Honduras: cínico plan desestabilizador en el Bajo Aguán
Fueron despedidos al menos 500 trabajadores de las fincas de palma africana de propiedad del poderoso empresario Miguel Facussé Barjum (Corporación Dinant), y se espera que ese abrupto recorte de personal se amplíe en las próximas semanas. Una artera campaña mediática pretende responsabilizar al MUCA de la crisis en la región del Bajo Aguán
De acuerdo con declaraciones brindadas por directivos de Corporación Dinant, grupo económico cuyo presidente es el empresario palmero Miguel Facussé Barjum, el despido de 500 trabajadores de las fincas de palma africana se debe a “la crisis desatada por la toma de las mismas por labriegos afiliados al Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA)”.
El dedo acusador apunta sobre todo a los acuerdos firmados el pasado mes de abril entre el gobierno de Porfirio Lobo y el MUCA, en medio de una militarización sin precedentes y una constante violación a los derechos humanos de las familias campesinas.
Con estos acuerdos se intentó solucionar el sangriento conflicto agrario, originado por la dudosa adquisición de miles de hectáreas sembradas con palma africana por parte de los terratenientes Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales.
El convenio, que supuestamente contaba con la aprobación de dichos productores palmeros, otorgó alrededor de 11 mil hectáreas de tierra en las dos márgenes del Río Aguán, programas sociales y la construcción de viviendas a más de 2.500 familias campesinas del MUCA.
Ahora, a solo dos meses de la firma de este convenio, los productores palmeros han vuelto a sacar sus garras, lanzando una campaña mediática para desconocer los acuerdos, desprestigiar al MUCA, y enviar una clara señal al presidente Lobo sobre quién en realidad manda en el país.
A través de campos pagados en los principales periódicos de Honduras, Miguel Facussé ha repetidamente desconocido los acuerdos, declarando que nunca dio su aprobación para la venta y la entrega al MUCA de “sus fincas” en la margen derecha del Río Aguán.
A todas luces, los despidos masivos de estos días forman parte de esta misma campaña, que apunta a crear zozobra, lo cual podría significar una nueva escalada de tensión y violencia en la zona.
“Se trata de una gran mentira. A estos empresarios nunca les ha interesado el bienestar de los campesinos. Han adquirido estas tierras a precios ridículos y de forma dudosa, y ahora tienen un gran capital con el negocio de la palma africana –declaró a Sirel la presidenta de la seccional de Tocoa del SITRAINA, Esly Banegas–.
Ahora están despidiendo a centenares de trabajadores, lo cual va a generar más pobreza en la zona. Aquí sigue la represión. En los últimos días fueron asesinadas varias personas y sigue la presencia militar y policial.
Es evidente –continuó Banegas– que hay un componente político en este conflicto. La organización del campesinado es algo que molesta mucho a los terratenientes, y van a hacer todo lo posible para crear división, conflicto y zozobra en la zona del Bajo Aguán.
Es por eso que tenemos que seguir unidos y fortalecernos”, concluyó.
La grave situación que se vive en la zona fue recientemente señalada en un informe de FIAN Honduras. “Hasta ahora se han entregado al MUCA 3 mil hectáreas sembradas con palma y se ha iniciado la evaluación de la calidad de las plantaciones.
No obstante –explica el informe– existen órdenes de desalojo solicitadas por Miguel Facussé un día antes de la firma del convenio. Éstas pesan como espada de Damocles sobre los campesinos, porque legalmente podrían ser ejecutadas en cualquier momento por el demandante”.
Además, en los tribunales de Tocoa y Trujillo hay alrededor de 26 expedientes judiciales contra miembros del MUCA y de otras organizaciones sociales. “Se les acusa de usurpación de tierras, robo, desobediencia y hurto en perjuicio de la Exportadora del Atlántico, propiedad del terrateniente Miguel Facussé.
Los expedientes contienen un total de 152 órdenes de captura contra 57 personas”, explica FIAN Honduras.
“Los despidos, los campos pagados, la represión y la campaña mediática son una medida de presión contra el campesinado organizado– dijo a Sirel, Wilfredo Paz, miembro del MUCA–.
Los terratenientes no quieren ceder las tierras que usurparon y esta situación demuestra que el gobierno nunca tuvo un acuerdo real con ellos. Siguen considerándonos como invasores, y esto es una grave violación de los acuerdos.
El proceso sigue muy lento y falta sólo un mes para el vencimiento de los términos del convenio para la entrega de las 3 mil hectáreas de tierras incultas, y para la remedición de las tierras.
En caso de no respetar esos términos –concluyó Paz– el MUCA va a tomar las acciones pertinentes”.