Guatemala: alimentación para tod@s*
Declaración final de la Conferencia Internacional sobre el Derecho a la Alimentación, como reto para la Cooperación Internacional para Guatemala
Los días 16, 17 y 18 de noviembre, 110 delegados y delegadas de 42 organizaciones campesinas, indígenas y de mujeres; organizaciones no gubernamentales, académicas, de derechos humanos y de desarrollo guatemaltecas, europeas y de Canadá; así como representantes del Organismo Ejecutivo y Judicial y de la Procuraduría de Derechos Humanos; y de la Comisión Europea, nos reunimos en San Lucas Tolimán, como una muestra de solidaridad con la población damnificada por la tormenta Stan, ante la severa crisis alimentaria que enfrentan las comunidades de ésta y varias regiones del país, y la necesidad de analizar las causas de su vulnerabilidad económica, social y ambiental.
La Conferencia se propuso desarrollar un debate sobre las políticas e instituciones relacionadas con el derecho a la alimentación, el acceso y la seguridad sobre la tierra y el desarrollo rural, a la vez que evaluar la situación de los derechos humanos en el agro guatemalteco. Hemos analizado propuestas dirigidas tanto a las instancias nacionales como a la cooperación internacional para un apoyo más eficiente y efectivo al ejercicio de este derecho.
El hambre debe ser una preocupación central de todos los ciudadanos y ciudadanas del país, así como de la comunidad y la cooperación internacionales. El hambre es, en primer lugar, un problema de desigualdad, de exclusión social y de marginación, de concentración de la tierra y de la riqueza, perpetuado por un Estado racista, represivo y excluyente.
Ejercer el derecho a la alimentación es posible a partir de una reorientación del desarrollo nacional hacia un modelo de desarrollo rural que ponga al centro a las comunidades campesinas e indígenas, sujetos principales de la pequeña economía rural, y que reoriente las políticas del Estado hacia el fortalecimiento del acceso a bienes y activos productivos para la economía campesina.
Las organizaciones e instituciones firmantes afirmamos la necesidad de impulsar una Reforma Agraria Integral redistributiva, justa, culturalmente pertinente, sustentable, que restablezca la función social de la propiedad y considere los derechos de los pueblos indígenas a la tierra y el territorio.
El derecho a la libre determinación y el derecho a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas están reconocidos por la Constitución Política de la República y por todos los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado guatemalteco. El respeto a estos dos derechos sentaría las bases para la seguridad y la soberanía alimentaria, y la plena realización de sus derechos económicos, sociales y culturales.
Para hacer efectivos los derechos de las mujeres con relación a la tierra, es indispensable una Reforma Agraria Integral con equidad de género, que implique la redistribución del poder en la toma de decisiones y la redistribución de las responsabilidades domésticas, los ingresos y los alimentos dentro del hogar.
El artículo 139 del Código del Trabajo, al caracterizar el trabajo de las mujeres como "coadyuvante", viola los derechos de las trabajadoras agrícolas. La figura de copropiedad y las normas comunitarias no garantizan suficientemente el derecho de las mujeres a la tierra, mientras las instancias competentes del Estado para atender esta problemática encuentran grandes limitaciones.
La conflictividad agraria tiene causas históricas que se siguen expresando en el despojo sistemático a comunidades campesinas e indígenas, violaciones a los derechos laborales y la disputa por el acceso y aprovechamiento de los recursos naturales. Los desalojos forzosos y violentos, además de no resolver los conflictos, constituyen una violación al derecho a la vida, la alimentación y a la vivienda entre otros, a la vez que expresan la difamación y criminalización de la lucha campesina e indígena por sus legítimos derechos.
Compartimos la preocupación por la próxima entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio Centro América-República Dominicana con Estados Unidos (TLC-CAUSA-RD). La apertura comercial bajo los parámetros neoliberales pone en riesgo la economía campesina, al permitir un aumento en las importaciones de productos agrícolas subsidiados, propiciando el abandono de la actividad agrícola, la concentración de la tierra y el aumento de la vulnerabilidad de la población, la pobreza y la emigración.
Recordamos que los tratados internacionales de Derechos Humanos, según el artículo 46 de la Constitución de Guatemala, tienen preeminencia sobre las leyes nacionales y los tratados comerciales internacionales, lo que pone en duda la constitucionalidad de un tratado que tiene impacto violatorio al derecho a la alimentación. Es inaceptable que leyes y políticas sustantivas relacionadas con la seguridad alimentaria y el desarrollo rural, sean consideradas compensadores sociales para mitigar los efectos del TLC-CAUSA-RD.
Aunque la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional reconozca el derecho a la alimentación, no contempla aspectos esenciales del mismo. Falta la definición precisa de las obligaciones del Estado, carece de medidas judiciales de protección a este derecho, desliga el derecho a la alimentación del acceso indispensable a la tierra y demás recursos productivos, y no garantiza la soberanía alimentaria.
