España: ¿transgénicos en los alimentos ecológicos?

El Consejo de Ministros de la Unión Europea decide estos días si legaliza o no la propuesta de que los productos ecológicos admitan la presencia de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) sin necesidad de que los consumidores puedan informarse a través del etiquetado.

En estos momentos, la legislación europea prohíbe la presencia de transgénicos en la agricultura ecológica y, según organizaciones como la Unión de Agricultores y Ganaderas de Aragón (UAGA-COAG), el umbral actual de detectabilidad de transgénicos en los productos ecológicos no debe ser mayor al 0,01%. El reglamento que se pretende aprobar supondría aumentar este porcentaje al 0,9%, algo que para UAGA-COAG tendría “gravísimas consecuencias”.

La afirmación de UAGA-COAG la apoyan otras entidades como Greenpeace, Ecologistas en Acción, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Amigos de la Tierra. Esta última organización, además, publicaba hace unos días una investigación que explicaba los beneficios de promover los cultivos ecológicos y su mayor competitividad ante los cultivos de productos transgénicos.

La Unión Europea “se prepara para dar un mayor apoyo político y financiero a los cultivos modificados genéticamente a pesar de que cada vez es más evidente el fracaso de este sector”, advierte David Sánchez, responsable del área de transgénicos de Amigos de la Tierra.

“Si el objetivo es desarrollar una economía competitiva y dinámica en Europa sería más razonable dar más apoyo político y económicos a los métodos agrícolas sostenibles”, señala David Sánchez, que afirma que la Unión “debería utilizar la revisión parcial de su estrategia biotecnológica para apoyar y promover prácticas agrícolas más sostenibles, que son económicamente competitivas y además crean empleo en el medio rural”.

En opinión del portavoz de Amigos de la Tierra, la agricultura ecológica tiene un potencial económico “real”, respeta el medio ambiente porque consume menos energía, agua y pesticidas, y cuenta con el apoyo de la población, como ya se afirmó en una encuesta realizada por el Eurobarómetro hace un año.

En los once años de cultivo de transgénicos en todo el mundo, además, “se ha comprobado que no reducen la ocupación de productos químicos en el campo, sus rendimientos han sido menores, no han aportado mejoras en la calidad e los alimentos y no han contribuido a aliviar la pobreza ni el hambre en el mundo”, advierte un comunicado conjunto de Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y Greenpeace.

Juicio a Josep Pàmies

Todas estas entidades piden que se retiren todas las variedades de OGM autorizadas en España y han puesto en marcha una campaña de apoyo a Josep Pàmies, el segundo activista antitransgénicos juzgado en España.

El juicio contra este activista leridano comenzó el lunes 11 de junio. En él, se acusa a Pàmies de haber causado lesiones a un agente de policía durante una manifestación realizada en 2003 que, siguiendo una convocatoria de Vía Campesina, pretendía hacer llegar a la subdelegación del Gobierno una muestra de maíz transgénico y denunciar de esta manera la “proliferación de campos de experimentación transgénica en Cataluña y Aragón”, dicen las entidades, que explican que la acción fue “pacífica”.

Durante la primera sesión del juicio, Josep Pàmies, que se enfrenta a cuatros años de cárcel por desobediencia a la autoridad y por presunta agresión, advirtió que “no es normal” que el activista se enterase que había sido denunciado “un año y medio después” de la manifestación en 2003.

Transgénicos en España

Como denuncian las ONG, en la actualidad España es el país de la Unión Europea que cultiva “mayor superficie de transgénicos a gran escala”. Datos de Greenpeace revelan que sólo en 2006 se cultivaron “unas 53.000 hectáreas de maíz modificado”.

“A España llegan unos seis millones de toneladas de soja, de las cuales aproximadamente el 66% es transgénico; y un millón y medio de toneladas de maíz que han sido cultivadas en países que han optado por el uso masivo de transgénicos”, añade la entidad ecologista, que recuerda que desde el año 2004 “todos los alimentos –excepto los productos derivados de animales como la carne, la leche y los huevos- procedentes de cosechas transgénicas tienen que tener en la etiqueta la mención ‘modificado genéticamente’”.

Como explica Rosa Binimelis, investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona, en España las competencias en materia de transgénicos se reparten entre el Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas.

Sin embargo, no se ha aprobado ninguna normativa sobre cuestiones como la distancia entre cultivos –que separarían los cultivos de transgénicos de los que no lo son. En el caso del maíz, que es “el único cultivo transgénico autorizado en España a escala comercial”, existen estudios que hablan de la necesidad de diez kilómetros de separación, y experiencias como la de Cataluña, cuya normativa establece una separación de 25 metros, explica.

En este contexto, y como manera simbólica de posicionarse contra los cultivos transgénicos, cada vez más municipios se declaran ‘ libres de transgénicos’. Ejemplo de ello son Ripoll y Amayuelas (Palencia), así como la región catalana del Alt Penedès y las comunidades autónomas de Asturias y Baleares.

Canal Solidario, Internet, 11-06-07