Guatemala: Estado continúa violación a los derechos de los pueblos indígenas
La Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala y la Asociación de Comunidades para el Desarrollo y Defensa de los Recursos Naturales, entre otras organizaciones, denunciaron ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (Cerd) que los pueblos indígenas siguen siendo objeto de prácticas racistas por parte del Estado
Las organizaciones presentaron ante el CERD tres casos emblemáticos de proyectos de transnacionales en territorios indígenas, como la construcción de la represa Xalalá, en Ixcán, Quiché, las operaciones de la empresa Minera Maya Níquel, en Cahabón, Alta Verapaz, y la instalación de la empresa Cementos Progreso, en San Juan Sacatépequez.
Según las agrupaciones, el Estado no sólo ha otorgado licencias a estas empresas sino ha puesto poca atención a las denuncias de las comunidades cuando se refieren a los temas y derechos que les competen; en el caso de Cahabón existe un racismo socio ambiental, indicaron.
Por otro lado, en el Ixcán las comunidades indígenas que serán afectadas directa e indirectamente por la construcción de la represa Xalalá rechazaron este megaproyecto en una consulta popular, realizada en el 2007, sin embargo el Estado no ha respetado dicha decisión y continúa la promoción de la hidroeléctrica.
En el caso de Xalalá estamos llamando a una alerta temprana porque la violación aún no se ha cometido, pero tememos que pronto se comiencen a violentar los derechos colectivos de los pueblos mayas y se agudice la conflictividad social, indicaron.
Osvaldo García, representante de las comunidades de San Juan Sacatepéquez, señaló que la empresa Cementos Progreso llegó a sus territorios sin dar ninguna información de sus proyectos y las mismas autoridades municipales mantuvieron el hermetismo.
En este caso, el Estado violó los derechos de consulta de las comunidades al desconocer una consulta popular que realizaron para rechazar a la empresa, así como decretar el Estado de Prevención, con lo que agravó la situación de conflictividad en el municipio y restringió los derechos civiles y políticos de sus habitantes, en su mayoría de origen Maya Kakchikel.
Por esto las organizaciones y comunidades presentaron la denuncia ante el CERD, para que exija al Estado guatemalteco información sobre la situación de los pueblos indígenas ante los megaproyectos, que respete las consultas comunitarias y que cumpla con los compromisos asumidos en materia del derecho internacional, para proteger los derechos colectivos de los pueblos.