En el transcurso de esta Conferencia hemos conocido testimonios de población afectada por la tormenta Stan que constatan la indiferencia e ineficiencia del Estado para su atención. Tampoco ha habido consulta y participación de la población en la toma de decisiones sobre la reconstrucción. Es indispensable impulsar acciones inmediatas de rehabilitación, en función de la reactivación de la economía campesina y desarrollo, desde la perspectiva de gestión de riesgos.
Destacamos la importancia del papel que desempeñan las defensoras y los defensores de derechos humanos, para la protección de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, políticos y civiles, por lo que manifestamos nuestra preocupación ante los múltiples ataques y amenazas de que han sido objeto en los últimos años y por la falta de respuesta efectiva del gobierno ante estos hechos.
Ante esta situación, recomendamos:
Al Estado de Guatemala:
Cumplir la obligación asumida de respetar, proteger y garantizar el derecho a la alimentación, contraída al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Al gobierno de Guatemala:
Definir el derecho a la alimentación y el combate a las causas estructurales del hambre como prioridad nacional.
Promover una política de Reforma Agraria Integral consensuada con la sociedad civil, redistributiva, justa, culturalmente pertinente, sustentable, con equidad de género y que asuma los derechos de los pueblos indígenas. Redefinir la institucionalidad agraria, suspender los desalojos y detener cualquier criminalización de la lucha campesina e indígena.
Fortalecer los espacios de diálogo con la sociedad civil, respetar los acuerdos alcanzados y hacerlos vinculantes con las políticas de desarrollo y las leyes correspondientes.
Incorporar los resultados y recomendaciones de esta Conferencia en la formulación e implementación de la Política de Desarrollo Rural.
En las negociaciones de tratados comerciales internacionales, promover un proceso de participación democrática, incluir cláusulas tendientes a garantizar los derechos humanos y políticas de protección y promoción de la economía campesina.
Revisar la ley y política nacional de seguridad alimentaria y nutricional para incorporar los aspectos esenciales del derecho a la alimentación arriba señalados.
Asegurar la consulta y participación efectivas de la población damnificada por la tormenta Stan en el proceso de emergencia, rehabilitación y reconstrucción.
En particular, atender la demandas justificadas de los damnificados en lo relativo a tierra y vivienda en condiciones de seguridad y dignidad, reactivación productiva campesina, condonación de la deuda agraria y no politización de las acciones.
Suspender la entrada en vigencia del TLC-CAUSA-RD, frente a la vulnerabilidad de la economía campesina, agravada por la tormenta Stan.
Reconocer la legitimidad de la labor de los defensores de los derechos humanos, asegurar su protección, así como investigar y proceder penalmente contra los responsables de los ataques señalados.
A la Cooperación Internacional:
Definir como prioridad de su política de cooperación con Guatemala el apoyo al derecho a la alimentación, la Reforma Agraria Integral y el desarrollo rural. En particular, proponemos a la Unión Europea, que en la futura estrategia de cooperación 2007-2013, el enfoque de economía rural contemple todos los aspectos contenidos en las conclusiones de esta conferencia.
Apoyar las iniciativas de la sociedad civil encaminadas a una efectiva protección de las defensoras y los defensores de los Derechos Humanos.
Apoyar los procesos de concertación con la sociedad civil en relación a la formulación e implementación de políticas referentes al derecho a la alimentación, acceso a la tierra y desarrollo rural.
Establecer mecanismos efectivos de información, transparencia y participación de la sociedad civil centroamericana y europea en las futuras negociaciones de un acuerdo de asociación UE-CA.
Garantizar una mayor agilidad y transparencia en los programas de cooperación hacia Guatemala.
Ampliar la cooperación directa con la sociedad civil guatemalteca.
Las Organizaciones e Instituciones firmantes nos comprometemos a:
Asumir como prioridad de nuestro trabajo el apoyo al derecho a la alimentación, la Reforma Agraria Integral y el desarrollo rural.
Reiteramos nuestro compromiso de contribuir a la transformación de las condiciones de vida de la población, potenciando la autodeterminación y sobre la base de relaciones cercanas y horizontales.
Fortalecer nuestras coincidencias en torno los temas tratados y estimular acciones conjuntas para dar seguimiento a las conclusiones y acuerdos de esta conferencia.
Mantener el esfuerzo para abrir y fortalecer espacios de diálogo con el Gobierno.
Elaborar e implementar estrategias conjuntas de incidencia ante el gobierno de Guatemala, la Unión Europea y sus Estados miembros sobre esta la temática.
* CNOC, Plataforma Agraria, MICSP, CNP-Tierra, Alianza de Mujeres Rurales, Fundación Guillermo Toriello, CONGCOOP, Mesa Global, REDSSAG, CIDSE-Centro América, FIAN, FONGI, CIFCA