Guatemala: Azúcar, desnutrición crónica y el papel del gobierno
La enorme desigualdad en términos de distribución de la riqueza en Guatemala es evidente tanto en los datos estadísticos sobre hambre, desnutrición crónica infantil y pobreza como en las condiciones de vida de la población en los cinturones precarios de la ciudad y en miles de comunidades rurales a lo largo del territorio nacional. El país que ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en producción de azúcar, con jugosas y dulces ganancias para el agronegocio azucarero, pero a la vez ostenta el amargo cuarto lugar mundial en mayor desnutrición crónica infantil
Organizaciones sociales y populares tanto nacionales como a nivel global han denunciado que el actual modelo económico capitalista sobrepone los intereses de acumulación de grandes corporaciones trasnacionales y empresas nacionales sobre el derecho a la vida y alimentación de la población.
Son ya alarmantes los anuncios de una disminución a nivel internacional de las reservas de granos básicos para la alimentación debido a su uso en generación de energía para automóviles y la industria y el aumento de los precios de estos productos debido entre otras cosas a la especulación financiera en las bolsas de mercados a futuro.
El avance del modelo neoliberal desde mediados de la década de los 80 del siglo pasado, con las políticas de apertura comercial, propició que Guatemala dejará de ser autosuficiente en la producción de maíz e iniciara a importar cada vez más este grano vital para la vida humana y animal. Alrededor de un tercio de maíz que se consume en el país es grano importado.
Ante la anunciada crisis alimentaria que se cierne, los pasos que la sociedad y el gobierno encaminen, deben estar orientados al logro de la soberanía alimentaria y el desarrollo endógeno a partir del apoyo decidido a la economía campesina y la democratización en el uso y manejo de los recursos naturales, principalmente la tierra.
Si bien en este momento son necesarios los planes de emergencia que incluyen ayuda alimentaria en las áreas más pobres y transferencia de alimentos por trabajo, es fundamental que las políticas públicas se orienten a la reactivación de la producción nacional de alimentos. Cualquier política a impulsar debe hacerse desde un Estado que por el momento, luego del feroz ataque neoliberal, se encuentra en su punto más precario de debilidad institucional y financiero. Una premisa de la sociedad en su conjunto debe ser el fortalecimiento del Estado.
Recientemente, el Ministerio de Finanzas lanzó una propuesta de reforma tributaria. El sector empresarial, organizado en la Cámara del Agro y en el Comité Coordinador de Asociaciones Empresariales, ya ha sentado postura negativa frente al intento del gobierno por fortalecer el erario.
En menos de un seis meses el actual gobierno, autollamado socialdemócrata, ha dado marcha atrás con dos iniciativas para afrontar la crisis alimentaria: precios tope a productos de la canasta básica y el anuncio de aplicar un decreto legislativo de 1974 que obliga a los productores latifundistas a destinar el 10 por ciento de la superficie cultivada a producir granos básicos. En ambos casos la Cámara del Agro saltó a la opinión pública indignada y de facto veto las propuestas de gobierno a pesar de la crisis alimentaria actual y la por venir.
Por el contrario el gobierno recién liberó la importación de granos y otros productos de la canasta básica, a excepción del azúcar. Una medida que favorece a los monopolios de comercialización de granos básicos, protege de forma desmedida a los azucareros nacionales y que difícilmente se traducirá en menores precios para el consumidor final. Por el momento el gobierno “socialdemócrata” está en deuda con la población.