Comunidades no hubiera sido posible realizar nuestro trabajo, el que siempre ha sido inseparable de ellos y ellas. El Comité Ambiental del Valle de Siria ha desarrollado actividades para la protección del bosque de comunidades vecinas como Cedros, Talanga y Olancho. En las Marchas por la Vida, este Comité se ha movilizado en nivel nacional para motivar la protesta contra la industria minera. La resistencia nacional ha crecido. En La Labor, municipio de Ocotepeque, los campesinos con sus machetes impidieron la instalación minera. En Güinope, El Paraíso, la población ha estado unida frente a la minera. En la Zona Sur y la Zona Central, el pueblo se ha organizado casi espontáneamente contra las nuevas instalaciones de lagunas de cianuro.
Sin embargo las empresas mineras han contado con un fuerte apoyo de los gobiernos y sobre todo de las fuerzas militares y policiales que son excelentes para defender los intereses de las multinacionales y dar garrote, fusil, metralla y balas -que están hechas de plomo que el mismo pueblo extrae, con su sufrimiento para enviarlo al Norte, y este mismo plomo regresa convertido en balas que terminan en los cuerpos famélicos de los hondureños-. El Valle de Siria ha sido visitado por Madre Selva de Guatemala, Amigos de la Tierra de Kenia, África; por organizaciones ambientales de Canadá, Suecia, Estados Unidos y Europa y las diferentes comunidades de Honduras. Es un bastión de la resistencia.
En el marco de este proceso ha surgido frente a la explotación minera una posición radical que compartimos con el Comité Ambiental del Valle de Siria, ya que exigimos el cierre de operaciones de las Empresa Mineras y la no utilización del cianuro o cualquier procedimiento que sea lesivo a la vida de las comunidades y de la naturaleza y que se indemnice a las comunidades por los daños ocasionados a la flora, fauna, suelos, aires, aguas y vidas humanas. Frente a esta posición está otra que es proclive a que se continúe la explotación minera, que se reformen las leyes tocando levemente los intereses multinacionales y que sigan las concesiones bochornosas.
En tal sentido, en caso de formularse nuevas leyes:
1.- Consideramos que una reforma o una nueva ley de minería sin conocer previamente la situación actual de las concesiones, ubicación y su extensión dentro del territorio nacional, vendría a consolidar una situación ilegal, contraria a muchos principios jurídicos, incluso constitucionales, que dejaría indefensa a nuestra población, debido a que los beneficiados de las concesiones alegarían el principio de irretroactividad de la ley, señalado en el artículo 96 de la Constitución de la República.
2.- En vista de lo anterior y sin menoscabo de continuar con la iniciativa de obtener la aprobación de una nueva de ley de minería, creemos que simultáneamente se debería estudiar y formular el procedimiento correspondiente para que la actual ley de minería sea declarada anticonstitucional; lo que haría necesario la emisión de una nueva ley que exalte al ser humano ante todo interés y lo consagre como verdadero beneficiario de la misma.
3.- Es de carácter prioritario que la nueva ley contemple y regule debidamente los diferentes tipos de explotación. Es nuestra opinión que la explotación a cielo abierto con uso de cianuro para la separación de metales o cualquier método dañino contra la vida debe ser prohibida, como se ha decretado en otros países.
En este proceso de Resistencia se señalan las siguientes lecciones aprendidas:
- La explotación minera, por parte de las multinacionales, es intensiva, lesiva al medio ambiente y es causa de enfermedad, pobreza, muerte y destrucción de seres humanos y de la naturaleza. La mitigación del daño es multimillonaria en dólares y desproporcionada con relación a las supuestas ganancias que nuestros pueblos obtienen de las empresas mineras.
- Las comunidades reciben del uno a res por ciento de las ganancias, fondos que resultan irrisorios si se comparan con las pérdidas y daños ocasionados y las enormes ganancias de las multinacionales.
- Alas comunidades no avisan ni las autoridades ni las empresas de la contaminación de las aguas, suelos y aires con metales pesados. Tal es el caso de la comunidad de Palo Ralo en el Valle de Siria que estuvo recibiendo agua contaminada de arsénico durante cinco años sin que tuvieran conocimiento las comunidades. Este proceder refleja el poco interés en los seres humanos y ambiente que tienen las empresas y nuestros funcionarios
- Las empresas mineras tienen experiencia en dividir a las comunidades y a las personas mediante ofertas deshonestas y actos de corrupción
- La escalada de la explotación minera se extiende hacia toda Centroamérica y por lo tanto se requiere hacer un frente común nacional, centroamericano y latinoamericano contra esta destrucción e injusticia ambiental.
- Las empresas mineras no están solas, tienen alianzas entre ellas. Funcionan con préstamos de los organismos financieros internacionales; el Banco Mundial y otros.
Entre sus aliados están los propios gobiernos que ponen a su servicio los cuerpos represivos del Estado.
- Se demanda en forma urgente la solidaridad internacional para realizar con mayor fuerza y unidad la lucha contra la explotación minera.
- La investigación científica, con la participación de las comunidades es un instrumento valioso para la toma de conciencia.
Finalmente queremos señalar que detrás de esta fiebre del oro puede existir la extracción de minerales estratégicos: uranio, cromo, cadmio etc. para la guerra o la experimentación humana.
La resistencia de nuestros pueblos está en la fuerza de la cultura, la defensa de la identidad y de sus valores y el logro de la defensa de la soberanía y la autodeterminación. Tiene que ser efectiva para luchar contra la vorágine violenta de la red injusta y antihumana que representa la globalización del capitalismo imperial.