Guatemala: fuerzas públicas desalojan a familias campesinas
Ayer (30), fueron desalojadas 70 familias de la Asociación de Desarrollo Integral del Sur Occidente (ADISO), organización integrante del Movimiento de Trabajadores/as Campesinos/as (MTC) de Plataforma Agraria, quienes habían ocupado el pasado 15 de marzo la finca Begonia situada en Colomba, Costa Cuca, Quetzaltenango
Participaron del operativo un aproximado de 200 policías antimotines y 100 militares, tres representantes de la parte patronal y sus guardaespaldas, todos debidamente armados. Llevaban una orden de desalojo otorgada por el Fiscal Distrital del Ministerio Público de Coatepeque.
Tras exponer ambas partes sus argumentos, las familias de ADISO pidieron a la fuerza pública que no entrara para evitar violencia y proteger la integridad de las mujeres y niños presentes en la finca. Así fue como el grupo de familias salió pacíficamente hacia las 10:30 de la mañana.
Las familias que conforman ADISO son originarias de diversas comunidades de Ocós, San Marcos, campesinos sin tierras y trabajadores/as agrícolas empleados en fincas y haciendas de la región, en condiciones de extrema pobreza, afectadas cada año por las inundaciones que genera el desborde de los ríos en el área. Como campesinos sin tierras han buscado insistentemente acceder a este recurso mediante el Fondo de Tierras sin tener éxito, debido a que los finqueros no quieren negociar sus propiedades ante esta instancia del Estado.
La finca Begonia fue ocupada tras investigar que ha estado abandonada y saqueada permanentemente por traficantes de madera. Lleva 10 años sin pagar el Impuesto Único sobre el Inmueble (IUSI). Se buscó el paradero de sus propietarios sin llegar a saber de los mismos. La ocupación tenía como objetivo cultivar la tierra y mientras se contactaba a los dueños, alcanzar una negociación para adquirirla legalmente.
Las familias ahora desalojadas carecen de un lugar fijo para vivir y por ello se quedaron a vivir en condiciones sumamente precarias en los alrededores de la vía férrea, en el kilómetro 227 de la Carretera que va de la Costa Sur hacia la frontera con México.
La Plataforma Agraria llama al Estado a cumplir con su obligación de brindar protección a toda persona humana, al igual que hace con grupos privilegiados en el país. Ante esta situación, demandan a la primera Dama de la Nación, Sandra Torres, que mediante su programa de Cohesión Social atienda urgentemente a estas familias en extrema pobreza y vulnerabilidad.
Además, solicitan a la Comisión Para la Atención de Conflictos (COPAC), que fue creada en el marco del diálogo nacional por el Desarrollo Rural, para que defina acciones concretas para el acceso a recursos productivos no utilizados; al Ministro de Gobernación que garantice la seguridad de estas familias desalojadas; a la Secretaría de Asuntos Agrarios, Fondo de Tierras y MAGA la articulación de fuerzas para responder a la demanda de acceso a tierra.